Reportaje del medio estadounidense ProPublica señala que autoridades estadounidenses impidieron que iniciara un proceso de deportación, mientras Honduras mantiene orden judicial sin notificación roja activa. El caso abre cuestionamientos sobre cooperación judicial internacional y relaciones asimétricas entre estados.
Tegucigalpa, Honduras. –– El narco expresidente Juan Orlando Hernández recibió un trato excepcional por parte del gobierno de Estados Unidos después de ser indultado por Donald Trump, pese a haber sido condenado en 2024 a 45 años de prisión, reveló este miércoles el medio estadounidense ProPublica.
De acuerdo con el artículo bajo la autoría de Keri Blakinger, Trump además de beneficiar a Hernández con un indulto el 1 de diciembre de 2025, su administración retiró la retención migratoria para que no fuera puesto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como ocurre normalmente con extranjeros condenados en EE. UU.
Noticia relacionada: Indulto a JOH reconfigura el tablero político y revive temores del narcoestado en Honduras
Según registros y fuentes citadas por el medio, funcionarios federales gestionaron retirar la retención migratoria para que pudiera salir en libertad. Es decir, que, en lugar de iniciar un proceso de deportación, autoridades penitenciarias organizaron su traslado desde la prisión de alta seguridad en Virginia Occidental hasta el hotel de lujo Waldorf Astoria, utilizando un equipo táctico especial y pago de horas extra.
El reportaje añade que antes de ser liberado, Hernández mantuvo comunicación con Joshua Smith, subdirector del sistema federal de prisiones de Estados Unidos, quien fue condenado por conspiración de narcotráfico antes de ser indultado por Donald Trump en 2021, un elemento que, sugiere el carácter político de las decisiones adoptadas en el caso.
ProPublica remarcó que esa deferencia hacia el exmandatario contrasta con la política migratoria del propio gobierno estadounidense, que suele deportar rápidamente a la mayoría de los extranjeros detenidos, incluso sin antecedentes penales.
Renato Stabile, abogado defensor de Hernández, justificó la medida como adecuada, argumentando que retornarlo a Honduras, habría implicado un riesgo inmediato de arresto o de violencia contra él.
El reportaje abordó que Hernández fue considerado un aliado estratégico de Estados Unidos durante años y que su indulto ocurrió en un contexto político, incluso a horas de las elecciones hondureñas, generando críticas bipartidistas en el Senado y la Cámara de Representantes.
ProPublica indicó que mientras autoridades hondureñas emitieron una orden de captura contra Hernández por presunto fraude y pidieron a Interpol apoyo para su ejecución, actualmente no existe una notificación roja vigente. Según una fuente policial consultada por ellos, la única solicitud fue rechazada cuando Hernández aún estaba en prisión.
De interés: “Al igual que usted, presidente Trump, yo he sufrido persecución política”: carta de JOH a Trump
ORDEN DE CAPTURA SIN NOTIFICACIÓN ROJA
En diciembre de 2025, el entonces jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, confirmó a Criterio.hn que existe una orden de captura contra el expresidente Hernández, que fue emitida en el marco del caso Pandora II. Por este caso, Hernández es acusado por los delitos de fraude y lavado de activos de al menos 62 millones de lempiras, fondos que habrían sido utilizados para financiar sus movimientos políticos “Azules Unidos” y “Amigos de JOH”.
Lee la nota: Orden de captura contra Hernández fue girada en 2023 y sigue activa, según jefe de Uferco
Al ser consultado hoy con respecto a la orden de captura, Santos explicó que la ausencia de notificación roja no implica que el proceso penal haya perdido vigencia ni que la orden judicial haya sido anulada.
El fiscal señaló que Interpol puede negarse a difundir la alerta internacional cuando estima que el caso podría involucrar criterios previstos en su normativa, como posibles elementos políticos, pero eso no elimina la orden ni impide que permanezca registrada en sus sistemas.
Además, precisó que la organización policial internacional únicamente administra las alertas internacionales, mientras que la ejecución de la captura depende de las autoridades de cada país.
“Cada autoridad decide si la ejecuta o no. Interpol solo gestiona la información”, pormenorizó.
Con respecto a si considera que la decisión de no detener ni deportar a Juan Orlando Hernández, tras su liberación en EE. UU., podría constituir una obstrucción a la justicia hondureña, Santos sostuvo que no podría referirse al respecto, y explicó que todo depende del alcance del indulto otorgado por el país del norte y que, si la legislación estadounidense lo permite, se trata de una decisión soberana de ese país.
UN PROBLEMA DE RECIPROCIDAD
Para Santos, la situación evidencia una relación asimétrica en la cooperación judicial internacional, en la que Honduras está obligada a atender solicitudes estadounidenses, pero no necesariamente ocurre lo mismo a la inversa.
“El mensaje que envía Estados Unidos es que países como los nuestros tenemos que cooperar con ellos de manera incondicional, pero ellos no están dispuestos a cooperar con nosotros”, expresó.
Lea también: Indulto a JOH sacude a Honduras y pone en entredicho la política exterior de EE.UU.: WOLA
El exjefe de la UFERCO añadió que este tipo de decisiones pone en duda la solidez del sistema de justicia internacional y puede convertirse en un incentivo para la impunidad, no solo en casos de narcotráfico sino también de corrupción.
“Lo que nos ha quedado claro es que el sistema de justicia estadounidense no es como lo percibíamos nosotros desde aquí, también es vulnerable y eso se ha visto con este tipo de casos. No solo casos de narcotráfico, también los de corrupción”, concluyó.
