¿Responde la nueva ley electoral a los intereses de la nación hondureña?

Por: Filiberto Guevara Juárez

Es muy importante que le encontremos respuesta a esa pregunta, porque como dijo en el marco de la revolución francesa el abate francés Emmanuel Sieyés, «la nación existe ante todo, es el origen de todo… antes que ella y por encima de ella sólo existe el derecho natural». Y, debemos saber y tener plena conciencia, que el derecho natural por excelencia es el derecho a la vida, y a una vida con dignidad como nación, pero, tal parece que la mayoría de los políticos de nuestro país no tienen conciencia de ello, porque una ley tan importante para la vida democrática de nuestra nación, como es una nueva ley electoral justa y transparente; la aprobaron hasta la noche del 25 de mayo, y fue publicada en el diario oficial La Gaceta, el 26 de mayo del presente año, un día anterior al llamado a elecciones generales, por el Consejo Nacional Electoral (CNE), a celebrarse el próximo 28 de noviembre del presente año. ¡Qué irresponsabilidad!, cuando tuvieron muchos años para poder hacerlo, porque los candidatos a la presidencia de la república, antes de que de uno de ellos resultara electo para el actual periodo gubernamental, se habían comprometido a impulsar dicha ley en su primer año de gobierno, lo cual lamentablemente, no se hizo, porque por cálculo político egoísta del actual partido político de gobierno, no se aprobó dicha ley antes del inicio del actual proceso electoral; ya que ellos contaban con 61 diputados en el actual Congreso Nacional de la República. Y, al final terminaron aprobando una ley, que casi no satisface los intereses de la nación hondureña, y sólo satisface los intereses del tripartidismo hegemónico actual, es decir, al Partido Nacional, Partido Liberal, y Partido Libertad y Refundación (Libre); ya que son ellos los que tienen representación oficial en el CNE. Y además, el día 14 de marzo del presente año participaron bajo el efecto de la vieja ley en sus elecciones primarias e internas para elegir a sus candidatos a cargo de elección popular en los tres niveles electivos: Presidencial, Diputados al Congreso Nacional de la República, y Corporaciones municipales en los 298 municipios, con lo cual se cerró la primera etapa del proceso eleccionario actual. Resultando una aberración jurídica y política, que se vaya a una segunda etapa de elecciones generales, con una nueva ley electoral; esa es la verdad incuestionable, pero, se debe aclarar, que fue el Partido Nacional, el que más ventaja sacó en ese asunto, al no aprobarse a tiempo una nueva ley, que contemplara la segunda vuelta electoral o balotaje y la ciudadanización de las mesas electorales receptoras de votos (MERs), y que en la tal dizque nueva ley electoral se le conoce como Junta Receptora Votos (JRV). ¡Vaya gran cambio! Hasta risa debe causarnos, porque ese cambio de nombre no significa absolutamente nada. Lo otro, es que el tripartidismo hegemónico, al arrogarse arbitrariamente el derecho de administrar las tales Juntas Receptoras de Votos, en su mayor parte, han actuado egoísta y antidemocráticamente, pudiendo evitarse esto con tan sólo contemplar en dicha ley, la ciudadanización de las respectivas Juntas Receptoras de Votos, sin lo cual no se estaría afectando al resto de los 11 partidos políticos en contienda electoral, ya que dichos partidos no tendrán representante en la mayoría de las Juntas Receptoras de Votos.

Lo más grave de la tal nueva ley electoral, es que la implementaron a la fuerza sobre un proceso electoral ya iniciado con la anterior ley electoral y de las organizaciones políticas (LEOP). ¡Otro gran cambio de nombre!, cuando todos sabemos que la actual ley electoral es la misma mica o mona en distinta rama, pero, más mañosa aún, porque sólo reafirma aún más los intereses particulares de los Partidos políticos, sobre los intereses de Honduras, un ejemplo de ello, lo tenemos en el inciso 10 del artículo 115 de esa nefasta «nueva ley», cuando reza lo siguiente: “Se prohíbe a los Partidos Políticos, Alianzas y sus Movimientos Internos y Candidatos: Inscribir como candidatos a cualquier cargo de elección popular para las elecciones generales a personas que hayan participado en otro partido o en el mismo período electoral; y…” No obstante, el actual Partido político de gobierno, complaciendo al gobernante Juan Orlando Hernández, a través del Consejo Nacional Electoral, está dispuesto a inscribir al exministro de finanzas, el Sr. Marcos Midence, como primer candidato a diputado propietario por el Departamento de Atlántida, en sustitución del Sr. Ramón Antonio Leva Bulnes, el cual renunció en favor de Marcos Midence, sin justificación alguna, ya que irá a ocupar un cargo en el servicio exterior. ¡Qué sinvergüenzada! Con eso, el CNE, termina de complacer al actual gobernante, sin ponerle una tan sola objeción al Partido Nacional; la cual perfectamente puede hacerse por dos motivos: 1. el candidato a diputado por Atlántida, el Sr. Leva Bulnes, no renunció por un motivo de fuerza mayor. 2. El Sr. Marcos Midence, no participó en las elecciones primarias, y por lo tanto, no tiene derecho a ser candidato a diputado por el Partido Nacional, ya que no han votado por él, como candidato a Diputado en dicho Departamento. Y, en todo caso, esa vacante debería ocuparla uno de los candidatos que se sometieron a votación en las elecciones primarias, lo cual debe estar contemplado en la nueva ley electoral, y no dejar al arbitrio de los Partidos políticos, dicha decisión, tal como lo permite la dizque nueva ley electoral. En cambio, le cierra el paso a los ciudadanos, que participaron en las elecciones primarias, para no volver a participar en otro Partido político, que conforme a sus estatutos les permita el sagrado derecho a ser electos conforme al inciso 1 del artículo 37 de nuestra Constitución política al afirmar lo siguiente: “-Son derechos del ciudadano: 1) Elegir y ser electo”. ¡Vaya paradoja!

Otra cosa, la nueva ley electoral, nada dice de cómo evitar un nuevo fraude tecnológico a través del sistema de transmisión de resultados preliminares (TREP), mediante una previa auditoría tecnológica, verificando el correcto funcionamiento del Software y el Hardware respectivo, varios meses antes y efectuando una prueba un día antes de las elecciones mediante el ingreso de actas de cierre a dicho sistema de cómputo con igual número de votos en los distintos niveles electivos de los 14 partidos políticos en contienda, utilizando una muestra en los 18 Departamentos del país.

Así pues, el gran problema de la tal nueva ley electoral, es que está más apegada a los intereses de los partidos políticos y no a los intereses de la nación hondureña. Si esto es así, el pueblo hondureño tiene todo el derecho a declararse en desobediencia civil, ante tal abuso de poder de nuestros políticos, y principalmente, de los políticos de gobierno. En dicho sentido, en la primera mitad del Siglo XIX, el gran pensador libertario, Frédéric Bastiat, en su famosa obra “La ley y otros ensayos”, afirmó lo siguiente: “Ninguna sociedad puede existir a menos que las leyes se respeten hasta cierto grado. La manera más segura de hacer que se respeten las leyes es hacerlas respetables. Cuando la ley y la moralidad se contradicen, el ciudadano tiene la alternativa cruel de o perder su sentido moral o perder su respeto por la ley. Estos dos males tienen igual consecuencia, y sería difícil para una persona escoger entre ellos. La naturaleza de la ley es mantener la justicia. Esto es tan así que, en las mentes de las personas, la ley y la justicia son una y la misma cosa. En todos nosotros hay una disposición fuerte a creer que cualquier cosa legal es también legítima. Esta creencia está tan diseminada que muchas personas han mantenido erróneamente que las cosas son “justas” porque la ley las hace justas.”. Es por eso, que al leer cuidadosamente la nueva ley electoral, nos daremos cuenta que, al no contemplar la ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos y la segunda vuelta electoral o balotaje, no es una ley que promueva la justicia y la legitimidad del futuro presidente de la república que salga electo mediante la vigencia de dicha ley, ya que podría ser electo con un 20 a 25% del total de votos, lo cual daría como resultado una falta de legitimidad del electo presidente de la república. Esa falta de legitimidad se hubiera resuelto si las 3 fuerzas políticas hegemónicas, hubieran aprobado la segunda vuelta electoral en tiempo y forma, ya que unidas dichas fuerzas alcanzan la mayoría calificada de 86 votos, con lo cual podrían haber hecho las reformas constitucionales pertinentes al caso. ¡Sólo faltó voluntad política y amor a Honduras!, lo cual podría hacerse todavía mediante un gran acuerdo político entre todos los partidos políticos con representación en el Congreso Nacional de República.

Si por un futuro fraude electoral, por la no transparencia en la nueva ley electoral; la nación hondureña, entra en insurrección y hubiere personas fallecidas por la represión de las fuerzas del orden público, -tal y como sucedió durante la crisis poselectoral de 2017, cuando hubo un descarado fraude electoral al caerse el sistema de transmisión de resultados, más de 600 veces-; el principal responsable de ello, sería el Partido Nacional, no cabe la menor duda.

San Pedro Sula, 5 de junio de 2021.