Según el funcionario, al hacer esta reforma constitucional la CICIH tendrá la facultad de investigar de manera independiente, lo que significa que no va a pasar por los canales del Ministerio Público o de la Policía Nacional
Tegucigalpa, Honduras. –El secretario de Transparencia Edmundo Orellana insistió que para que la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), funcione se debe reformar el artículo 232 de la Constitución de la República.
El funcionario explicó que la importancia de esta modificación en el texto constitucional garantizará que el mecanismo anticorrupción cuente con las facultades necesarios para judicializar los casos de corrupción en el país.
Durante su participación en el Twitter Spaces de Criterio.hn ,“Ambiente para la Instalación de la CICIH”, el también exfiscal general de Honduras detalló que el memorándum de entendimiento es muy claro, la Comisión Internacional viene con dos facultades, “que de no reformarse la Constitución es imposible que se instale”.
Orellana se refiere a la Primera Fase del memorándum de entendimiento especificamente al inciso “D” del numeral 6 inciso el cual dice “se debe identificar, en coordinación con el Gobierno, las reformas constitucionales, legales y administrativas necesarias dentro del orden jurídico de Honduras, así como brindar acompañamiento y asesoramiento en su implementación para el establecimiento y funcionamiento del mecanismo internacional, imparcial, independiente y autónomo contra la corrupción y la impunidad”.
Según el funcionario, al hacer esta reforma constitucional, la CICIH tendría la facultad de investigar de manera independiente, lo que significa que no va a pasar por los canales del Ministerio Público o de la Policía Nacional.
Es decir, que “sus investigaciones son totalmente independiente y ellos -los integrantes de la CICIH- escogerán los casos que investigarán”.
Otra facultad que tendrá esta misión anticorrupción es que podrá presentar de manera directa los casos ante los tribunales, es decir, que no va a ser a través del Ministerio Publico, porque estará facultada para ejerecer la acción pública penal de oficio.
“Las dos funciones son constitucionalmente responsabilidad del Ministerio Público y para que la CICIH puede tener esas atribuciones sólamente puede ser posible si previamente se reforma la Constitución, eso quedó muy claro en el memorándum de entendimiento, de manera que, la reforma constitucional es definitivamente una condición previa”, puntualizó Orellana.
Además, aseguró que la CICIH va a venir con fuerza, tanto que no necesitará del acompañamiento del Ministerio Público.
Al ser consultado si la reforma constitucional dilataría la llegada del ente anticorrupción, el funcionario explicó que en el Congreso Nacional se está trabajando en la modificación del artículo 232 del texto constitucional, por lo que se espera que su reforma se efectúe en los próximos meses para luego ser ratificada en la siguiente legislatura, es decir, hasta inicios de 2024.
Orellana, estimó que la ratificación de esta reforma se puede hacer en febrero y ya en marzo comenzaría el proceso de instalación de la CICIH.
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¿ES NECESARIA UNA REFORMA CONSTITUCIONAL?
Sin embargo, el abogado constitucionalista y especialista en derechos humanos, Joaquín Mejía, explicó que la solicitud de reformas constitucionales es normal en los memorándum de entendimiento cuando se trata de situaciones como la instalación de una misión anticorrupción.
Agregó que esto no significa que sea necesaria la reforma al artículo 232 de la Constitución de la República.
En una conversación con Criterio.hn el jurista señaló que, el numeral 6, inciso D del memorándum de entendimiento no lleva ningún mensaje especìfico sobre una reforma al artìculo 232 de la Constitución, aunque remarcó que el acuerdo establece claramente que este grupo de expertos vendrán al país a hacer “un diagnóstico para determinar cuáles son esas reformas que hay que hacer”.
En ese sentido, precisó que hay dos opciones para la instalación de la CICIH, uno es la vía expedita y otro con la reforma constitucional planteada por la diputada del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Hortensia Zelaya, quien introdujo, en noviembre de 2022, a la cámara legislativa una reforma al artículo 232 de la Constitución para darle amplios poderes a la misión que está siendo auspiciada por Naciones Unidas.
No obstante, admitió que sólo con la reforma constitucional se podría blindar y garantizar la permanencia de una Comisión Internacional contra la Corrupción en Honduras (CICIH).
Mejía explicó, que de hacerlo de manera expedita implicaría sólo una reforma al artículo 6 de la Ley del Ministerio Público y al artículo 25 del Código Procesal Penal e integrar la figura del querellante adhesivo para que la Comisión Internacional trabaje junto con la Fiscalía.
A juicio del constitucionalista esta opción no es muy viable porque generaría inseguridad en la permanencia del ente anticorrupción, pues se podría eliminar con mayoría simple -65 votos- y se repetiría lo sucedido con la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Mejía está consciente que la reforma del artículo 232 de la Constitución, representa la vía más larga en este proceso, porque implicaría que se reforme este año y que se ratifique en la siguiente legislatura, aunque considera que es la mejor opción, porque así se blindaría el accionar de la CICIH para evitar que pueda trabajar con independencia.
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Entre tanto, el director ejecutivo del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), Gustavo Irías, sostiene que la reforma constitucional no es necesaria porque este mecanismo anticorrupción tendrá carácter temporal.
Argumenta que, el mecanismo al ser temporal, no es imprescindible que el Ministerio Público pierda el monopolio de la acción penal, como está establecido en la Constitución.
