Por: Daniel Girón
Tegucigalpa, Honduras. – La operación Refundación Penitenciaria que comenzó en la cárcel de máxima seguridad El Pozo, ubicada en Ilama, Santa Bárbara, al noroccidente del país, no debería ser acompañada por miembros de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) por sus antecedentes históricos de violentar los derechos humanos de los privados de libertad, advierten analistas.
“Cualquier actuación militar que emprendan en los centros penitenciarios va en contra de los derechos humanos de los privados de libertad, por antecedentes históricos de cómo violentaron los derechos humanos de los privados de libertad es que estamos en contra de esta medida”, dijo Alba Mejía, subdirectora del Centro de Prevención de la Tortura y Rehabilitación (CPTR).
“Esta operación penitenciaria denominada ‘refundación’, que es un concepto que no aplica para este tipo de actuaciones de la naturaleza que se está emprendiendo. Son cientos de militares los que intervinieron esa cárcel (…) están impulsado una clase de show publicitario para que la población vea que están tomando acciones para sentirse tranquilos”, añadió.
Consideró que una alternativa distinta (a tomar medidas que pongan en riesgo los derechos humanos de los privados de libertad) sería establecer estrategias para mejorar su calidad de vida en los centros penales de máxima seguridad.
“Es necesario que tomen en cuenta que a las personas que van a sacar de sus celdas para buscar armas cuenten con agua, alimentos, baños y servicios sanitarios, de lo contrario, nuevamente y, al estilo del país vecino, los derechos humanos de los privados de libertad pasan a segundo plano”, expresó.
“Refunden el sistema penitenciario reduciendo la prisión preventiva a una cantidad razonable; refunden el sistema penitenciario permitiendo el consejo directivo funciones que atiendan las necesidades de los familiares con la visita periódica, si no se busca el equilibrio entre estas acciones, el peso lo tendrá la represión”, agregó.
El Plan Refundación Penitenciaria es encabezado por la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, el exfiscal Mario Chinchilla y Sandra Rodríguez, ex comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev).
El objetivo de la acción, afirma el oficialismo, es desmontar las estructuras criminales que gobiernan en los centros penales, como ha quedado demostrado con los hechos ocurridos semanas atrás.
Para llevar a cabo la primera fase de este plan se utilizó un contingente de más de 2,500 elementos de la Policía Nacional, del Instituto Nacional Penitenciario y de la Policía Militar de Orden Público, decisión rechazada por expertos, que aseguran que la intervención debe ser ejecutada por civiles orientados en derechos humanos.
En el operativo que terminó el pasado sábado, los elementos de seguridad decomisaron sólo 11 armas de fuego, entre ellas cinco “chimbas” (armas artesanales). También encontraron granadas, machetes, placas blindadas y cuatro chalecos antibalas con insignias de la Policía Nacional.
Decomisaron además 43 celulares y desmantelaron una red telefónica y de internet, la que se presume que era la encargada de facilitar el cobro de extorsión desde el interior del centro penitenciario de máxima seguridad.
Antes de que se ejecutara el Plan Refundación, en El Pozo se desencadenaron unos cuatro amotinamientos que dejaron a cuatro privados de libertad muertos y seis heridos, lo que provocó que la presidenta ordenara que se intervinieran los centros penitenciarios del país.
La intervención penitenciaria forma parte del plan “Solución Contra el Crimen” (SCC), en el que está integrado el estado de excepción parcial, construcción de dos centros penales, remodelación de una cárcel para albergar más privados de libertad y la tan cuestionada integración de militares en la sociedad.
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“MILITARES SÓLO MIRAN ENEMIGOS”
Para el doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, la intervención penitenciaria es una medida importante para sanear los centros penales de la gobernanza que mantienen las maras y pandillas. Pero la forma en que lo está haciendo Julissa Villanueva no es la adecuada, ya que los policías no están capacitados y los militares miran a los privados de libertad como sus enemigos.
“Vamos a seguir señalando que los militares no tienen capacidad ni facultades, y son un peligro para los derechos de las personas porque ellos no ven privados de libertad o ciudadanos, lo que ven son enemigos; ellos fueron formados para la guerra, para luchar contra enemigos”, dijo a Criterio.hn.
En ese sentido planteó que hay una serie de requisitos que se deben cumplir a la hora de incluir a los militares en operativos para que coopere con la Policía Nacional, en la lucha de la conservación del orden público.
“Cualquier gobierno puede hacer uso de la fuerza militar, pero para eso se debe cumplir con estar bajo la administración del poder civil y, por otro lado, se debe tener un plan en que precise cuánto tiempo harán uso de la fuerza militar, ¿estamos viendo cumplir esos requisitos?, definitivamente no”, expresó.
Las organizaciones de sociedad civil en 2022 pidieron al gobierno que no fueron los militares y policías los encargados de custodiar las cárceles, planteando que el Ministerio Público (MP) debía ser el ente encargado para ejecutar las labores correspondientes.
El principal motivo que orilló a sociedad civil a pedir a la presidenta hondureña retirar a los policías y militares de las cárceles es que la dirección del Instituto Nacional Penitenciario (INP) recaiga sobre un civil, como lo establece el artículo 15 de la Ley del Sistema Penitenciario.
Esa normativa indica que “la Dirección Nacional es la más alta autoridad técnica y administrativa del Instituto. Corresponde a la Dirección Nacional la formulación, aprobación y ejecución de la política penitenciaria y de las decisiones emanadas del Consejo Directivo, así como la dirección superior del régimen penitenciario nacional, de conformidad con esta Ley y sus reglamentos”.
Y es que el uso de la fuerza militar no sólo ha sido cuestionada en el gobierno de Castro: en la administración de Juan Orlando Hernández fue el brazo fuerte, quien los utilizó para hacerse cargo de las cárceles, donde fueron señalados por violar los derechos humanos y por corrupción.
Lo paradójico de la situación es que Castro en su campaña proselitista prometió desmilitarizar la sociedad hondureña, condenando lo hecho por Hernández, pero a un año y medio de su asunción, los está utilizando para intervenir las cárceles y les está dando poder que no les corresponde, consideran analistas.
La presidenta Castro, en la etapa dos del plan SCC ordenó que la Policía Militar de Orden Público a través de las Fuerzas Armadas (FF. AA) intervinieran siete departamentos hondureños, para luchar contra la anarquía del crimen organizado en esos espacios, decisión que demuestra que no tienen intención de cumplir con lo prometido, según expertos.
