Por: Redacción CRITERIO.HN
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La renuncia de la ex Ministra de Finanzas, Rocío Tábora, retrasa las investigaciones que realiza el Ministerio Público (MP) sobre la corrupción en el manejo de los recursos destinados para el combate de la pandemia del Covid 19. Sin embargo, juristas en materia penal aseguran que ella siempre tendrá que responder por su gestión.
Rocío Tábora, quien desde enero del 2018 se venía desempeñando como titular de la Secretaría de Finanzas, renunció de manera intempestiva, este miércoles 19 de agosto, argumentando problemas de salud y a las pocas horas el jefe de Estado, Juan Hernández, ya la había sustituido, por Marco Midence.
Entre 2014 y 2018, primer periodo gubernamental de Juan Hernández, Rocío Tábora fue viceministra, en esa secretaría de estado.
Llama la atención que horas antes de su renuncia, la ex Ministra de Finanzas recibió una nota de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en la que le solicitan la información de las transferencias de dinero realizadas a los entes encargados de realizar las compras para el combate del Covid 19. La solicitud detalla que la documentación debe entregarla autenticada.
El Ministerio Público mantiene abiertas 12 líneas de investigación que involucran a los ex titulares de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), Gabriel Rubí, a Marco Bográn, de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST H) y otros funcionarios del gobierno de Juan Hernández, que podrían estar involucrados en el robo de millonarios recursos públicos aprobados para el manejo de la pandemia.
El pasado 24 de julio, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate de la Corrupción Pública (FETCCOP) y agentes de la ATIC llegaron a la Secretaría de Finanzas y le tomaron declaración a Rocío Tabora.
Las investigaciones son por irregularidades en las compras de materiales de bioseguridad, de equipos médicos, de hospitales móviles y de pruebas PCR para la detección del virus, que los funcionarios del gobierno y empresarios nacionales y extranjeros negociaron con precios alterados y productos de mala calidad.
Por tal razón, el abogado penalista, Marco Zelaya, sostiene que la ex Secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, debe responder por las transferencias de recursos millonarios manejados sin transparencia. Indicó, que ella renunció aparentemente por cuestiones personales, retrasando las investigaciones “porque el nuevo ministro no va a dar respuestas porque va a requerir tiempo para conocer estos hechos”, mencionó.
Zelaya, quien brindó sus declaraciones en un medio radial, dijo que la señora Tabora es la actora y responsable de lo sucedido en su gestión y que podría ser acusada de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y una posible malversación de caudales públicos, porque todos esos hechos ocurrieron en el momento en que estaba vigente el Código Penal anterior.
Recordó que en el reciente pasado, por cuestiones similares, en el Caso Pandora, el Ministerio Público acusó al ex Ministro de finanzas, del gobierno de Porfirio Lobo, William Chong Wong.
El abogado no descarta que la renuncia de Tábora obedezca a una jugada estratégica para no contestarle a la ATIC y evitar así, ser acusada por desobediencia al no responder la petición de la autoridad competente. Sin embargo, asegura que el nuevo ministro que tendrá que dar respuesta a esa interrogante del MP y de la policía de investigación.
Sostuvo, que el MP solicita que la información sea autenticada para no dejarle duda al juzgador y que posiblemente ya solo están esperando eso para la presentación del el requerimiento fiscal. “Y al no contar con esa información debidamente autenticada no va a poder continuar la investigación al siguiente paso”, expresó.
Para él, es importante que el Ministerio Público logre encarcelar a los responsables del fraude porque en este momento la presión popular se enfoca en tener una respuesta de ¿dónde está el dinero?, porque de lo contrario podría haber un estallido social, tomando en cuenta que muchas personas han perdido familiares y amigos por falta de atención en los centros hospitalarios.
A criterio del ex juez de lo penal, Melvin Bonilla, en los delitos de corrupción es difícil obtener la prueba porque el crimen organizado procura dejar la menor evidencia posible. Sin embargo, asegura que la exministra Tábora debe responder independiente de que haya renunciado.
“Y debemos de esperar que los resultados no vayan a ser como el caso pandora, que exigían la presentación de requerimientos fiscales y el Ministerio Público se apresuró y en juicio se cayeron”, afirmó Bonilla. Para él, el MP debe tomarse el tiempo necesario y presentar una prueba sustentable y sostenible el proceso.
