Por: César Melgar
Economista Junior del Icefi
El pasado 9 de diciembre se conmemoró el Día internacional contra la Corrupción, lo que marcó el inicio de la celebración del vigésimo aniversario de la convención de la ONU contra la corrupción. Esta Convención mandata a los países a establecer delitos penales y de otro tipo para cubrir una amplia gama de actos de corrupción y también, a cooperar entre sí en todos los aspectos de la lucha contra la corrupción, incluida la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de los responsables (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, 2022). Por ello, esta fecha ha sido designada para hacer conciencia sobre los peligros que conlleva para la democracia la existencia de prácticas corruptas y sus repercusiones en la sociedad.
Según Transparencia Internacional (2009), la corrupción consiste en «el abuso del poder para beneficio propio», y lo divide en dos categorías: corrupción a gran escala y actos de corrupción menores o soborno. El primer término se refiere a «aquellos actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común»; y, el segundo término se define como «un ofrecimiento, promesa, entrega, aceptación o exigencia de un incentivo para realizar una acción ilícita»). Y, como lo indica el Programa Estado de la Nación (2020), los “beneficios” que el corrupto puede obtener, no solamente se limitan a dinero, también incluye otro tipo de bienes materiales e inmateriales como estatus o poder, los cuáles también puede ser dirigidos hacia allegados, y que se utilizan para eludir costos y lograr otros beneficios.
Realizar mediciones específicas para cuantificar los efectos de la corrupción en los países se torna difícil, ya que al ser esta una actividad que se realiza en las sombras, no se conoce exactamente la cantidad y magnitud de los delitos cometidos. Según estimaciones de las Naciones Unidas del gasto público total mundial el 25% se pierde en corrupción y de los USD7.5 billones que se destina cada año a la salud pública en todo el mundo, unos USD 500 mil millones se pierden por prácticas corruptas. Al mismo tiempo, se estima que 140,000 muertes infantiles al año pueden atribuirse a la corrupción.
En 2017, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) publicó el estudio La Corrupción: sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano , en el que hizo un ejercicio de estimación de los impactos de la corrupción en El Salvador, Honduras y Guatemala. Para los dos primeros países, el ejercicio consistió en identificar montos relacionados a casos de corrupción con exposición mediática, comparándolo con rubros relevantes del gasto social; con este ejercicio se estimó que, en Honduras, el monto por los casos de presunta corrupción para el período entre 2010 y 2013, equivalía al 4.3% del PIB en 2015.En el caso de El Salvador este monto, derivado de casos presuntos de corrupción entre los años 1994 y 2014, ascendía a un 2.1% del PIB en 2015. Para Guatemala se identificó que rubros tales como el gasto de capital (listado geográfico de obras), el gasto de adquisiciones públicas y el gasto público por medio de fideicomisos eran vulnerables a la corrupción; lo que pudo provocar la pérdida del 20% de dichos recursos (equivalente a un 6% del presupuesto de 2015).
Los procesos judiciales llevados a cabo recientemente contra varios presidentes, vicepresidentes y otros altos funcionarios en la región dan una pequeña esperanza de que estos delitos no queden impunes. Aun así, es urgente fortalecer los mecanismos legales y técnicos de control, fiscalización y en su defecto de persecución y castigo. Se debe dejar atrás ese imaginario de que “quien llega al poder público, llega a robar” o el nefasto pensamiento de “la vergüenza pasa, pero el dinero se queda”. Los mecanismos de control, castigo y resarcimiento ante estas prácticas deben ser tales, que si alguien comete este agravio, la vergüenza quede y pese, y el dinero sea devuelto a las arcas del Estado.
Por su parte, también el empresariado debe tomar conciencia de su papel en la lucha contra la corrupción, optando ser lo que Landoni (2015) denomina «empresario institucional», aquel que buscan realizar negocios en un ambiente de competencia; en contraposición al «pseudo-empresario» que busca obtener beneficios a través de privilegios, evitando así caer en la tentación de intentar corromper a los servidores públicos.
Aún más indispensable es que la sociedad centroamericana despierte hacia una conciencia ética colectiva, para condenar y no tolerar la corrupción. La existencia de un fuerte y contundente repudio de parte de la ciudadanía hacia estas prácticas ayudará para que los políticos que llegan a los puestos públicos se abstengan de querer “servirse” del pueblo al cual se supone deben servir. La ciudadanía tiene que estar consciente de que la lucha contra este delito es un derecho y una responsabilidad de todos (Organización de las Naciones Unidas, 2022), y que en la unidad de la sociedad se encuentra una vía rápida para sofocarlo y evitar sus nefastos impactos.
