La presidenta defiende a su esposo, Manuel Zelaya, en medio de un escándalo que involucra supuestos vínculos con narcotraficantes
El gobierno necesita tomar «decisiones profundamente radicales fundadas en la ética» para dignificar la política y restaurar la confianza pública
Tegucigalpa, Honduras. – “Ustedes conocen perfectamente quien es Mel. Su trayectoria, su vida, impecable, pública, durante muchos años, nadie puede señalarlo”, expresó la presidenta Xiomara Castro, durante una comparecencia publica.
La defensa enérgica de Castro, gira en torno a las menciones de Manuel Zelaya en una conversación que sostuvo Carlos Zelaya –hermano de Mel— con lideres narcotraficantes entre ellos Devis Rivera y Ramón Mata Waldurraga. Durante la negociación celebrada en noviembre de 2013, Zelaya discutió la posibilidad de recibir donaciones de hasta 650,000 dólares para la campaña electoral del partido Libertad y Refundación (Libre), en la que su cuñada era candidata.
Durante el discurso de Castro, la mandataria argumentó que no se puede mencionar a Mel ya que él “construyó una historia a la par del pueblo, y siempre con su frente en alto con dignidad estará a la par del pueblo hondureño, luchando por las reivindicaciones del pueblo hondureño”.
Los supuestos vínculos con el narcotráfico, ha generado un clima de incertidumbre en el país, donde la presidenta Castro ha llamado a la población a mantenerse alerta ante lo que considera un plan en contra de su administración. La defensa de su familia y su gobierno se ha convertido en un tema central en su discurso, mientras Honduras enfrenta desafíos significativos en materia de seguridad y gobernabilidad.
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MEL TAMBIÉN DEBE RENUNCIAR
La renuncia de altos funcionarios, como el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales y de Carlos Zelaya –renuncia que ha generado suspicacia ya que en la reciente reunión del Congreso Nacional fue presentado como secretario de ese poder del Estado— es vista como un paso positivo hacia la rendición de cuentas, pero también plantea la pregunta de por qué otros funcionarios cercanos al gobierno que han sido mencionados como el asesor presidencial y esposo de Castro, Manuel Zelaya, no han puesto a disipación su cargo
Para el abogado Víctor Fernández, coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad, la necesidad de que los funcionarios más cercanos al poder ejecutivo, como Mel Zelaya, renuncien a sus cargos debido a las menciones de haber recibido dinero proveniente del narcotráfico, resalta un imperativo ético fundamental en la gestión pública. “Por un tema básico de decencia de la gestión pública, no deben estar formando parte de la administración pública; ni de manera onerosa o remunerada o voluntaria”. Enfatizó Fernández.
Además, la insistencia en que estos funcionarios deben apartarse de sus posiciones no sólo se basa en la gravedad de las acusaciones, sino también en la necesidad de restaurar la confianza del pueblo en las instituciones.
Esto pone en evidencia la urgencia de que los líderes políticos asuman la responsabilidad de sus acciones y den un paso al frente para demostrar que la ética y la decencia son valores primordiales en el ejercicio del poder.
De lo contrario, el abogado Víctor Fernández, advierte que se convertirían en una “burla” para el pueblo hondureño, ya que “no son conjeturas, son imágenes, son nombres que aparecen ahí”. A razón de ello, señala que debería existir “algún asomo de arrepentimiento y coherencia”.
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NARCOESCANDALO, UNA AFRENTA A LA DIGNIDAD NACIONAL
De acuerdo con Víctor Fernández, los posibles nexos con el narcotráfico de la administración actual –similar a la de Juan Orlando Hernández que instauró un narcoestado— que involucra a altos funcionarios del gobierno es «una vergüenza nacional» que atropella la dignidad del pueblo hondureño.
Fernández señala que, si bien estos hechos puedan ser considerados «normales» en el mundo de la política, especialmente en un país dirigido por «crepúsculos nefastos», el impacto en la sociedad es devastador.
En ese sentido, consideró que ha generado un «golpe al imaginario social», particularmente entre aquellos ciudadanos que entregaron sus mejores años y su vida al servicio del país con la esperanza de rescatarlo.
Ver a un grupo de «gente mafiosa» enriquecerse a costa del erario público, reflexiona Fernández, es una afrenta a la dignidad de estos hondureños honestos que creyeron en el proyecto político. Fernández considera que este atropello a la dignidad nacional es inaceptable y requiere una respuesta contundente de las autoridades.
La falta de acción ante estos comportamientos puede llevar a una mayor desconfianza en el sistema político, lo que a su vez debilita la democracia y la participación ciudadana.
Fernández subraya que es fundamental superar la imagen de «capos de la política» que muchos políticos han cultivado, y que esto requiere un cambio radical en la forma de entender y ejercer la política.
Si los actores involucrados en actos de corrupción no toman medidas para rectificar su comportamiento, el país podría enfrentar un deterioro aún mayor en su situación política y social.
Por ello, Fernández acentúa que las decisiones que se tomen deben ser contundentes y basadas en principios éticos, ya que la dignificación de la política es esencial para restaurar la confianza del pueblo hondureño en sus instituciones y en el futuro del país.
