A la funcionaria edilicia de Tocoa se le imputa la falsificación de una certificación de un acta de cabildo abierto de 2016 para favorecer a empresa minera
Líderes comunitarios piden se investigue a otros responsables detrás de la adulteración del documento
Entre el 4 y 5 de febrero, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (FETCCOP) incautó documentación de la secretaría de la Alcaldía de Tocoa
Tegucigalpa, Honduras. – A dos meses del requerimiento fiscal en contra de Norma Agripina García, secretaria municipal de Tocoa, Colón, el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula anunció que el próximo jueves 27 de febrero se realizará la audiencia inicial.
Norma Agripina García es acusada por la supuesta falsificación de “una certificación del acta de un cabildo abierto realizado el 30 de junio de 2016, en el que se habría incluido información falsa sobre la aprobación de proyectos mineros a favor de la empresa Ecotek/Pinares, con el propósito de obtener una licencia ambiental de forma ilícita”, cita el requerimiento presentado por el Ministerio Público en diciembre.
Durante la audiencia de declaración de imputado, la Jueza de Letras Penal con Jurisdicción Nacional determinó que la acusada continúe su causa en libertad, cumpliendo con medidas cautelares sustitutivas como la presentación periódica y la prohibición de salir del país sin autorización del juez competente.
, indicó el miércoles 5 de febrero que la causa contra Norma García es parte de al menos tres requerimientos en un proceso de investigación que se desprende de denuncias realizadas por adulteración del acta municipal, afectando a la población del municipio de Tocoa.
El contenido del acta #83-2016, resultado de un cabildo abierto que trato asuntos comunitarios, fue adulterado, agregando un punto en el que se afirmó que fueron socializados y aprobados los proyectos ASP y ASP2, la planta peletizadora y termoeléctrica del megaproyecto minero, indican integrantes del CMDBCPT.
Castro señaló a medios locales, que esperan que el proceso judicial no se limite a la secretaría de la alcaldía municipal de Tocoa, sino que además resulte en los “autores decisivos” para determinar los cambios en un documento público municipal.
“Esperamos que esa investigación nos lleve a esa red de corrupción que tiene muchos cómplices para beneficiar a la empresa Pinares Ecotek”, pormenorizó la coordinadora del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
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DECOMISO DE DOCUMENTACIÓN EN TOCOA
De forma paralela mientras se realizaba la audiencia inicial en San Pedro Sula, el martes 4 y miércoles 5 de febrero, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (FETCCOP) inició el decomiso de documentación de las oficinas de la secretaría de la Alcaldía Municipal de Tocoa.
El abogado Roberto Mejía, de la Alcaldía Municipal de Tocoa, indicó a Diario Colón que el decomiso de los documentos refiere a investigaciones relacionadas a denuncias por el supuesto adeudo del pago al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Con respecto al caso de Norma Agripina García, afirmó que están colaborando, proporcionando los libros con los puntos de acta para presentarlos y desvanecer, lo que él denominó, la denuncia.
Juana Zúniga, integrante del CMDBCPT, pidió se esclarezcan los actos de corrupción a través de los cuales la municipalidad de Tocoa validó la destrucción del Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía.
“Es aquí, donde se han falsificado actas, donde han utilizado firmas de patronatos que no hemos estado de acuerdo en que esta empresa Inversiones Los Pinares se instale en nuestro municipio”, declaró Zúniga.
La integrante del CMDBCPT recordó que fue precisamente por estas denuncias, realizadas por el defensor Juan López, que este fue asesinado el 14 de septiembre de 2024.
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Previo a la falsificación del acta del cabildo abierto de 2016, el Congreso Nacional –a menos de un año de la creación de la zona protegida– redujo la zona núcleo del parque nacional mediante el decreto 252-2013, excluyendo las ubicaciones ASP1 y ASP2. Esto abrió las puertas para la explotación minera en la zona, sin consultar al Instituto de Conservación Forestal (ICF), entre otras instituciones.
Posterior a las acciones del Poder Legislativo, el ICF a través del dictamen técnico DAP-031-2014 concluyó que el proyecto minero propuesto en el parque nacional no era factible por encontrarse en “área cobertura forestal y en la sub zona de recuperación del área protegida”, por lo que “no se permite la realización de actividades mineras”.
