La diputada Fátima Mena del Partido Salvador de Honduras (PSH) propuso una enmienda constitucional que prohibiría a deudores alimentarios morosos aspirar a cargos públicos en el país centroamericano
La medida, presentada en el marco del Día Internacional de la Mujer, apunta a reforzar la responsabilidad parental y enfrentar la problemática de la irresponsabilidad, especialmente entre funcionarios estatales.
Tegucigalpa, Honduras. – A través de una reforma constitucional se busca establecer una prohibición para que deudores alimentarios morosos puedan optar cargos públicos.
El proyecto fue presentado por la diputada del Partido Salvado de Honduras (PSH), Fátima Mena en el marco del Día Internacional de la Mujer, mismo que esta a la espera de su aprobación en el Congreso Nacional.
Señaló que se deben tener medidas más coercitivas ante la irresponsabilidad –paternal o maternal— de algunos funcionarios y funcionarias estatales.
La reforma contempla la inhabilitación a quienes quieran postularse a: a cualquier cargo de elección popular en los tres niveles electivos; Altos funcionarios nombrados por el Congreso Nacional; Titulares de la administración pública centralizada, descentralizada, autónomas, concentradas, desconcentradas; Ascensos dentro de las Fuerzas Armadas y de la Secretaría de seguridad, y/o cualquier nombramiento a un cargo público que se realice mediante concurso público.
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ANTES DE SER PADRES Y MADRES DE LA PATRIA, QUE SEAN DE SUS HIJOS
El recién aprobado Reglamento de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), busca fomentar la corresponsabilidad en la protección y cuidado de niñas y niños, en el país centroamericano donde el 98% de las demandas por alimentos, son presentadas por mujeres, de acuerdo con el Juzgado de Letras de Familia.
Ello devela, que la irresponsabilidad es mayormente de parte de los padres, una acción que no es ajena de los funcionarios. De acuerdo con las organizaciones de mujeres, varios servidores públicos son irresponsables en la manutención de sus hijos e hijas y algunos llevan juicios por demandas alimenticias.
En ese sentido, consideran que es imperativo establecer una sanción para aquellos padres o madres que siendo funcionarios no cumplen con sus obligaciones de proveer alimentos a sus hijos.
“Cómo puede una persona querer ser un padre o madre de la patria, si ni siquiera quiere ser responsable para con su familia y con sus hijos”, cuestionó la legisladora proyectista.
En ese mismo orden de ideas, Jessica Sánchez, directora ejecutiva del Grupo Sociedad Civil, Consideró que dicha propuesta es acorde a las exigencias del movimiento de mujeres, respecto al finiquito de género, es decir que, hombres y mujeres con: deudas de pensión alimenticia; denuncias de violencia domestica con culpabilidad demostrada, acosadores sexuales, y personas con antecedentes de abuso sexual, no sean considerados para dichos cargos.
Además, la defensora de derechos humanos, recalcó que el proyecto de ley no podría recibir el apoyo de los congresistas que tienen una deuda pendiente en materia de responsabilidad parental.
En ese sentido, recordó la demanda que tiene el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo en la Corte de Familia de Estados Unidos, citado para el 21 de mayo a las 8:30 a.m., para que comparezca ante las autoridades estadounidenses, según lo publicó Alejandra Bustillo, madre de la supuesta hija de Redondo, quien además interpuso la demanda por manutención.
REFORMA CONSTITUCIÓN: BLINDAJE
Uno de los principales obstáculos que podría tener la reforma es que al ser una reforma constitucional se requiere de al menos 86 votos de los y las diputadas, y que se podría ver afectada, de acuerdo con Jessica Sánchez, por los intereses de quienes están en irresponsabilidad parental, lo que ella considera una relación de poder que “hace difícil que se apruebe”.
Por su parte, la diputada Fátima Mena, en entrevista con Criterio.hn, señaló que se planteó como una reforma constitucional para “poder blindar”, el requisito de no estar dentro del Registro de Deudores Alimenticios Morosos para optar a los cargos públicos.
Además, reconoció que, gracias a la presión de las organizaciones de mujeres, de niñez y de organismos internacionales se ha logrado el apoyo necesario para su posterior aprobación, a razón de ello, aseguró que dicho proyecto “no será la excepción”.
De igual manera, señaló que, de logarse la aprobación, sería “ejemplificante que sean las más altas autoridades que empiecen a dar el ejemplo de responsabilidad paternal”.
Por el contrario, Jessica Sánchez, enfatizó que, si el proyecto de reforma no recibe el apoyo de los diputados y las diputadas, estarían enviando el mensaje que “seguimos siendo el mismo sistema patriarcal de impunidad, donde los hombres pueden tener varios hijos sin ninguna responsabilidad”.
Al ser una reforma constitucional, una vez aprobado, tendrá que ser ratificado en la siguiente legislatura, es decir en 2025.
