Medios y organizaciones de sociedad civil que investigan, denuncian y exponen actos de corrupción, quedan a merced de cualquier intervención financiera y de las acciones represivas del gobierno
Tegucigalpa. -En una deliberación virtual opaca, el Congreso Nacional de Honduras aprobó el jueves varias reformas a la Ley Especial contra el Lavado de Activos que, a juicio de organizaciones de sociedad civil, limitará de ahora en adelante su lucha contra la corrupción porque, de manera deliberada, se les ha incluido como parte de las Personas Expuestas Políticamente (PEPs).
También lea: Con nuevas reformas, diputados corruptos de Honduras se blindaron para no ser investigados por el Ministerio Público
Lo anterior según la Asociación por una Sociedad Más Justa (ASJ) “es la estacada final a la lucha contra la corrupción en Honduras”, porque se ha incluido dentro de las PEPs (riesgo bancario) a las organizaciones de sociedad civil que investigan, denuncian y exponen actos de corrupción.
En una entrevista a un canal de televisión, el director de Gobernanza de la ASJ, Lester Ramírez, dijo que la reforma también impactará negativamente en aquellos medios de comunicación que investigan la corrupción e incomodan con su trabajo a actores públicos.
Con la reforma cualquier institución del Estado que tenga la facultad de intervenir en el sistema financiera puede pedir cualquier investigación administrativa a cualquier ONG que se dedique al combate de la corrupción, pudiéndose determinar el congelamiento de sus cuentas bancarias y la probabilidad de marginamiento bancario.
La reforma al artículo 34 de la Ley de Lavado de Activos establece como Persona Expuesta Políticamente a “aquellas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en el país o en un país extranjero, los nacionales o extranjeros a quienes una organización internacional les ha confiado una función destacada dentro o fuera del país, organizaciones de sociedad civil que administren fondos de cooperación externa que se dediquen a ejecutar proyectos o programas de diferentes tipos, la veeduría, investigación, evaluación o análisis de la gestión pública, así como funcionarios o miembros de partidos políticos que por su capacidad de influencia en las decisiones estatales, sus relaciones de negocio con personas o sociedades, o sobre procesos públicos de cualquier naturaleza, pueden utilizar su influencia para su propio beneficio o de un tercero. Esta definición no pretende cubrir a individuos en un rango medio o más subalterno en las categorías anteriores. Las personas categorizadas como PEP permanecerán en dicha categoría hasta por 1 año después de haber cesado en el cargo”.
En un comunicado, la ASJ dice además que la “decisión autoritaria” del Congreso atenta contra los principios constitucionales de asociación civil, libertad de expresión y participación ciudadana.
“Condenamos enérgicamente esta acción de hostigamiento desde un poder del Estado al tachar a ciudadanos organizados que combaten la corrupción en Honduras como actores que corren el riesgo de lavar dinero en el sistema financiero, cuando ni siquiera entran dentro del concepto de Personas Expuestas Políticamente (PEP), al no ejercer cargos públicos, colaborar con políticos, influir en las decisiones sobre el destino del gasto público y tampoco ser personas naturales”, dice la ASJ.
La organización de sociedad civil fustiga al Poder Legislativo por haber incluido sin razonamiento legal o dictamen técnico en la definición de Personas Expuestas Políticamente a organizaciones de sociedad civil que administren fondos de cooperación externa y que se dediquen a ejecutar proyectos o programas de diferentes tipos (veeduría, investigación, evaluación o análisis de la gestión pública).
Con lo anterior, dice la ASJ, el Poder Legislativo contraviene lo establecido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, demostrando su intención de amenazar, perseguir y coaccionar a organizaciones que en los últimos años han demostrado ser el único bastión contra la corrupción.
Finalmente, la ASJ advierte a la sociedad hondureña que lo ocurrido el jueves es solo el comienzo de lo que ha ocurrido en otros países de América Latina donde se han producido trágicas consecuencias, causando enorme dolor y luto en las familias y retrocesos en los países. Pero advierte que una vez entre en vigencia la reforma legal interpondrá un recurso de inconstitucionalidad.
El proyecto de decreto orientado a establecer reformas a la Ley Especial contra el Lavado de Activos, contenida en Decreto No. 144-2014, aprobado el 13 de enero del 2015 y publicado en el diario oficial La Gaceta el 30 de abril de ese mismo año, fue presentado a consideración del pleno por el diputado del Partido Nacional, Óscar René Canales Ortiz.
Lea, además: Cárcel para los hondureños que protesten, aprueba oficialismo en el Congreso Nacional
El jueves la bancada del Partido Nacional con el respaldo de diputados del Partido Liberal y partidos minoritarios, aprobó otras reformas a la Ley de Lavado de Activos que cercenan la función de investigación penal al Ministerio Público sobre los delitos financieros.
También se aprobaron varias reformas al Código Procesal Penal y Código Penal, entre las que destaca la reclusión de hasta por diez años para aquellas personas que evoquen el derecho a la protesta
