Pese a valorar de forma positiva la firma del convenio de febrero de 2022, expresó “profunda preocupación por el gran número de muertes y ataques en contra de personas defensoras de la tierra y el territorio en total impunidad desde la firma del acuerdo”. Esa misma inquietud produjo la participación de empresas de seguridad privada en estos hechos, beneficiados por la impunidad
Tegucigalpa.- En su visita a Honduras, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias de la ONU, Morris Timball Binz, en relación a la situación de violencia asesina en el Bajo Aguan recomendó asegurar la efectiva investigación de toda muerte violenta, así como la protección de las personas amenazadas en este contexto.
Además, aconsejó la asignación de recursos adecuados para las unidades de investigación, incluidas las unidades forenses, así como para la protección efectiva de testigos, víctimas y sus familiares contra represalias y actos de intimidación.
Estas recomendaciones parten del hecho, que pese a la “escandalosa” situación de violaciones al derecho a la vida en el Bajo Aguán, se recibió información que indica la reducción de fiscales, personal técnico de unidades de investigación y recursos para la investigación médico-legal de estos hechos.
Noticia relacionada: ONU urge al Estado de Honduras fortalecer investigación y reducir impunidad para garantizar la justicia
Timball Binz, quien realizó una gira por varios municipios de Honduras entre el lunes 22 de mayo y el viernes 2 de junio, tuvo como propósito examinar medidas y esfuerzos para la prevención e investigación de muertes ilícitas, que incluyen las muertes ocurridas bajo custodia y los homicidios por motivo de género. Durante su estadía, también se abordaron los retos y desafíos que enfrenta el Estado de Honduras en la protección, respeto, y garantía del derecho a la vida.
En sus observaciones preliminares detalló que “constató” que “muchas de las víctimas de homicidios y recientes atentados, incluso durante su visita a la región, afectaron a personas protegidas por medidas cautelares en el marco del Sistema Nacional de Protección para los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y operadores de Justicia e instó por ello, a que se redoblen los recursos y la capacidad operativa de dicho mecanismo”.
GRAVE PREOCUPACIÓN ANTE ALTA INCIDENCIA DE CONFLICTIVIDAD VINCULADA AL ACCESO A LA TIERRA Y RECURSOS NATURALES
En cuanto a la defensa del derecho a la tierra, territorio y medio ambiente en el Bajo Aguán, el relator rememoró que de acuerdo al registro de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos (OACNUDH) entre enero de 2018 a abril de 2023 se han reportado el asesinato de al menos 62 personas defensoras de derechos humanos y cuatro desapariciones.
De interés: Señalan a las FF AA como partícipes de violencia contra integrantes de Cooperativa El Chile en el Bajo Aguán
Morris Timball Binz, un médico especializado en ciencias forenses, derechos humanos y acción humanitaria, “observó con grave preocupación la alta incidencia de conflictividad vinculada al acceso a la tierra y a los recursos naturales con impacto agravado en las personas campesinas, incluyendo miembros de cooperativas en la región”.
Valoró como positivo la firma de los acuerdos entre el gobierno y la Plataforma Agraria, junto a la Coordinadora de organizaciones Populares del Bajo Aguán (COPA) en febrero de 2022. No obstante, expresó “profunda preocupación por el gran número de muertes y ataques en contra de personas defensoras de la tierra y el territorio en total impunidad desde la firma del acuerdo”. A la vez que remarcó que sigue pendiente la instalación de la comisión tripartita que abordaría estos temas
El relator remarcó su preocupación por la participación de guardias privados y agentes de empresas de seguridad privada en estos ataques, a la vez que se benefician de impunidad.
Conozca más: “Seguridad” de ex diputado Óscar Nájera desplazó a campesinos del Aguán
“En el marco del aumento de la violencia en la zona es necesario que de forma urgente el Estado redoble los esfuerzos y asigne los recursos necesarios para investigar de manera efectiva y prevenir estos”, lee el documento que contiene las observaciones preliminares del relator.
En lo que va de 2023 en la zona del Valle del Aguán, entre defensores y familiares de estos, han sido asesinadas al menos ocho personas. Sus nombres son: Alí Domínguez y Jairo Bonilla, Omar Cruz Tomé y Andy Martínez Murillo, Santos Hipolito y su hijo adolescente Javier Rivas, Emerson Martínez y José Gilberto Martínez Cardona.
¿Y LA COMISIÓN TRIPARTITA?
El martes 6 de junio la presidenta Xiomara Castro anunció en cadena nacional la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, la cual tendría entre sus múltiples funciones realizar un proceso de distribución de tierras agrarias y forestales. Debido al contenido del mismo, el anuncio fue principalmente aplaudido por el sector agroindustrial.
En respuesta, organizaciones sociales vinculadas a la defensa de la tierra y el territorio, desde los sectores campesinos e indígenas se declararon el viernes 9 de junio en alerta ante la creación de esta entidad, que deja de lado sus vocerías.
Señalaron que, si bien valoran de forma positiva la decisión bien intencionada de priorizar la problemática agraria en Honduras, no deja de causar resquemores que la decisión naciera en el seno del Consejo de Defensa y Seguridad (CNDS), esto debido al carácter militar y policial que le otorga a la recién creada comisión. La cual al mismo tiempo deja a un lado al sector campesino e indígena, quienes han recibido el impacto directo de décadas de abusos a manos de terratenientes, empresas agroindustriales y gobiernos.
El abogado y coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad (BED), Víctor Fernández cuestionó: “¿Por qué estamos en alerta? Porque tenemos mucho tiempo de estarle planteando al gobierno que asuma el tema agrario y no nos había escuchado, y ha sido la presión de los actores económicos que aparecen nombrados aquí —el sector palmero, el sector bananero, y el sector azucarero— y esas son las mismas vocerías que han salido a celebrar la creación de un espacio como este”.
Fernández planteó que ante la creación de la Comisión de Seguridad Agraria no se dejen de lado otras iniciativas ya en marcha por parte de la administración Castro, como la Comisión Tripartita para el Valle del Aguán que tiene por prioridad investigar los crímenes y las violaciones de derechos humanos.
Lea también: Ante violencia asesina en el Aguán llaman a avanzar en cumplimiento de convenio agrario
