Sala Constitucional sigue sin reconocer a campesinos como víctimas del caso Pandora

Organizaciones campesinas denunciaron que la Sala de lo Constitucional continúa sin resolver el recurso de amparo, presentado hace cuatro años, que los reconocería como víctimas del desvió de, al menos, 282 millones de lempiras a campañas políticas

Por el caso Pandora, incluida su ampliación, fueron imputados 46 personas, entre los que destacan los expresidentes Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, ambos del Partido Nacional. Los imputados en la ampliación del caso, incluido Lobo Sosa, fueron sobreseídos, provocando cuestionamientos contra la Corte Suprema de Justicia  

Campesinos y campesinas se apostaron frente a la Corte Suprema para exigir una respuesta ante el recurso presentado en la Sala de lo Constitucional sobre el caso Pandora. Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn

Tegucigalpa, Honduras. – A cuatro años de la presentación de un recurso de amparo para el reconocimiento de las y los campesinos como víctimas en el caso Pandora, la Sala de lo Constitucional continúa sin pronunciarse sobre el tema, denunciaron este jueves organizaciones campesinas frente a la Corte Suprema de Justicia.

Wendy Cruz, coordinadora de la Vía Campesina, condenó el silencio cómplice de las y los magistrados, advirtiendo que continuarán exigiendo justicia. “Los campesinos y las campesinas no vamos a normalizar la corrupción, vamos a seguir exigiendo justicia, hasta que se haga costumbre la justicia pronta, oportuna y efectiva, porque la justicia tardía es impunidad”, remarcó.

El caso Pandora involucró el desvío de al menos 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para el financiamiento político de los partidos Nacional, Liberal y Frente Amplio previo a las elecciones de 2013. El dinero, que no llegó a los beneficiarios, debía ser invertido en proyectos que fortalecerían la producción agroalimentaria en el campo.

Wendy Cruz en diálogo con Marcia Perdomo del Staff de Criterio.hn, señaló que el caso Pandora afectó a más de 4,500 familias campesinas que residen en los departamentos de Olancho, Intibucá, Colón, Yoro, Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, El Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios y Comayagua. Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn

La coordinadora de la Vía Campesina remarcó que la corrupción en el caso Pandora tuvo serias consecuencias para las personas campesinas, muchos de los cuales salieron del país en búsqueda de oportunidades, al no contar con infraestructura y respaldo para continuar produciendo en Honduras.

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Yasmín López, coordinadora general del Consejo de Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (Codimca) cuestionó que a cuatro años de la presentación del recurso de amparo este continue relegado, pese a ser un importante caso que involucra el desvió de fondos para financiar campañas políticas.

López manifestó que la Sala de lo Constitucional está desconociendo las afectaciones de las que fueron víctimas las poblaciones rurales de trece departamentos del país, mientras se sigue premiando la corrupción sin enfrentar consecuencias por el desvió de fondos.

Yasmín López del Codimca afirmó que no olvidarán el caso Pandora y que se reunirán frente a la Corte Suprema de Justicia hasta que el movimiento campesino alcance justicia. Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn

“Es inaudito que se siga premiando la corrupción, principalmente en este momento que está en marcha un proceso electoral. No puede ser que nuestros campesinos y campesinas solo sean utilizados para el voto, pero que no se les vea como sujetos de derecho, personas que están dándolo todo a diario para producir y dar de comer a este país”, declaró Yasmín López.

En marzo de 2021, la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) presentó un recurso de amparo que busca el reconocimiento de las y los campesinos como víctimas del caso Pandora. No obstante, el amparo no fue admitido hasta en abril de 2023. A la fecha, la Sala de lo Constitucional continua sin resolverlo.

El requerimiento fiscal en el caso Pandora, en junio de 2018, incluyó inicialmente a 38 imputados, entre diputados, funcionarios públicos y personas particulares.

El caso tuvo una ampliación en octubre de 2023, mediante la cual se acusó a ocho nuevos exfuncionarios, entre los que destacan los expresidentes Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa, ambos del Partido Nacional. A Hernández, además de acusársele de fraude, se le imputó lavado de activos de más de 62 millones de lempiras.

  • Amante de la historia y la lectura, en permanente búsqueda del ritmo en las narrativas. Soy una periodista incisiva, las contradicciones son una invitación a investigar y la normalidad está sobrevalorada. Me rehúso a sobrevivir dentro de los pensamientos erróneos de una sociedad asfixiante. Investigo y construyo reportajes sobre el modelo extractivista y su impacto en los derechos humanos de los pueblos ancestrales, grupos vulnerabilizados y sociedad en general. Ver todas las entradas

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