Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-La resistencia de los pobladores de varias comunidades de Honduras donde se desarrollan proyectos mineros y de energía renovable, tiene alarmada a la cúpula empresarial, que alega el estancamiento de las inversiones. Pero existen razones que hacen compresible esta lucha, según los análisis de los expertos en temas económicos y financieros.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ha asegurado que hay “grupos radicales” que tienen varados hace casi dos meses, al menos nueve proyectos mineros y de generación de energía renovable, valorados en más de $2,492 millones (unos L.60, 000 millones).
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La resistencia se ha generado en varias comunidades en los departamentos de Copán, Santa Bárbara, Intibucá, Atlántida, y Colón, donde sus pobladores alegan daños al medio ambiente y la violación a sus derechos porque los proyectos no fueron consultados con ellos.
El Cohep estableció, además, en un comunicado de prensa que durante este año están en peligro más de 9.000 empleos y la amenaza sobre otros 4,800 previstos para abrirse entre 2019 y 2022.
“Sin duda siempre va a existir una mirada de la empresa privada que existen obstáculos al desarrollo, o a la instalación de ciertas empresas por los conflictos sociales. Sin embargo, el asunto es que desde la creación de muchas de estas empresas y la explotación minera y de recursos naturales, nunca se tiene como elemento primordial, tratar de solventar estos conflictos o realmente hacer partícipes a las comunidades del desarrollo”: Ismael Zepeda, investigador del Fosdeh.
Para el investigador del Fosdeh, Ismael Zepeda, el posicionamiento de la cúpula empresarial se aleja de la realidad porque las cifras que manejan sobre el crecimiento económico que, supuestamente, genera la minería y la generación de energía renovable, no es real, ni tampoco la generación de fuentes de empleo.
En el caso de la minería, Zepeda estimó que el crecimiento generado por este rubro, es de apenas 0.67 %, es decir, que ni siquiera llega al 1 % del Producto Interno Bruto (PIB), y los empleos generados son aproximadamente 20.000, cuando la población económicamente activa es de cuatro millones de personas, es decir que la tasa de empleo es de 0.0005 %.
La resistencia de las comunidades se debe ligar, también, al acuerdo ministerial de la Secretaría de MiAmbiente, que ha declarado los estudios técnicos para las licencias ambientales como información reservada, señaló, al tiempo que reflexionó que la transparencia en estos temas podría abrir el espacio para un debate real sobre los proyectos del modelo extractivo.
Sobre la resistencia de las comunidades hacia los proyectos de energía hidroeléctrica, el analista del Fosdeh dijo que el mismo Estado ha dado pie para las protestas al aprobar, a favor de los inversionistas de este rubro, una “gran cantidad de incentivos fiscales, de privilegios económicos, como comprarle directamente o toda la generación de energía y hasta por encima del doble de lo que se vende a nivel regional”.
Zepeda señaló que mientras el precio del kilovatio de energía en El Salvador es de $ 0.07, aquí en Honduras la compramos a $ 0.18. Además de ello, tienen otros privilegios económicos, como las exoneraciones en la importación de bienes y maquinaria.
Las comunidades donde se llevan a cabo proyectos de energía renovable no reciben un beneficio directo más que los cánones municipales y paradójicamente en una comunidad del sur, donde hay un proyecto de energía fotovoltaica, no hay energía eléctrica, cuestionó.
Para el economista, los inversionistas del modelo extractivo tienen una concepción de la economía en enclave, es decir, llegar, explotar e irse, y es por eso que ha surgido la confrontación en muchas de las comunidades, que, a través de los años, han observado ese tipo de explotación.
Por otra parte, señaló que el mismo Estado ha fomentado la inseguridad jurídica y la incertidumbre de las inversiones, porque no se ha aprobado una ley de minería
Finalmente, el investigador del Fosdeh manifestó que la protesta no se tiene que ver únicamente como un elemento negativo o como si la sociedad no deseara el desarrollo o el crecimiento económico. “La protesta tiene que verse como un reclamo, un derecho constitucional para ser partícipes del desarrollo y ser partícipes de que si los pobladores no quieren que llegue nada a la comunidad, pues esas también son decisiones de los pueblos y de las comunidades y se tienen que respetar”.
