Por: Marlin Oscar Ávila
Toda sociedad establece un sistema penitenciario para castigar y reparar los delitos cometidos por la ciudadanía. Cada Estado tiene para ello los procedimientos que requiere y se enmarcan en convenios internacionales para determinar quiénes deben cumplir una pena carcelaria que lo prive de su libertad, buscando su recuperación como ciudadano decente, para evitar que siga siendo una amenaza para la ciudadanía. Pero ¿qué ocurre cuando es a la inversa, y es en el interior de los centros penitenciarios donde acontecen situaciones atroces, que violentan los derechos humanos de los privados de libertad, incluso, incluso, de sus familiares?
Sobre este tema hay mucho de qué hablar, particularmente de las situaciones que ocurren detrás de las gruesas paredes de esas cárceles que se crearon para que los privados de libertad no salgan, pero que continúan dentro de un sistema y red de corrupción que violenta los derechos hasta de sus familias.
Nos concentráremos en algunos aspectos prácticos que nos hacen ver apenas una orilla de lo que puede estar ocurriendo en el mundo de los privados de libertad. Desde luego, en cada privado de libertad hay un grupo social vinculado a él o ella: sus familiares, amigos y la comunidad de donde es originario/a. Incluso, hay organizaciones de sociedad civil tratando de que se haga justicia con quienes han sido acusados de delitos penales y privados de su libertad.
Este artículo de opinión está escrito sobre la base de testimonios de familiares de privados de libertad, que evidencian el temor con el que viven sin ser responsables de ningún delito, pero que permanecen atemorizados por los actos represivos y actitudes soberbias de las autoridades penitenciarias y de la policía civil y militar que permanecen en el interior de los centros penales del país. Es posible que, en este ambiente de violencia, esté presente la actitud y acción de los mismos delincuentes que han logrado acumular algún grado de poder dentro de los centros carcelarios, pero siempre son las autoridades del Estado las primeras responsables de hacer respetar los derechos humanos adentro y afuera del sistema penitenciario.
Madre afirma que guardias de seguridad violaron a sus dos hijas
Una de las personas entrevistadas asegura que, “si no fuese por lo delicado del caso, podría describir un libro, narrando miles de abusos y violación de los derechos humanos que acontecen en el interior de las cárceles del país”.
Con reservas habló, pero lo que contó deja a cualquiera con los pelos de punta. Uno de los casos que narró fue que, después de una reunión con familiares de privados de libertad, una joven se le acercó para decirle lo ocurrido con sus dos niñas violadas de 12 y 14 años de edad, quienes tienen a su padre preso en la prisión de seguridad conocida como La Tolva (Pozo II), ubicada en el municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso, Honduras.
La entrevistada, a quien llamaremos Sonia, llevó a sus dos niñas para que visitaran a su padre preso. Al tratar de ingresar, le increparon que debían registrar a las dos niñas. La excusa utilizada por los guardias es que ellas podrían llevar drogas y debían ser registradas, pero en un espacio privado. De inmediato las llevaron a otra habitación, pero al devolverlas, estas niñas sangraban de sus partes íntimas. La madre no quiso exigir explicaciones por temor a que le quiten el permiso de visita, pues cada carné tiene un costo por familia de mil quinientos lempiras (L.1, 500). A la vez pidió que no develara su identidad porque podría sufrir las consecuencias.
Guardia le pone bota en la frente a desvalida madre de recluso
Doña Sandra es una señora de avanzada edad y quien, como consecuencia de un derrame cerebral sufrido, camina con mucha dificultad. Ella tiene un hijo en prisión y recientemente recibió la mala noticia de que su hijo estaba con fuertes cólicos.
Previo a ingresar a la cárcel fue a una pulpería, en donde le compró «sal inglesa» y una pastilla para ayudar a detener la diarrea. Sin embargo, al intentar ingresar a ver a su hijo, los guardias le dijeron que lo que llevaba era droga. Le decomisaron los medicamentos y su carné de visitas; “ella suplicó, llorando y de rodillas, que no le decomisaran el carné. Llorando, clamó piedad. Sin embargo, mostrando de lo que están hechos, uno de los guardias le puso su bota en la frente y la empujó hacia atrás, tirándola al suelo”.
Doña Sandra no vio ni auxilió a su vástago y ahora ha tenido que dejar de visitarlo porque no tiene el dinero para pagar el costo de otro carné.
Mujer embarazada es obligada a pasar escanner…semanas después abortó
Una joven señora embarazada (omitiremos su nombre por razones obvias) visitaba a su esposo en la cárcel de Ilama, departamento de Santa Bárbara, llamado comúnmente “El Pozo II”. Pese a su estado fue obligada, contra su voluntad, a pasar por un escáner de entrada y de salida. Lo que se puede evitar con un registro físico de una mujer guardia. Unas semanas después abortó.
Ella asegura que esto ocurrió por haber sido obligada a pasar dos veces por el escanner, por eso denunció el hecho ante el Ministerio Público (MP). Sin embargo, en represalia, no le permitieron más visitas a su esposo durante seis meses posteriores.
La denunciante #1 añadió, que a todas las mujeres antes de ingresar a visitar a sus familiares en prisión, les exigen dejar sus bolsos o pertenencias personales. Cuando se los devuelven, han perdido su dinero, al igual que otras cosas de valor.
¡Aguanto vejámenes o no vuelvo a ver a mi pariente!
Según la informante #1, los testimonios de abusos en contra de los familiares son abundantes, como abundantes también son las arbitrariedades que cometen los guardias o celadores de las cárceles, quienes tienen permitido todo tipo de conductas contra los prisioneros. Si desean los pueden golpear, insultar, hasta torturar, sin que ningún superior se lo prohíba, afirman sus familiares.
A los presos les permiten obtener agua de la tubería, para sus múltiples necesidades, por apenas 5 minutos cada 24 horas. Muchos tienen infecciones en la piel del cuero cabelludo porque no pueden asearse contantemente. Apenas se logran refrescar, puesto que no les facilitan jabón, a menos que un familiar se los proporcione.
El agua que les dan para tomar está lejos de ser potable, incluso, físicamente se aproxima más al agua de un estero, razón por lo cual pasan enfermos continuamente. Cuando un grupo se une a exigir agua para beber y bañarse, los policías les disparan balas de goma. Cuando se enteran que les disparan, se colocan de espalda para que la bala solamente les rompa la piel de su espalda. Debido a ese abuso, muchos tienen marcadas sus espaldas por el impacto de esas balas.
Otra lamentable situación, según esta informante, es que no hay segregación de enfermos con enfermedades infectocontagiosas como la tuberculosis, el VIH/SIDA, entre otras. Tampoco separan a enfermos mentales de los demás presos. Todos conviven juntos, enfermos o no. En contra posición a este escenario, obtener una cita médica es muy difícil para cualquiera, menos un tratamiento médico interno. Lograr un tratamiento especializado es algo imposible.
“En «La Tolva», en Morocelí, hay divisiones o módulos. En una de las secciones están instalados los pandilleros, quienes reciben un trato preferencial porque los jefes pagan dinero a los guardias”.
Uno de los denunciantes consultados fue testigo cuando varios hombres ingresaron al Módulo #4, con comida y botellones de agua purificada para entregarle a los reclusos pandilleros.
Se rumora mucho sobre la mala alimentación que reciben los reclusos. Y se afirma que a los frijoles que cocinan para los reclusos, se les adhieren yodo para lograr un efecto depresivo en ellos. El arroz es como un atol con cucarachas adentro.
También se denuncia que algunos presos que son sacados por la noche sin devolverse a sus módulos. ¿Qué sucedió con ellos? Eso no se pregunta en voz alta para no pasar por la misma desgracia. Los familiares que llegan a ver sus parientes, son humillados y son advertidos de no protestar porque “les puede ir mal a sus parientes” dentro de la cárcel. Mientras que, a ellos, se les puede decomisar el carné de ingreso.
Hacinamiento y mora judicial en centros penitenciarios
Aun y cuando Honduras no es el país con mayor población privada de libertad en Centro América, existe un alto hacinamiento en los centros penitenciarios. Según datos del 2017, hay una sobrepoblación de 178. 8%. La capacidad instalada es de 10, 600 personas, sin embargo, en ese año habían 18 mil 950. Para agosto del 2018, en casi seis meses, habían privado de libertad a mil 539 personas más, para un total de 20 mil 489 internos. De acuerdo a UN, existían 216 prisioneros por cada 100 mil habitantes en agosto de 2017.
Más allá del hacinamiento, hay otra situación preocupante. Para el 2017, el 53.1% de privados de libertad estaba sin haber recibido condena, es decir, estaba en pre-juicio. En términos prácticos, unas 10 mil 879 personas estaban esperando ser sentenciados.
En Honduras, la ciudadanía sabe que un civil con media influencia en las estructuras de poder, puede acusar a un ciudadano por algún delito que no cometió y lograr que lo detengan privándolo de su libertad. A la inversa, un civil delincuente que tenga un poco de influencia en las estructuras de poder, se puede escapar sobornando a las autoridades.
Si a una autoridad militar o policial se le antoja detener a un joven, especialmente de la clase pobre, lo hace acusándole de cualquier delito, lo que puede fácilmente llevarlo a prisión. En pocas palabras, en las cárceles o centros penitenciarios no están todos los malos que deben estar. Tampoco fuera de prisión están todos los buenos que deben estar. El sistema de justicia nacional es otra red de corrupción y su funcionamiento es a discreción, determinado por las directrices del partido político en el poder, dejando para los inocentes el régimen de la “justicia ciega”
Solamente en el último semestre han salido a luz una cantidad considerable de nombres de “personalidades” de la alta sociedad empresarial y política, que están en libertad porque el sistema penitenciario fue creado y funciona exclusivamente para las otras clases sociales de Honduras, las eternamente marginadas.
No es de extrañar que se esté invirtiendo fondos en brindar orientación y reforma a los reclusos. Sin embargo, la formación debe partir de un perfil del prisionero, habiéndolos separado por categorías y características grupales, con una pedagogía especial y medios didácticos adecuados, incluyéndose un sistema de monitoreo y evaluación que ayude a saber de su mejoría. Bueno, en esto hay ya mucha experiencia en otros países, incluyendo los países europeos que parece están buscando cómo mejorar la situación de los privados de libertad en Honduras.
