Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- La Articulación 611 y la Coalición Contra la Impunidad, rechazan el paquete de reformas penales presentadas por el presidente Juan Hernández, por su impacto negativo para la sociedad civil hondureña.
El mencionado paquete de reformas está claramente enmarcado dentro del populismo penal, ha sido impulsado de forma prioritaria por las autoridades como parte de la estrategia propagandística dirigida a movilizar a los sectores conservadores de la sociedad hondureña en el contexto del presente año electoral.
Consideran que este proceso está siendo utilizado como una cortina de humo para tapar el fallo estrepitoso del Gobierno a la hora de enfrentar la ola de violencia que azota el país y la situación de corrupción que padecen las instituciones públicas
Comunicado de la Articulación 611 y la Coalición Contra la Impunidad
Rechazamos el paquete de reformas penales por su impacto negativo para la sociedad civil hondureña
Desde la Articulación 611 y la Coalición Contra la Impunidad, manifestamos nuestro más profundo rechazo a la aprobación por de reformas penales introducidas en el órgano legislativo por el Presidente de la República Juan Orlando Hernández el pasado 4 de enero de 2017.
El mencionado paquete de reformas, claramente enmarcado dentro del populismo penal, ha sido impulsado de forma prioritaria por las autoridades como parte de la estrategia propagandística dirigida a movilizar a los sectores conservadores de la sociedad hondureña en el contexto del presente año electoral, siendo inconsistente introducir reformas al Código Penal vigente al mismo tiempo que se tramita un nuevo Código Penal que de aprobarse derogaría las reformas anteriores.
Consideramos que este proceso está siendo utilizado como una cortina de humo para tapar el fallo estrepitoso del Gobierno a la hora de enfrentar la ola de violencia que azota el país y la situación de corrupción que padecen las instituciones públicas, lo que ha llevado a Honduras a figurar como el séptimo país del mundo con mayores niveles de impunidad según el índice Global de Impunidad elaborado por la Universidad de Puebla.
A la sociedad hondureña se le ha presentado este paquete como una solución para atacar con dureza a la delincuencia organizada y las pandillas juveniles o matas, al ampliar el concepto del delito de extorsión o la tipificación del delito de terrorismo. Sin embargo estas propuestas representan una actitud demagógica del Poder Ejecutivo ya que el principal problema a la hora de enfrentar a estos grupos no es la falta de instrumentos legales, sino la incapacidad de las instituciones de hacer realidad la justicia penal y las necesidades de seguridad que demanda la ciudadanía.
Desde la Articulación 611 nos preocupa además la inclusión de varios cambios normativos que promueven la impunidad de los agentes de las fuerzas represores del Estado, tal es el caso de la reforma que habilita que los policías y militares acusados de delitos cumplan las medidas cautelares que se les impongan durante el proceso penal dentro de la institución a la que pertenecen, en lugar de pasar a disposición del sistema penitenciario general, medida que de aplicarse favorecerá el aumento de la cultura de la impunidad que ya existe al interior de la Policía y de las Fuerzas Armadas.
Es evidente que el Estado hondureño necesita realizar un trabajo para reducir los altos niveles de violencia e impunidad que existen en el país. No obstante considerarnos que las medidas prioritarias para lograr esto deben ir dirigidas al fortalecimiento del Estado de derecho y no es con reformas de los ilícitos penales que se conseguirá mayor seguridad, tal y como ha quedado demostrado en el pasado reciente donde se han elevado considerablemente las penas de determinados delitos.
Por último, queremos llamar la atención sobre el hecho de que estas reformas penales seguramente traerán como consecuencia la criminalización de la protesta social, especialmente con la nueva tipificación del terrorismo que se pretende aprobar, de igual modo, significarían un duro golpe a otros derechos y garantías establecidos en la Constitución de la Republica.
Tegucigalpa, 21 de febrero de 2017
