Aunque desde marzo de 2023 se planteó la necesidad de revisar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta no se discutió durante la administración anterior. Únicamente se sometió a votación la derogación del decreto 117-2019, que contempla la inmunidad parlamentaria.
El Congreso Nacional —dominado entonces por el Partido Nacional en la etapa final de su gestión en 2021— aprobó una reforma al artículo 49 de la Ley Orgánica que amplió de manera significativa el poder del presidente de ese poder del Estado.
Tegucigalpa, Honduras. –La Ley Orgánica del Congreso Nacional ha sido objeto de cuestionamientos a lo largo de distintas administraciones, debido a que diversos sectores consideran que responde a un modelo presidencialista que no se ajusta al sistema multipartidario que caracteriza a ese poder del Estado.
Analistas y actores políticos han advertido que la normativa vigente concentra amplias facultades en la presidencia del Legislativo –que hoy recae en el diputado nacionalista José Tomás Zambrano— lo que, a su juicio, debilita los contrapesos internos y limita la participación efectiva de las distintas bancadas,
Durante la gestión de Luis Redondo al frente del Congreso Nacional, exactamente en marzo de 2023, se planteó la necesidad de reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, precisamente bajo el argumento que la actual normativa respondía a un modelo excesivamente presidencialista.
La propuesta surgió en medio de críticas sobre la forma en que se estructura la toma de decisiones dentro del hemiciclo, así como por la distribución de facultades administrativas y políticas en la Junta Directiva.
Sin embargo, previamente el Congreso Nacional —dominado entonces por el Partido Nacional en la etapa final de su gestión en 2021— aprobó una reforma al artículo 49 de la Ley Orgánica que amplió de manera significativa el poder del presidente de ese poder del Estado.
Dicha modificación se materializó mediante el decreto legislativo 140-2021, una normativa que generó debate en sectores políticos y de sociedad civil por sus implicaciones en el equilibrio interno del Congreso.
Entre los cambios más relevantes, la reforma estableció que los 128 diputados suplentes tendrían voz y voto en el pleno, además de acceso a los mismos derechos y beneficios que los diputados propietarios, como ser salarios, viáticos y gastos de representación, lo que incrementó el costo del funcionamiento del Poder Legislativo y abrió cuestionamientos sobre la sostenibilidad financiera de la medida.
Antes de la reforma al artículo 49, la curul de un diputado propietario solo podía ser ocupada —en caso de ausencia— por el suplente que lo acompañó en la papeleta electoral, lo que limitaba la participación simultánea de ambos.
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Durante las primeras semanas de la nueva administración del Congreso Nacional, el diputado liberal Carlos Umaña presentó un proyecto de ley para derogar el decreto 117-2019 contenido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con el objetivo —según dijo— de eliminar lo que denominó el “blindaje” para los diputados.
“La bancada (Liberal) dijo que iba a establecer la eliminación del fondo social y el fondo departamental. Entonces, en teoría hay voluntad”, manifestó el congresista en declaraciones brindadas a Criterio.hn en semanas anteriores.
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Para el director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Javier Acevedo, la eventual reforma debe ser integral y construida con participación de los diputados de todas las bancadas.
Durante una entrevista brindada a este medio digital el jurista señaló que la agenda legislativa debe elaborarse con la intervención de todas las bancadas, de manera que refleje sus propuestas y fortalezca la transparencia frente a la sociedad.
Asimismo, subrayó que uno de los cambios clave es evitar que los diputados manejen recursos públicos o administren proyectos, práctica que ha generado cuestionamientos en materia de control y rendición de cuentas.
En ese sentido, sugirió que el rol de los legisladores debería limitarse a emitir cartas de respaldo a iniciativas comunitarias, mientras que la ejecución y gestión de fondos debe recaer exclusivamente en las instituciones competentes.
Otro aspecto señalado por Acevedo es la necesidad de fortalecer la democracia interna del Congreso Nacional, con reglas más claras sobre el funcionamiento de sus órganos y procesos de decisión.
En su opinión, estos gastos deberían reducirse al menos a la mitad de lo que actualmente reciben los congresistas.
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Otro aspecto que deben tomar en cuenta es la eliminación de la inmunidad parlamentaria, para garantizar que los legisladores enfrenten responsabilidades cuando cometan delitos o infracciones a la ley.
De igual forma, planteó reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tanto de los diputados como de las comisiones, la Junta Directiva y demás órganos del Congreso Nacional.
