Tegucigalpa, Honduras. – La empresa contratada para el traslado del material electoral durante los comicios primarios del 9 de marzo y que salió señalada en el requerimiento fiscal interpuesto el pasado lunes por el Ministerio Público, también obtuvo el contrato de transporte para las elecciones generales de 2021, según un dictamen de asesoría legal del CNE.
Ingeniería, Logística y Transporte S. de R.L. de C.V., fue recomendada de manera irregular por cinco funcionarios del Consejo Nacional Electoral, quienes están siendo acusados por la Unidad Especializada Contra los Delitos Electorales (UECDE), al suponerlos responsables por los delitos de fraude, violación a los deberes de los funcionarios y negociaciones incompatibles con sus funciones, al presuntamente haber defraudado a la ciudadanía hondureña y poner en riesgo dicho proceso democrático.
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IRREGULARIDADES
El controversial proceso de selección para la contratación de la empresa de transporte encargada del traslado y retorno del material electoral, presentó señales de irregularidad desde un inicio, pues según declaraciones realizadas por el Fiscal General del Ministerio Público, Johel Zelaya, se pidieron 21 millones de lempiras más del monto presupuestado inicialmente.
Zelaya manifestó ante los medios de comunicación que el excoordinador del Proyecto de Transporte, Joel Ramos García, realizó un estudio en el que detalló que se necesitaban 43 millones de lempiras para el traslado del Material Electoral, y que posteriormente solicitó 21 millones de lempiras más. Algo curioso considerando que la empresa carecía de capacidad técnica y logística.
Otro de los puntos remarcados por el fiscal general, fue el incumplimiento de los requisitos de idoneidad por parte de la empresa contratista, ya que ésta carecía de la flota vehicular incluida en el contrato, donde se estableció que debía proporcionar 143 furgones de 48 pies, 497 camiones de 24 pies y 82 camiones livianos de 12 pies.
Además de la información revelada por Zelaya en la comparecencia pública, donde señaló directamente el accionar del excoordinador del Proyecto de Transporte, el Ministerio Público amplió en su requerimiento fiscal el papel de la Comisión Evaluadora, señalando que los integrantes de la misma, afirmaron que realizaron una inspección física y mecánica de los vehículos requeridos y verificaron la disponibilidad de los mismos.
En ese sentido, el ente investigador acusa a los integrantes de dicha Comisión de realizar acciones colusorias con la empresa contratista, pues esta, no declaró fracasado el proceso ni aplicó las sanciones correspondientes incumpliendo con lo establecido en los Pliegos de Condiciones.
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DICTAMEN LEGAL DEL CNE
En las últimas horas a través de redes sociales y medios de comunicación ha circulado un dictamen de asesoría legal del Consejo Nacional Electoral de marzo de 2021, en el que le fue adjudicado a la empresa Ingeniería, Logística y Transporte, el traslado del material electoral de las elecciones generales del mismo año.
Dicho documento fue certificado por Allan Alvarenga, quién en ese entonces fungía como asesor legal del Consejo Nacional Electoral y que ahora se desempeña como codirector de este organismo.
Dentro del escrito, se establece que el contrato cerrado con el representante legal de la empresa Ingeniería, Logística y Transporte S. de R.L. de C.V., Carlos Fonseca, quién fue acusado por el Ministerio Público por el delito de fraude, estaba valorado en más de 29 millones de lempiras, y hoy, cuatro años después el costó aumentó a casi 35 millones de lempiras más.
PRESUNTA RELACIÓN DE LA EMPRESA Y EL PARTIDO LIBRE
El representante legal de Ingeniería, Logística y Transporte S. de R.L. de C.V. Carlos Fonseca, reveló durante una entrevista con medios de comunicación, que el retraso en la entrega del material electoral no fue responsabilidad de la empresa, sino de personas que están dentro del Consejo Nacional Electoral.
Además de ello, Fonseca reveló también que uno de los socios de su empresa, es hijo de Óscar Aguilera, uno de los fundadores del Partido Libertad y Refundación (Libre) y que también es hermano de Bernardo Aguilera, un supuesto funcionario del Consejo Nacional Electoral (CNE), dejando al descubierto un posible acto de favoritismo.
Con respecto a la acusación realizada en su contra por el Ministerio Público, señaló que se trata de un acto político y planificado, apuntando a la guerra interna que hay en los partidos políticos por mostrarse fuertes ante la ciudadanía lo que provoca un conflicto entre el consejo.
La frase citada de Fonseca, fue respaldada días atrás por el esxsecretario de Transparencia, Edmundo Orellana, quién durante una entrevista con Criterio.hn señalaba que la causa principal del caos generado el domingo 9 de marzo, fue por el atraso en la entrega del material electoral y no por la contratación de la flota vehicular.
Orellana señaló, que si bien es cierto, la empresa incumplió con lo establecido por el CNE, eso cataloga como un problema administrativo que debía resolverse con dicho organismo.
En su análisis, el jurista explicaba que la atención debía ser centrada en los responsables de orquestar el boicot del proceso impidiendo que el material llegará en el tiempo y forma establecido.
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OPINIONES
El abogado penalista, Kenneth Madrid, expresó durante la transmisión de un noticiero local, que una de las investigaciones que deben realizar las autoridades hondureñas es la razón por la que las maletas electorales anduvieron deambulando en los autobuses por la ciudad de Tegucigalpa, pues a su criterio, señala que es esencial que se pueda determinar.
“El Ministerio Público debe buscar a fondo y llevar la verdad de lo sucedido», expresó el experto en derecho penal, Kenneth Madrid.
Madrid explicó, que los señalamientos realizados en las últimas horas sobre uno de los socios de la empresa contratada, podría configurarse como un tráfico de influencias a lo interno del Consejo Nacional Electoral y que al analizar los vínculos de dicho socio con el CNE y el Partido Libertad y Refundación, se ve un nivel de indicio que podría llegar a configurarse como un delito de tráfico de influencias.
El jurista señaló, que hay una posibilidad que el hermano del socio de la empresa a la que se le adjudicó el contrato pueda haber desarrollado tráfico de influencias, ya que pudo haber estado vinculado con miembros de la Comisión de Evaluación que recomendaron la adjudicación del contrato, con miembros del CNE o de cualquier partido político, por lo que dicha arista debe ser investigada.
El especialista en derecho penal aseguró, que si se llegase a comprobar que existe una conexión con cualquiera de los consejeros del CNE, este podría incurrir también en una responsabilidad penal si en sesión se tomó la decisión de adjudicar el contrato.
