Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-La pregunta que circula en el aire sobre el recién asesinato del activista del Partido Nacional, Mario Reinieri Gonzáles Sánchez, es quién realmente está detrás de este crimen que en las últimas horas ha copado las publicaciones en los medios de comunicación.

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La interrogante de los hondureños  surge a raíz de que las mismas instituciones del Estado han puesto en duda la autoría  de los supuestos responsables de este crimen, ocurrido la noche del domingo en la colonia 21 de Octubre de Tegucigalpa.

La institucionalidad hondureña se  ha  complicado en las últimas horas con una serie de contradicciones que nada contribuye a la transparencia del caso.

CONTRADICCIONES

En primera instancia, la Dirección  Policial de Investigación (DPI) atribuyó el hecho a diez miembros de la mara 18, entre ellos a Jaime Alexander Ramírez Cáceres, alías “Little Serio”.

Una vez que se conoció la noticia, en las redes sociales se comenzó a poner en tela de juicio el por qué Ramírez Cáceres estaba libre, cuando se suponía se encontraba en la cárcel conocida como “El Pozo” acusado de ser integrante de una estructura criminal implicada en más de 178 homicidios ocurridos en el 2013 en la capital hondureña.

Por dicha acusación, “Little Serio” fue capturado el 16 de mayo del año 2014 en la colonia Villafranca de Comayagüela, en el municipio del Distrito Central, durante un operativo en el que participaron 500 elementos, entre agentes y oficiales de la Dirección  Nacional de Investigación Criminal (DNIC), Policía Militar del Orden Público (PMOP), Unidad Tigres, Comando de Operaciones (Cobras), fiscales del Ministerio Público y agentes de inteligencia del Estado.

En aquella oportunidad fue acusado de varios delitos. Sin embargo el Instituto Nacional Penitenciario (INP) negó este miércoles mediante un comunicado que el joven se haya fugado de la cárcel, argumentando que el 13 de julio de 2017 se le otorgó carta definitiva por el delito de portación de armas.

Este extremo se enredó porque el 12 de octubre de este año la Corte Suprema de Justicia informó mediante un boletín que ese día Ramírez Cáceres había sido sometido a una audiencia de examinación de diligencias a fin de sanear el proceso para el juicio oral y público, por el delito de asesinato en perjuicio de 28 personas y asociación ilícita.

Lo anterior deja al descubierto que existe una patraña o no existe precisión en la aplicación de la justicia hondureña. En primera instancia porque el delito mediante el cual quedó libre, según el INP, es por el de portación de armas, obviando el delito de asesinato en perjuicio de 28 personas y asociación ilícita, aunque inicialmente cuando se le capturó se le responsabilizó de participar en 178 homicidios y no 28, como lo maneja ahora el Poder Judicial.

No se sabe quién miente en toda esta trama, porque el INP informó que el joven había quedado en libertad, en primera instancia, el 21 de mayo de 2014, tras los seis días de inquirir, cuando se le dictó sobreseimiento definitivo por el único  delito de asociación ilícita.

Indiscutiblemente la mentira siempre ha estado presente porque, cómo se puede apreciar la DPI habló inicialmente de la imputación del delito de portación ilegal de armas y luego dice que se le dio sobreseimiento definitivo por el único  delito de asociación ilícita.

Por si fuera poco, el comunicado del INP refiere que Ramírez Cáceres quedó en libertad definitiva el 13 de julio de 2017, y nuevamente le acredita el delito de portación ilegal de armas. Este último señalamiento quedó en entredicho de acuerdo al boletín  de la Corte Suprema de Justicia que refirió que “Little Serio” fue sometido el 12 de octubre de este año a una audiencia de examinación de diligencias a fin de sanear el proceso para el juicio oral y público, por el delito de asesinato en perjuicio de 28 personas y asociación ilícita.

Con esto último queda la siguiente pregunta: ¿Cómo el pandillero Jaime Alexander Ramírez Cáceres pudo haber sido sometido a una audiencia de examinación de diligencias el 12 de octubre pasado, estando en libertad? Si se toma como válido lo aseverado por el Instituto Nacional Penitenciario, que dijo que el 13 de julio quedó en libertad definitiva.

A continuación el comunicado del Instituto Nacional Penitenciario: 

COMUNICADO

El Instituto Nacional Penitenciario (INP), a la ciudadanía en general informa:

1.- Que es FALSA la información que trasciende, que uno de los presuntos implicados en el asesinato del dirigente Político, Mario Reinieri Gonzáles Sánchez, escapó de una de las cárceles de máxima seguridad

2.- Que el integrante de la pandilla 18, Jaime Alexander Ramírez Cáceres, si estuvo recluido en el Centro Penitenciario “El Pozo II”, en Morocelí, El Paraíso hasta el 13 de julio de 2017,  recuperando su libertad por orden de los Juzgados de Ejecución de Sentencia de la Sección Judicial de Tegucigalpa

3.- Que el integrante de la pandilla 18, Jaime Alexander Ramírez Cáceres estuvo recluido en distintos establecimientos penitenciarios acusado de diferentes delitos en perjuicio de la población hondureña

a.            El 21 de Mayo de 2014 se le dicto SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO por el delito de asociación ilícita.

b.            El 1 de Marzo de 2015 se le extendió CARTA DE LIBERTAD PROVISIONAL por el delito de asesinato

c.            El 13 de Julio de 2017 se le otorgó CARTA DE LIBERTAD DEFINITIVA por el delito de Portación Ilegal de Armas

4.- Que es responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario la guarda y custodia de las personas privadas de libertad, dejándolos en libertad únicamente por orden emitida por las diferentes dependencias del Poder Judicial

5.- El Instituto Nacional Penitenciario desmiente que Jaime Alexander Ramírez Cáceres haya escapado de una cárcel de máxima seguridad y, mantiene su compromiso con la población hondureña y con el presidente de la República, Juan Orlando Hernández de contribuir desde los centros penales a recuperar la paz y seguridad para la ciudadanía.

 Tegucigalpa, M.D.C, 8 de Noviembre de 2017.

¿Habrá agenda política en este asunto?

Probablemente en este caso lo que hay  es un ingrediente político manipulador a favor del Partido Nacional y de la candidatura reeleccionista del presidente, Juan Hernández, con la complicidad de los operadores de justicia. Este extremo va tomando forma cada vez que se analizan los diferentes escenarios.

Resulta extraño que pese a que en Honduras el 90 % de los crímenes queda en la impunidad, el caso del activista del Partido Nacional, Mario Reinieri Gonzáles Sánchez, fue accionado 36 horas después, con la captura de 11 sujetos, nueve de ellos miembros de la mara 18, a quienes se les ha responsabilizado de este lamentable hecho.

Mientras los supuestos implicados eran presentados ante los medios de comunicación, en la Dirección Policial de Investigación (DPI) se informó que la captura se había producido por instrucciones del presidente, Juan Hernández.

La policía manejó desde un inicio que  Gonzáles Sánchez, había recibido amenazas por trabajar en la campaña política del presidente, Juan Hernández.

Otro asunto que no debemos obviar son las palabras del presidente, Juan Hernández, quien al referirse al crimen del activista de su partido durante una actividad política, advirtió a los criminales, que no se equivoquen porque no le van a meter miedo.

La temática también ha sido aprovechada por el Comité Central del Partido Nacional, que mediante un comunicado acusó a los candidatos Salvador Nasralla, de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura y a Luis Zelaya del Partido Liberal, de «estar esparciendo odio”, entre los hondureños.

                                                                              Partido Nacional

El analista político del Partido Nacional, Raúl Pineda Alvarado—quien es fuerte crítico de la candidatura reeleccionista del presidente, Juan Hernández por considerarla ilegal, no descarta que sobre este asunto exista el ingrediente político.

Pineda Alvarado recordó la famosa masacre de Chamelecón, ocurrida en aquel municipio del norteño departamento de Cortés, el 23 de diciembre del año 2004, a 11 meses de las elecciones generales mediante las cuales se alzó con el triunfo el liberal, Manuel Zelaya Rosales, quien se impuso al nacionalista, Porfirio Lobo Sosa.

El hecho se atribuyó a miembros de la Mara Salvatrucha, pero los dirigentes del Partido Liberal lo acreditaron a una campaña de terror implementada por Mark Klugmann,  asesor político del candidato del Partido Nacional,  que impulsaba una política de seguridad de “puño firme” basada en la pena de muerte.

“Si usted vertebra con lo que pasó en Chamelecón con lo que está pasando ahora, tiene que preocuparse porque los procesos electorales se van manchando de sangre, generalmente inocente”, expresó Pineda Alvarado.

El analista agregó que “cuando se analiza lo que pasó en Guatemala durante la  primera campaña del expresidente, Otto Pérez Molina, que empezaron a asesinar a conductores de autobuses, mira lo que ha pasado en Chamelecón, mira  lo que está pasando acá en Honduras, se da cuenta que algunos asesores de campaña tienen mente criminal, porque su formación es ganar a como dé lugar”.