Alcaldía de Jutiapa pide la intervención del Instituto de Geología y Minas (Inhgeomin) para que regule la actividad que, según los pobladores, lleva 16 años generando daños ambientales y sin tributar
La cuenca tiene su área de influencia en la comunidad garífuna de Nueva Armenia, Jutiapa, por lo que antes de extender cualquier permiso de explotación se debe efectuar una Consulta Previa, Libre e Informada
Nueva Armenia, Jutiapa, Atlántida. – Sin medidas de mitigación y de impacto ambiental, varias empresas están extrayendo material no metálico (grava y arena) del caudaloso río Papaloteca, en la zona atlántica de Honduras, poniendo en riesgo el ecosistema de la cuenca hidrográfica que desemboca en el Mar Caribe.
El río, que tiene una longitud aproximada de 27 kilómetros, provocó fuertes inundaciones durante la recién finalizada temporada lluviosa, dejando incomunicada la comunidad garífuna de Nueva Armenia.
Ahora, además de lidiar con el conflicto de tierras, los garífunas se enfrentan al deterioro ambiental, sin que el gobierno asuma su responsabilidad, en una problemática que surgió desde 16 años, cuando comenzaron a realizarse las primeras extracciones de material no metálico por parte de empresas que se lucran de la venta de arena y grava al margen de la ley.
De momento, ninguna de las empresas involucradas posee los respectivos permisos ambientales, por ende, no cuentan con la implementación de medidas de mitigación y de impacto ambiental.
Mabel Robledo, líder de la comunidad garífuna de Nueva Armenia, localidad costera ubicada en el municipio de Jutiapa, en el departamento de Atlántida, comentó a Criterio.hn que son al menos 16 empresas las que están operando en la zona.
A razón de la falta de control ambiental, Robledo detalló que la semana pasada hubo una reunión entre los líderes comunitarios, las autoridades municipales de Jutiapa y los empresarios dedicados a la extracción del material no metálico. En dicho encuentro, se acordó hacer un acercamiento con el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin).
Según una reforma de 2019 a la Ley General de Minería, previo a que las corporaciones emitan cualquier dictamen o resolución (permisos para la explotación de material no metálico), deberán pedir una opinión técnica al Inhgeomin.
Una vez se tengan los dictámenes, las alcaldías, a través de la Unidad Municipal Ambiental (UMA), podrán emitir los respectivos permisos de explotación, tomando en cuenta la adopción de los planes de mitigación de la respectiva licencia ambiental.
Comunidad garífuna aún no ha sido consultada
La líder garífuna, dijo, además que no es justo que se esté explotando el material y que la comunidad no se beneficie, e incluso que la carretera esté en pésimas condiciones.
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Pese a sopesar el daño ambiental, contó que los empresarios se han comprometido a desarrollar “obras sociales” en la zona, específicamente la reparación de la carretera y, aunque inicialmente se decía que eran cinco empresas las involucradas, en la reunión sostenida el jueves de la semana pasada, se observó a representantes de 16 empresas lo que indica que esta actividad va en crecimiento, denunció.
Al respecto el alcalde de Jutiapa, Óscar Ayala, dijo a Criterio.hn que conoce sobre la operación de seis empresas y no de 16, como lo asegura Mabel Robledo. El edil aseguró que ya se comenzó a realizar las gestiones ante el Inhgeomin para que se tramiten los permisos para la extracción del material.
Ayala asumió el pasado 25 de enero un tercer mandato de cuatro años como alcalde municipal de Jutiapa. Es decir, que es alcalde desde 2018, sin embargo, hasta el momento su autoridad no ha surtido efecto sobre la explotación minera no metálica, pues él mismo confesó ante Criterio.hn que desde el 2020 ha venido insistiendo ante el Inhgeomin para que se regule la actividad mediante la extensión de los respectivos permisos, pero no ha logrado nada a la fecha.
Al hablar con Criterio.hn ni el alcalde ni la líder de los garífunas, Mabel Robledo hicieron hincapié en lo que establece la Ley General de Minería, sobre cómo debe realizarse el proceso para la explotación sobre el río Papaloteca.
Al ser Nueva Armenia un municipio garífuna, la ley minera establece en el artículo 67-A, que “en el caso de proyectos a desarrollarse en territorios de los pueblos indígenas y afrohondureños, reconocidos como tales por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) se realizará una consulta previa, libre e informada conforme a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y/o la legislación especial nacional que se apruebe para tal fin”.
Es decir, que el proceso pasaría por un mecanismo que históricamente ha sido violentado en Honduras y no mediante un cabildo abierto, como lo platea hacer el alcalde de Jutiapa, Óscar Ayala, quien sin establecer la fecha anunció que la temática será elevada a una sesión de cabildo abierto.
Empresas se lucran a costa del daño ambiental ¿Tributos o dádivas?
De momento, la extracción de material en el río continua, sin que las empresas tributen a la municipalidad.
“Como municipalidad, mientras no tengamos un permiso no podemos cobrar. No están pagando nada (las empresas). Hasta que tengamos un permiso por parte de Inhgeomin vamos a poderles cobrar”, argumentó, el alcalde Óscar Ayala.
El pago de emolumentos para cualquier actividad minera está plasmado en la Ley General de Minería, sin distinción alguna. Es decir, la minería no metálica también está incluida en pagos como los canones territoriales durante las etapas de exploración y explotación, que van de manera escalonada y que se fijan con base a cada hectárea o fracción solicitada.
Además, según el artículo 76-A, todo concesionario minero estará obligado a pagar varios impuestos, entre estos el Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto Sobre Ventas, Impuesto al Activo Neto, las tasas por servicios y tributos establecidos en la Ley de Municipalidades y en el Plan de Arbitrios Municipal y la Tasa de Seguridad, el canon superficial, territorial; y el Impuesto Especial Minero.
En el caso del Impuesto Especial Minero las empresas deberán pagar el tres por ciento (3%) en base al valor FOB, desglosado de la siguiente manera: uno por ciento (1%) para el municipio donde se extrae el material; uno por ciento (1%) a favor de la autoridad minera (Inhgeomin); y uno por ciento (1%) en concepto de Tasa de Seguridad.
Especies de peces han disminuido
José González Martínez, pescador y miembro del patronato de la comunidad de Nueva Armenia, expuso su preocupación ante la explotación ilegal del río Papaloteca, en virtud de que al no existir un plan de manejo se crean montículos sobre la cuenca, generando con ello las inundaciones en temporadas de lluvia.
Las afectaciones a raíz de las extracciones de la grava y arena, es evidente: “el río se sale, y ahora se sale más seguido, solo es que llueve, crece un poco y ya se sale”, comentó José, quien dice que si las cosas se hicieran de manera correcta se pudiera extraer el material sin causar daños al ambiente.
Se puede hacer un dragado y de esa manera sacar el material y eso no causaría los daños, como las inundaciones, dijo el pescador, quien comentó que en los últimos años las especies de peces han disminuido. De momento, aún se encuentran robalos carpas, chuntes, sábalos, entre otras, enumeró. Sin embargo, aclaró que el pueblo garífuna no pesca en la cuenca, porque para ellos los ríos son sagrados.
“Para nosotros, el río es vida, el río que nosotros tenemos es importantísimo, porque nos comunica con las embarcaciones en el mar”, lugar donde los garífunas pescan.
