Texto: Katerin Galo
Fotografías: Horacio Lorca
Edición: Emy Padilla
En Nueva Armenia y la Bahía de Trujillo, los líderes comunales destacan que el proceso de recuperación no es solo una cuestión territorial, sino una batalla por su identidad y supervivencia como pueblo. Para ellos, la tierra es un vínculo esencial con sus antepasados y una fuente de vida que les permite conservar sus costumbres y tradiciones.
El pueblo garífuna continúa organizándose y resistiendo, consciente que su lucha por la tierra es un derecho reconocido internacionalmente, pero aún lejano de ser garantizado en Honduras.
Tegucigalpa, Honduras. -A 369 kilómetros al norte de Tegucigalpa, capital de Honduras, se encuentra Nueva Armenia, una pequeña comunidad en el municipio de Jutiapa, Atlántida, donde hombres y mujeres garífunas protagonizan una larga lucha por la recuperación de sus tierras ancestrales que por décadas han sido utilizadas por la agroindustria para la siembra de palma africana.
Estas acciones de recuperación de tierras se repiten a 140 kilómetros de distancia, en la comunidad de Guadalupe en la Bahía de Trujillo, en el departamento de Colón, en el noreste de Honduras, donde también hombres y mujeres garífunas se enfrentan a inversionistas extranjeros como Randy Jorgensen, un empresario canadiense, a quien se le incautaron varios bienes como resultado de un proceso judicial por la supuesta comisión del delito de estafa.
Este proceso de recuperación de tierras se ha intensificado en los últimos años –con el aumento de la criminalización, hostigamiento y desaparición de defensores– debido al interés creciente de empresarios de la agroindustria y desarrolladores turísticos que ven en estas zonas un alto potencial para el desarrollo de resorts, proyectos inmobiliarios, plantación de monocultivos [palma africana]– y otras actividades lucrativas que amenazan con desplazar a estas comunidades.
El pueblo garífuna, una de las etnias afroindígenas más antiguas de Centroamérica, ha habitado la región de la costa atlántica de Honduras desde el siglo XVIII. Sus vínculos con la tierra son profundos, no solo por razones culturales y espirituales, sino también porque de ella obtienen su sustento a través de la agricultura. La lucha por sus derechos territoriales ha sido reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ha emitido sentencias a favor del respeto de sus tierras.
El derecho de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales se sustenta en las normas internacionales que buscan proteger sus derechos de propiedad y posesión sobre territorios habitados y trabajados por generaciones. La fuente principal para este derecho es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales sobre las tierras que ocupan y establece que los estados deben respetar y proteger estos territorios.
En Nueva Armenia y Bahía de Trujillo, la demanda garífuna se centra en la recuperación de terrenos que por décadas han sido ocupados por terceros para la plantación de palma africana, sin el consentimiento de las comunidades. En muchos casos, los garífunas denuncian que estas tierras han sido registradas de manera fraudulenta por empresarios y políticos, quienes luego intentan venderlas o utilizarlas sin respetar los derechos ancestrales del pueblo garífuna.
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BAJO LA OSCURIDAD DE LA LUNA NUEVA GUARDIAS PRIVADOS ATENTAN CONTRA DEFENSORES
Tras varias horas de conducir por las carreteras CA5 y la CA13, donde se observan extensas plantaciones de palma africana y robustos árboles de diferentes especies, el equipo de Criterio.hn se trasladó a Nueva Armenia para conversar con representantes de la comunidad sobre lo que ha implicado el proceso de recuperación de sus tierras.
Luego de un recorrido de unos 15 minutos por una calle de tierra en Jutiapa, se observaba un asentamiento humano en el que se levantaron entre siete u ocho champas, unas más grandes que otras, en ellas residen hombres, mujeres, niños y ancianos. Estas rudimentarias edificaciones están construidas con tablas obtenidas del corte de la palma africana, láminas de zinc y hojas de plátano.
Mabel Robledo, presidenta del Patronato de Nueva Armenia, relató a Criterio.hn las horas de tensión que vivieron, la noche del domingo 6 de octubre de 2024, cuando dos hombres de la comunidad fueron heridos de bala a manos del personal de seguridad de la empresa Palma de Atlántida, dueña de las plantaciones de palma africana.
La soleada y calurosa mañana se fue transformando en una brisa que se intensificó a medida transcurría la conversación con Mabel, quien contaba a detalle cómo sus dos compañeros fueron heridos de gravedad y traslados a un centro hospitalario en La Ceiba [la ciudad más cercana en el departamento de Atlántida ] y el Hospital Escuela en Tegucigalpa, debido a los disparos propiciados por un grupo de hombres encapuchados que actuaron frente a la inacción de los miembros de la Policía Nacional que se encontraban en el lugar, supuestamente, para evitar cualquier conato de violencia.
El domingo 6 de octubre de 2024, es una fecha que permanece en la memoria de Mabel Robledo y sus compañeros, quienes realizaban patrullajes en Barauda, nombre con el que los lugareños identifican la zona recuperada, donde habitan alrededor de 80 personas, quienes, esa noche, fueron emboscados por varios hombres encapuchados que ingresaron de manera violenta para desalojar a la comunidad.
Las acciones de hostigamiento y persecución iniciaron a tempranas horas de ese domingo, y culminó con el ataque perpetrado por varios hombres armados, quienes se identificaron como empleados de una empresa de seguridad, cuya identidad no revelaron.
“Estuvimos hablando con el grupo y decidimos ir a hablar con los policías para decirle que nosotros no somos invasores, ni delincuentes y que tampoco andamos armados, que nosotros lo que estábamos haciendo era recuperando algo que era nuestro”, relató la presidenta del patronato mientras unos perros corrían y ladraban alertando que desconocidos se acercaban a la zona.
La defensora del territorio cuestionó el papel que ha jugado la Policía Nacional al no detener o requerir a las personas que dispararon contra sus compañeros que fueron heridos de gravedad, y que aún permanecen con secuelas de este atentado.
“Ellos [supuestos empleados de seguridad] volvieron a ingresar aquí [Barauda] y la Policía Nacional los venía acompañando. Nosotros buscamos a la policía y denunciamos el hecho y les dijimos que tenían que requerir a esas personas y exigirles que no pueden entrar armados aquí y, si son una empresa de seguridad, solicitarles a ellos el permiso de portación del arma, el carnet de trabajo para esta empresa y la identificación, pero nos dijeron que no podían hacer nada porque estas personas tenían personalidad jurídica”, lamentó.
Mabel comentó que, ante el incidente, se comunicaron de inmediato con representantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) que, a través de sus redes sociales, denunciaron y exigieron el cese de la represión y agresión contra sus compañeros en Nueva Armenia.
Durante la conversación se observaba a varias mujeres preparando los alimentos en una improvisada cocina, mientras los demás se refugiaban de la lluvia que caía en la zona y que se intensificó a medida avanzaba el día.
Las amenazas de desalojo y el clima de violencia que se ha generado en torno a esta disputa de tierras han llevado a los garífunas a implementar mecanismos de autodefensa. En algunas zonas, las comunidades han establecido rondas de vigilancia para proteger a sus líderes y evitar incursiones no autorizadas.
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UNA HISTORIA SIMILAR QUE DEVELA LA INTENCIÓN DE DEBILITAR UNA LUCHA
A 140 kilómetros de Nueva Armenia, específicamente en las comunidades garífunas asentadas en la Bahía de Trujillo, Trujillo, la situación se repite. Hombres y mujeres luchan contra la usurpación de sus tierras ancestrales.
En la Bahía de Trujillo, varios líderes garífunas han sido objeto de ataques y amenazas. Estas intimidaciones, según ellos, buscan debilitar el movimiento de recuperación de tierras. Sin embargo, las comunidades se mantienen firmes en su posición y aseguran que no abandonarán sus tierras ancestrales.
De igual manera, la expansión de proyectos turísticos ha generado conflictos crecientes. Las comunidades aseguran que los desarrolladores han incurrido en prácticas intimidatorias, llegando, incluso, a realizar desalojos forzosos con el apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado y empresas de seguridad.
A pocos metros de la playa, cuyo acceso estuvo restringido a los lugareños por extranjeros, que han visto en esa zona el lugar ideal para construir mansiones y complejos turísticos, reside Daisy Sambulá, su familia y otros defensores, quienes han sido testigos y parte de la lucha garífuna para la recuperación de sus tierras.
Daisy, una mujer de rostro amable y de voz dulce, compartió con el equipo de Criterio.hn su experiencia y cómo ha sido el proceso mediante el cual varios de sus compañeros han sido criminalizados y reprimidos por agentes policiales y paraestatales.
Similar a los hechos registrados en Nueva Armenia, el 26 de junio de 2024, con la diferencia que las acciones fueron ejecutadas por agentes de la Policía Nacional, los pobladores de la Bahía de Trujillo fueron sometidos a la fuerza durante un violento desalojo.
Daisy, aunque no presenció las escenas, cuenta cómo policías rodearon y amedrentaron a un grupo de garífunas que defendían la recuperación de tierras ancestrales.
“Nuestros compañeros estaban ahí, y de repente llegaron policías y un abogado que no llevaba papeles ni información contundente para desalojarnos e intimidar a los compañeros, cuando preguntaron si traían orden de desalojo”, relató la mujer, mientras varios niños jugaban con maules [canicas].
Mario Solórzano, líder comunitario y defensor del territorio, criminalizado por el delito de usurpación, rememoró ese día en el que agentes policiales los desalojaron, advirtiéndoles previamente que esas tierras no les pertenecían a los garífunas.
“No es fácil que te quieran despojar de tu casa, porque para nosotros el territorio lo es todo. Porque con el territorio nosotros practicamos la espiritualidad y es nuestro sustento, ya que nosotros sembramos plantas medicinales y sembramos nuestros alimentos”, manifestó el defensor.
Mario fue detenido y acusado por delito de usurpación y cuenta con medidas distintas a la prisión. Desde hace tres años se presenta a firmar cada semana ante los juzgados.
Daisy Sambulá y Mario Solórzano residen en la recuperación de tierras Wabato, que significa el Nuevo Trujillo, a pocos metros de una mansión que imposibilita la vista al imponente mar Caribe y que pertenece al empresario canadiense Randy Jorgensen, conocido como el Rey del Porno.
“Ahora mismo hay bastantes proyectos turísticos en nuestra bahía, incluso hay partes de la playa que están prácticamente privatizadas, porque tienen aquellos grandes cercos y nosotros ya no podemos ni ir a bañar libremente a las playas”, lamentó Solórzano.
Las mujeres garífunas han tenido un papel crucial en esta lucha, organizando eventos de resistencia y concientización en sus comunidades. Ellas destacan que el despojo de tierras no solo afecta su sustento, sino también el futuro de sus hijos y la preservación de su cultura. “Sin tierra no hay vida para el pueblo garífuna”, afirman las líderes comunitarias.
Miriam Miranda, coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (SAMBU), denunció que Jorgensen es propietario de varios terrenos en la Bahía de Trujillo.
La Ofraneh ha liderado el proceso de documentación y denuncia de estas invasiones. Esta organización en conjunto con líderes comunitarios y abogados, ha interpuesto demandas para anular los títulos de propiedad emitidos a terceros y para garantizar la restitución de las tierras a sus legítimos propietarios. Este proceso ha sido lento y ha enfrentado numerosas trabas en el sistema judicial hondureño.
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PERSECUCIÓN, CRIMINALIZACIÓN Y DESAPARICIÓN FORZADA, LAS SECUELAS DE LA LUCHA GARÍFUNA
Las poblaciones indígenas en Honduras llevan décadas luchando por la recuperación de sus tierras y esto ha dejado a cientos de defensores del territorio y de los derechos humanos con procesos penales abiertos. Pero la criminalización contra defensores va más allá, en algunos casos, la Policía Nacional ha detenido y acusado a líderes comunitarios por el supuesto delito de tráfico de drogas.
Leonard Brown y Kalton Reyes Costly, ambos garífunas y defensores del territorio, tienen procesos judiciales abiertos. Brown contó a Criterio.hn que en 2021 fue acusado por el delito de usurpación y tráfico de marihuana. Explicó que el uso de la marihuana para la etnia garífuna está relacionado con la espiritualidad.
Leonard señaló que los entes de seguridad del Estado lo han perfilado e incluso cuando camina por las calles los policías lo han detenido para exigirle sus documentos. La situación de Kalton no es diferente a la de Leonard, ya que él también fue requerido por la Policía Nacional y ha sido acusado por portación de marihuana.
Ana Elisa Samayoa, integrante de la Fundación para el Debido Proceso, manifestó que la aplicación de estos delitos [tráfico de marihuana y portación de marihuana] buscan desmovilizar los movimientos sociales.
En una entrevista brindada a Criterio.hn, en agosto de 2024, la abogada explicó que estas prácticas de las autoridades policiales “no es algo nuevo”, su objetivo es claro: “desmovilizar y provocar cierto grado de rechazo a las luchas de estas comunidades por parte de la sociedad en general”.
La opinión de Samayoa es compartida por el integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y miembro del equipo de litigio, Camilo Bermúdez.
La criminalización hacia los defensores de la tierra, territorios y ambiente en Honduras ha estado sustentada en una reforma al Código Penal efectuada en el Congreso Nacional, el 7 de octubre de 2021, durante la presidencia del nacionalista Mauricio Oliva.
Con estas reformas se amplío las penas a los delitos de usurpación e incendio agravado, que normalmente se imputan a los defensores territoriales y ambientales. Las penas para el delito de usurpación pasaron de cuatro a seis años de prisión e incluso se estableció que hasta en los espacios públicos se puede cometer el delito de usurpación.
Entre 2018 hasta el 29 de octubre de 2024, el Ministerio Público registró más de 13 mil denuncias por los delitos antes mencionados, y de estas, 6,997 se presentaron a partir del 7 de octubre de 2021 con la entrada en vigor de las reformas al Código Penal, contempladas en el Decreto 93-2021, según una respuesta de esta institución ante una solicitud de información presentada por este medio digital.
Criterio.hn consultó al Poder Judicial, por medio del Sistema de Información Electrónico de Honduras (Sielho), si existen recursos de inconstitucionalidad contra el Decreto 93-2021. La respuesta fue que hasta el momento se han interpuesto seis recursos, de los cuales tres han sido resueltos.
Otra de las heridas que ha dejado la lucha por la recuperación de las tierras ancestrales de la comunidad garífuna es la desaparición y asesinato de líderes comunitarios y defensores.
La madrugada del 18 de julio de 2020, hombres armados y vestidos con indumentaria policial ingresaron a las viviendas de cinco jóvenes garífunas a quienes secuestraron. Alberth Snider Centeno [presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz, Tela Atlántida], Suami Aparicio Mejía, Milton Joel Martínez, Gerardo Misael Róchez y Junior Mejía fueron raptados y hasta la fecha se desconoce su paradero.
A más de cuatro años del secuestro de los cinco líderes garífunas, desaparecidos en el municipio de El Triunfo de la Cruz, Tela, en el departamento de Atlántida, el Ministerio Público no ha brindado avances en la investigación, por ello la Ofraneh ha exigido que se dé respuesta a este crimen para que no quede en la impunidad.
El caso, que sigue sin resolverse, ha intensificado los temores de los líderes comunitarios, quienes denuncian una política de persecución contra aquellas personas que defienden los territorios garífunas.
En la Bahía de Trujillo, la expansión de proyectos turísticos ha generado conflictos crecientes. Las comunidades aseguran que los desarrolladores han incurrido en prácticas intimidatorias, llegando incluso a realizar desalojos forzosos con el apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado y empresas privadas de seguridad.
En varias ocasiones, los garífunas han sido desplazados de sus hogares sin compensación y sin alternativas de vivienda, lo que ha incrementado la precariedad en sus comunidades.
El caso de Nueva Armenia es similar. Esta comunidad, además de estar sometida a la violencia de la agroindustria, también es objeto de interés por parte de desarrolladores que buscan implementar proyectos de infraestructura y de ocio en tierras garífunas. Sin embargo, su pueblo ha resistido, manteniendo una presencia activa en el territorio e interponiendo recursos legales que reafirman su derecho a la tierra. A pesar de estas acciones, las amenazas de desalojo y las intimidaciones son recurrentes.
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ESTADO DE HONDURAS DEBE CUMPLIR CON SENTENCIAS DE LA CORTE IDH
En 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló a favor del pueblo garífuna en el caso de El Triunfo de la Cruz, reconociendo su derecho a la tierra y ordenando al Estado de Honduras a garantizar su posesión. Sin embargo, la aplicación de esta sentencia sigue siendo insuficiente, reflejando una brecha entre las resoluciones internacionales y su implementación en el terreno.
Otros fallos que ha emitido la Corte IDH son el caso Comunidad Garífuna Punta Piedra y sus miembros vs Honduras (2015) y el caso Comunidad Garífuna de San Juan y sus miembros vs Honduras (2006).
A pesar de estos fallos internacionales, los empresarios y algunos políticos locales continúan promoviendo proyectos turísticos y de expansión de la palma africana en la Bahía de Trujillo y Nueva Armenia sin consultar a las comunidades. Esto ha llevado a los garífunas a intensificar sus acciones de protesta, incluyendo manifestaciones, plantones y ocupaciones pacíficas en sus tierras.
El 12 de abril de 2024, luego de tensas negociaciones entre representantes gubernamentales y líderes garífunas, que se apostaron en las afueras de Casa Presidencial y más tarde en los bajos del Congreso Nacional se llegó a un acuerdo para la instalación de la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CIANCSI) en Honduras.
Esta comisión tiene como objetivo garantizar la implementación y cumplimiento de los fallos de la Corte IDH que reconocen los derechos territoriales de las comunidades garífunas de El Triunfo de la Cruz, San Juan y Punta Piedra.
La juramentación de los integrantes de la CIANCSI se realizó en los bajos del Congreso Nacional en Tegucigalpa, en el marco del 227 aniversario de la llegada de los garífunas a Honduras. A la movilización asistieron representantes de las 47 comunidades garífunas, quienes se movilizaron a la capital hondureña en una demostración de unidad y resistencia e instalaron el Campamento Garífuna para seguir exigiendo el cumplimiento de sus derechos.
El viernes 18 de octubre de 2024, representantes de la CIANCSI se hicieron presente a la zona del conflicto, supuestamente para dar cumplimiento a las sentencias de la Corte IDH. Esta visita, que coincidió con la llegada de Criterio.hn a Nueva Armenia, estuvo encabezada por el subsecretario de Seguridad, Hugo Suazo y el fiscal general adjunto, Marcio Cabañas Cadillo.
Mabel Robledo, presidenta del Patronato de Nueva Armenia, tuvo que solicitar a los miembros de la CIANCSI que retiraran a los escoltas para evitar cualquier tipo de confrontación y temor entre sus compañeros.
Luego de este desencuentro, Mabel y sus compañeros, acompañados de su representante legal, Caleb Navarro, expusieron sus necesidades y temores ante los recurrentes asedios de guardias privados de seguridad y la inoperancia de la Policía Nacional.
El subsecretario de Seguridad, Hugo Suazo, dijo a Criterio.hn que se acordó continuar con el proceso de investigación contra la empresa de seguridad que disparó a dos de los defensores garífunas.
De igual manera, aseguró que se sancionará a la empresa de seguridad porque “no tienen la facultad para dispararle a nadie. La responsabilidad penal caería sobre la empresa de seguridad porque es la responsable de sus empleados”.
Por su parte, el fiscal general adjunto del Ministerio Público, Marcio Cabañas manifestó a este medio digital que los fiscales tienen orden de abrir una investigación contra las personas que atacaron a los habitantes de Nueva Armenia.
Pese a los acuerdos entre la CIANCSI y la comunidad garífuna de Nueva Armenia, las acciones de intimidación han continuado en al menos dos ocasiones.
Mabel Robledo, informó a Criterio.hn que el viernes 1 de noviembre y el martes 5 de noviembre hombres encapuchados y vestidos con uniformes de una empresa de seguridad llegaron hasta Barauda para amenazarlos e intimidarlos, pese a la presencia de los elementos de la Policía Nacional.
Por su parte, el abogado de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Caleb Navarro, declaró a este medio digital que los acuerdos no han sido cumplidos, especialmente los relacionados a la seguridad de la comunidad de Nueva Armenia.
“Ayer [5 de noviembre de 2024] nuevamente los guardias de seguridad de la empresa Palma de Atlántida volvieron a ingresar [a Barauda, Nueva Armenia] Ellos andan armados, pero la policía no procedió a detenerlos, de acuerdo a las directrices que dio el viceministro de Seguridad”, expresó el abogado.
En el acuerdo, específicamente en el punto 7, se expuso que la Policía Nacional está en la obligación de capturar a cualquier persona [encapuchada, armada o que represente una amenaza] que con el uso de la fuerza intente ingresar a los territorios, que hoy son habitados por la población garífuna.
El llamado de la comunidad de Barauda en Nueva Armenia, en el municipio de Jutiapa, Atlántida es que se cumpla con lo pactado y se respete la integridad física de cada una de las personas que residen en las tierras recuperadas.
El gobierno hondureño ha señalado que trabaja en la resolución de los conflictos de tierras mediante el diálogo, aunque las comunidades garífunas afirman que las iniciativas de diálogo han sido pocas e inefectivas. La falta de resultados concretos ha generado desconfianza y ha reforzado la determinación de las comunidades de luchar por sus derechos.
Galería “La resistencia del pueblo garífuna en Barauda (Nueva Armenia) y Wabato (Bahía de Trujillo)”
