Por: Rodil Rivera Rodil
Antes de entrar en el tema principal de este artículo, quiero aportar un elemento a la detención del expresidente Manuel Zelaya en el aeropuerto de Toncontín por habérsele encontrado dieciocho mil dólares que no habría incluido en la declaración que debe rendir toda persona que sale del país. Al margen de la responsabilidad que pueda o no tener el exmandatario y de las diversas especulaciones que he leído y escuchado en los medios de comunicación, en el manejo del caso se puede apreciar una inexplicable omisión por parte de las autoridades del aeropuerto.
En efecto, en el video del incidente se percibe claramente que una funcionaria le ordena a don Manuel Zelaya que cuente el dinero, para lo que este se ve forzado a extraer de su mochila el sobre, del llamado “papel manila”, en el que este se hallaba. Pero, hasta donde conozco del protocolo que se sigue en los aeropuertos internacionales, lo que debieron haber hecho los agentes era, previamente, sacar ellos los billetes para que el señor Zelaya los contara y conservar el sobre sin permitir en ningún momento que lo tocara don Manuel Zelaya, a fin de, posteriormente, detectar las huellas digitales que hubieran quedado impresas en él.
Repárese en que esta prueba era definitiva para determinar con plena certeza la identidad de la persona que introdujo el dinero en la mochila del exgobernante. Siendo así y salvo mejor criterio, el hecho es insólito, la propia autoridad habría destruido o contaminado una evidencia fundamental que obraba en su poder, lo que podría imposibilitar la prosecución del caso.
Ahora vuelvo al fondo de esta reflexión. La magnitud de las consecuencias, implicaciones y, si se quiere, de los trastornos en todos los campos que ha ocasionado y seguirá ocasionando la pandemia será casi imposible de cuantificar, al menos en el mediano plazo. En el aspecto legal, por ejemplo, se están generando toda clase de discusiones y problemas. Por hoy, solo me referiré a las relacionadas con las medidas de bioseguridad y con la vacuna que podría estar próxima a salir al mercado.
Acabo de leer que la recién designada jefe de control del coronavirus en nuestro país, la microbióloga Mitzi Castro, propone que se ponga fin a la restricción del desplazamiento por dígitos y “se mantenga –afirmó– la circulación indefinida de personas”, lo que justifica con el siguiente razonamiento: “El virus vino para quedarse y hay que aprender a vivir con él. Tenemos que ser responsables en actuar porque de qué sirve volver al encierro si la gente siempre sale y sale sin mascarilla”.
Cabe señalar, antes de proseguir, que según las noticias la doctora Castro fue nombrada con el apoyo de su colegio gremial, que es una destacada profesional con cerca de treinta años de experiencia y que en su nuevo cargo “tiene como meta aumentar el número de pruebas detectadoras del covid-19”, las que, a juicio de los expertos, deberían ser no menos de tres mil diarias. Objetivo de gran urgencia, dado que en los casi nueve meses que llevamos de pandemia las pruebas han estado muy por debajo de esta cifra y que en este período post huracanes se espera que los contagios se incrementen dramáticamente.
Es posible que la doctora Castro tenga la razón en cuanto a que no tiene mucho sentido mantener las restricciones al libre tránsito. Ni el gobierno tiene la capacidad para imponerlas ni la población, sobre todo la inmensa mayoría de escasos recursos, para agenciarse el sustento sin salir a la calle. Pero debo apuntar que sus declaraciones podrían interpretarse como que pretende minimizar la vital función del Estado de velar por la salud de la ciudadanía y dejarla principalmente a cargo de los propios particulares, cuando la misma es, justamente, irrenunciable e indelegable y se halla por encima del interés particular.
Lo anterior, porque si bien es cierto que la salud individual es, esencialmente, privativa de cada persona, no lo es menos que cuando surge el peligro de transmisión a terceros el problema cae bajo el ámbito de la salud pública. En otras palabras, pasa de inmediato a convertirse en la obligación constitucional del Estado de proteger a toda la colectividad, si es necesario, en contra de su voluntad. Por similar motivo, para el caso, las autoridades están facultadas para sacar por la fuerza a quienes, encontrándose en grave e inminente peligro, no quieran abandonar sus hogares, como aconteció durante los recientes huracanes.
Y por tal razón, asimismo, es que en todo el mundo se ha impuesto, en mayor o menor medida, el confinamiento y las demás medidas de bioseguridad, aunque en algunos países sean cuestionadas fuertemente, a veces no solo con la aprobación sino por incitación de las mismas autoridades, como ha sucedido con los presidentes Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brazil. ¿Pero por qué, entonces, no podría ser obligatoria la vacuna contra el coronavirus? Y lo que estamos viendo, más bien, es que en todas partes los distintos gobiernos, incluyendo el de Honduras, se han apresurado a aclarar que solo se aplicará en forma voluntaria.
Se alega que la vacuna conlleva un procedimiento invasivo del cuerpo humano, en tanto que las otras de prevención solo atañen al comportamiento personal. Lo cual no es tan cierto porque los gobiernos siempre han establecido la obligatoriedad de vacunarse contra distintos virus y enfermedades, particularmente, para los niños. Los verdaderos motivos, a mi parecer, son otros.
Primero, por el temor de las autoridades a ser demandadas si los vacunados sufren alguna complicación, como ya está ocurriendo en algunos países en los que se han interpuesto reclamos aun por personas que se presentaron como voluntarios para las pruebas. Y segundo, y más importante, por la presión neoliberal para que el Estado, al igual que se pretende hacer con la educación, abandone el mandato constitucional sobre la salud y la privatice totalmente.
No obstante, resulta muy significativo lo aseverado por la presidente del Comité Económico y Social Europeo (CESE), Christa Schweng, de que «evidentemente es posible que las empresas eviten contratar a un trabajador si no quiere vacunarse contra la Covid-19”. Y, por mi parte, creo que si lo hacen no dejarán de tener razón porque no pueden correr el riesgo de paralizarse por el masivo contagio que puedan provocar uno o más trabajadores que rechacen inmunizarse.
En mi opinión, pues, la vacuna, en la práctica, terminará siendo obligatoria para prácticamente todo el mundo. No se podrá viajar al extranjero, acceder a ciertos lugares ni llevar a cabo un sinfín de actividades sin ella. Como sea, el debate solo empieza. Y, sin duda, la ciencia del derecho y la legislación mundial se verán enriquecidas con las soluciones que tendrán que encontrarse para todas las controversias, conflictos y nuevas realidades a que dará lugar el coronavirus.
Tegucigalpa, 1 de diciembre del 2020.
