Régimen de JOH impulsa nueva ofensiva minera

Si este señor cumple con su cometido los efectos de su locura serán terribles para la población hondureña y sus comunidades

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El equipo pro minero de JOH, está integrado por: Ebal Díaz (ministro de la Presidencia); José Antonio Galdámez (Ministro del Ambiente), Agapito Rodríguez (Director de INHGEOMIN), Santos Gabino Carvajal (Representante de los Mineros); Lenir Pérez (Minero activo de la familia Facussé) con la asesoría de los dueños de la Universidad Politécnica de Ingeniería (UPI), Luis Eveline y Yansi de Eveline y la complicidad de Roberto Herrera Cáceres titular del CONADEH, entre otros.

Este grupo de individuos cree que Honduras debe desarrollarse mediante la explotación minera y en consecuencia se ha dado a la tarea de asesorar la creación de leyes y promover la inversión minera en Honduras, sin tomar en cuenta una serie de violaciones a los derechos de las comunidades. Las
acciones programadas de este grupo violan especialmente el derecho a la consulta de las poblaciones, sobre el destino, uso y manejo de los bienes naturales, como el agua, la tierra, el bosque y los territorios; también viola el derecho a la vida, a la movilización, a la libertad de expresión, el derecho
a la vivienda y el derecho a la alimentación. En general casi todos los Derechos Económicos Sociales y Culturales. Y no pocos derechos de Primera Generación.
A los mineros de JOH no les importan los conflictos, que por efecto de su ambición y mala cabeza, se están dando frecuentemente en las comunidades pretendidas y explotadas por la actividad minera, así todo el país continúa en la ruta de la entrega del territorio, a las empresas, europeas, norteamericanas, asiáticas y sudamericanas. Para tal efecto continúan usando el engañoso
argumento de que la minería genera muchos empleos y fuertes ingresos para las municipalidades.

El grupo minero de JOH, ha ordenado a la comisión de minería del Congreso de la República dictamine reformas a la Ley General de Minería que son nocivas, arbitrarias, inconsultas y generadoras de violencia y muerte para las comunidades hondureñas. En esa dañina propuesta se involuciona al
dejar sin vinculancia la determinación de los pueblos de oponerse a la explotación minera mediante la consulta ciudadana.

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Para nadie es extraño ya que Honduras es un país desgarrado por la corrupción, el narcotráfico, la inseguridad ciudadana, el asesinato, el desempleo y las migraciones forzadas. Sin embargo, y para profundizar los males, el equipo minero de JOH impulsa más de 300 proyectos mineros que el INHGEOMIN gestiona en el país y que están generando enormes conflictos en las comunidades, especialmente las rurales, se genera división de la población en las comunidades, destrucción de los bienes naturales, escasez y contaminación de las aguas, persecuciones, encarcelamientos, heridos y
asesinatos de las y los defensores de los derechos humanos.

Los últimos conflictos identificados por la CONROA, debido a la actividad minera, se han dado en el municipio de Yorito, en el departamento de Yoro; aldea de Guapinol, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, municipio de El Triunfo, departamento de Choluteca, aldea La Unión,
municipio de Azacualpa, Departamento de Copán y en los municipios de Cedros, El Porvenir y SanIgnacio, en el Valle de Siria, departamento de Francisco Morazán.

Pero estos no son los únicos porque las poblaciones están resistiendo la actividad minera y los conflictos seguirán dándose en todo el
país, pero especialmente en los departamentos de Choluteca, Olancho, El Paraíso, Yoro, Colón, Atlántida, Santa Bárbara y Valle, allí donde la actividad minera se enfrenta a una resistencia consciente que sabe que necesita defender la vida frente a los proyectos de muerte.
CONROA demanda:
1. Que las reformas a la ley General de Minería contemplen que :
a. En los municipios en los que exista intención de hacer actividad minera se realice consulta ciudadana en la etapa de Prospección y que los resultados sean vinculantes por 10 años.
b. Según los fundamentos de la derogatoria del artículo 27 de la Ley General de Minería, se prohíba en todo el país la Minería Metálica a cielo abierto, sea industrial o de Pequeña Minería Metálica.
2. Que la comisión de minería del Congreso de la República consulte a las Organizaciones de Sociedad Civil que monitorean el tema minero, entre ellas La CONROA, antes de proceder a darle trámite a las reformas de la Ley General de Minería.
3. Que se investiguen de oficio los vínculos entre los miembros del equipo minero de JOH y cualquier empresa minera, y que se aplique las incompatibilidades según el reglamento de la Ley General de Minería.
4. Que se decrete una veda de concesiones y trámites mineros, desde ahora y hasta que exista un informe de un órgano auditor de los concesionamientos y permisos mineros otorgados hasta la fecha.
5. Que se integre un órgano especializado, con participación de las OSC que monitoreamos el tema minero, para que realice una investigación de todas las concesiones y permisos otorgados por parte del INHGEOMIN y de las alcaldías municipales.
6. Que cese el hostigamiento de los cuerpos policiales y de las fuerzas armadas en contra de los defensores de las y los territorios.
7. Que el Congreso Nacional decrete una amnistía general en favor de las y los campesinos, indígenas y demás defensores de los territorios, la tierra y los bienes naturales que se encuentran detenidos y encarcelados por el ejercicio de sus derechos.