Portada: Foto de archivo usada como referencia
Tegucigalpa, Honduras. – La Corte de Apelaciones de lo Penal del Poder Judicial revocó los sobreseimientos definitivos y provisionales otorgados a diez agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), acusados de delitos cometidos durante un operativo realizado el 13 de noviembre de 2021 en Villanueva, Cortés. Entre los cargos se encuentran robo con violencia, intimidación agravada, privación ilegal de libertad, tortura, allanamiento y falsificación de documentos públicos.
Lo anterior es de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público, en el que además detalla que a Bertha Janina Alemán Antúnez, Yony Omar Raudales Núñez, Nerys Desiderio Mejía Rodríguez, Fernando Josué Castellanos Canales y Wilmer Joel López Gómez han sido acusados formalmente por los delitos de robo con violencia, intimidación agravada, privación ilegal de libertad realizada por funcionario público, tortura y falsificación de documentos públicos. Además, Nerys Mejía Rodríguez enfrenta un cargo adicional por falso testimonio.
Evelyn Dalila Trimino Gonzales, Elvin Antonio Ramos Ramos y Wuilson Isaac Bonilla Hernández también han sido vinculados al caso. A estos tres agentes se les responsabiliza por los mismos delitos de robo con violencia e intimidación agravada, además de asociación para delinquir.
Andy José Pérez Zelaya será procesado específicamente por los delitos de allanamiento cometido por funcionario público, robo con violencia, intimidación agravada, tortura y privación ilegal de la libertad, todos relacionados con el mismo operativo llevado a cabo en Villanueva.
La resolución judicial también confirma el auto de formal procesamiento y la prisión preventiva para los diez agentes, quienes enfrentan ahora un juicio por estas acusaciones. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos solicitó la medida de prisión preventiva en espera de que se realice una nueva audiencia para definir su situación legal.
Los diez agentes de la DIPAMPCO enfrentan auto de formal procesamiento, y la Corte de Apelaciones confirmó la medida de prisión preventiva para Bertha Janina Alemán Antúnez, Yony Omar Raudales Núñez, Nerys Desiderio Mejía Rodríguez, Fernando Josué Castellanos Canales y Wilmer Joel López Gómez. Esto significa que estos cinco permanecen encarcelados mientras avanza el proceso penal en su contra.
En el caso de Evelyn Dalila Trimino Gonzales, Elvin Antonio Ramos Ramos, Wuilson Isaac Bonilla Hernández y Andy José Pérez Zelaya, el comunicado no especifica su condición actual, pero al haberse revocado los sobreseimientos definitivos y provisionales, lo que indica la ley es que enfrenten prisión preventiva o restricciones mientras se programa una nueva audiencia.
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EVIDENCIA DE UNA RELIADAD
Aunque los elementos de la Dipampco, creada en el segundo trimestre de 2022 para reemplazar a la extinta Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) debido a que algunos de sus miembros tenían vínculos con estructuras delictivas, perpetraron estas acciones antes de que el gobierno de Xiomara Castro implementara el estado de excepción, los hechos evidenciaron por qué no se debía otorgar mayor autoridad a los cuerpos de seguridad.
Por ejemplo, en un hecho distinto al mencionado previamente, Criterio.hn conoció, a través de una solicitud de información al Ministerio Público, que el Poder Judicial en 2024 benefició con sobreseimientos provisionales a 10 agentes policiales señalados por la Fiscalía de haber cometido delitos como vejámenes, abuso de autoridad, tortura y violación de los deberes de los funcionarios, estos últimos en el contexto del estado de excepción.
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Estos elementos fueron requeridos debido a que la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) los investigó y concluyó que supuestamente habían perpetrado dichos delitos. Posteriormente, la Didadpol remitió el caso al Ministerio Público, que presentó los requerimientos fiscales. Sin embargo, los agentes fueron favorecidos por un Poder Judicial indulgente que, ahora, más de dos años después, ha revocado los sobreseimientos provisionales y definitivos otorgados a los miembros de la Dipampco involucrados en el primer caso señalado, ocurrido en la zona norte del país.
Las especulaciones sobre una posible violación al principio de non bis in ídem (establecido en el artículo 8 del Código Procesal Penal, que prohíbe sancionar penalmente a una persona dos veces por el mismo hecho) no serían aplicables en este caso. La revocatoria de los sobreseimientos, tanto definitivos como provisionales, no constituye una nueva persecución penal, sino la anulación de decisiones judiciales previas que habían detenido el proceso en curso.
De acuerdo con la legislación hondureña, los sobreseimientos pueden ser revocados por un tribunal superior cuando se detectan irregularidades o existen suficientes indicios para continuar con el caso. Este mecanismo permite que el proceso penal se reanude y avance hacia un eventual juicio.
Entonces, en este caso, los agentes – de la Dipampco – son procesados por delitos graves como robo con violencia, intimidación agravada, tortura y privación ilegal de libertad, vinculados a hechos ocurridos en 2021. La revocatoria no constituye un nuevo juicio por los mismos hechos, sino la continuidad del proceso penal original, interrumpido temporalmente por la concesión de los sobreseimientos. Por tanto, esta medida no contraviene el principio de non bis in idem.
En conclusión, para el analista en temas de seguridad Kenneth Madrid, estos procesos judiciales representan solo la punta del iceberg que deberían ser una de las motivaciones para que la actual administración reconozca que el estado de excepción, en lugar de ser un bastión en la lucha contra las extorsiones pandilleras, se convirtió en una ventana para el abuso de poder por parte de los cuerpos de seguridad. Estos se amparan en la suspensión de seis derechos ciudadanos establecidos en la Constitución de la República.
“El abuso de poder por parte de las autoridades marcó el estado de excepción. Históricamente, tanto la Policía Nacional como la Policía Militar han sido denunciadas por violentar los derechos humanos, pero ahora, con el estado de excepción, están facultadas para cometer arbitrariedades. Esto solo desnuda una realidad que se está viviendo en Honduras”, valoró Madrid.
