Tegucigalpa, Honduras. – En los primeros seis meses de 2024, se ha registrado una reducción del 26% en los homicidios de empleados del transporte urbano en Honduras en comparación con el mismo período de 2023. Sin embargo, esta disminución no se atribuye a las acciones policiales ejecutadas, sino al cumplimiento del sector con el pago de extorsión a las organizaciones criminales.
Según datos proporcionados por el rubro, entre enero y junio de 2023, diversas agrupaciones criminales asesinaron a 38 empleados del transporte urbano en todo el país. En el mismo período de 2024, el número de homicidios ha disminuido a 28, es decir, 10 menos, lo que equivale a una reducción del 26%.
Sin embargo, para el empresario del transporte urbano Jorge Lanza, esta reducción no se debe a las operaciones desplegadas por elementos de la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público (PMOP). Lanza sostiene que, en realidad, este año se han enfocado en cumplir con el pago de extorsión para evitar que más trabajadores del sector sigan pereciendo a manos de criminales.
«La dinámica es simple: si pagamos regularmente la extorsión a todas las agrupaciones criminales, no hay problema. Aunque las acciones policiales han tenido algún efecto, no han sido tan efectivas como esperamos en nuestro sector, o como ellos lo han anunciado», mencionó Lanza en conversaciones con este medio de comunicación.
Lanza, quien es propietario de las unidades de transporte tipo autobús situadas frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), explicó que años atrás la situación se agravó debido a que algunos propietarios de las unidades mostraban resistencia o no lograban reunir la cantidad económica que las agrupaciones criminales les exigían.
Le puede interesar: Sin presencia policial en algunas colonias intervenidas por secretaría de Seguridad
SEGURIDAD ARGUMENTA LO CONTRARIO
Pese a que el rubro del transporte argumenta que la disminución de homicidios es debido a que están cumpliendo con el desembolso de extorsión, autoridades de la Policía Nacional sostienen todo lo contrario. Afirman que no solo el tema de homicidios, sino también el cobro de “la renta”, ha disminuido en el país debido a las medidas en materia de seguridad que han estado implementando.
Por ejemplo, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, no solo una, sino que en varias ocasiones ha establecido que, gracias a las medidas empleadas en el marco del estado de excepción, se logró reducir el índice de muertes violentas y ha ido menguando gradualmente el cobro de extorsión por parte de las estructurar criminales.
Según lo expuesto por el jerarca policial, la baja en la escalada de transportistas muertos en Honduras durante 2024 es debido a los allanamientos y arrestos, que superan los 30 mil, realizados durante el estado de excepción, algo que no concuerda con los puntos de vista de los empresarios del transporte urbano.
De hecho, de acuerdo con datos de la Policía Nacional, durante 2022, cuando se implementó el estado de excepción en los primeros días de diciembre, se registraron 1,819 denuncias solo por extorsión.
Esta cifra experimentó un descenso en 2023, con 947 denuncias, y la misma dinámica se mantuvo hasta mayo de 2024, donde solo se denunciaron 147 casos.
Es decir, según las cifras policiales, durante el estado de excepción la denuncia por extorsión cayó en un 52%.
Es aquí donde resurge el debate sobre el por qué de la disminución en la denuncia: ¿es debido a la efectividad que las autoridades alardean haber tenido con el estado de excepción, o es porque la población, por la desconfianza en las autoridades, está dejando de utilizar este canal que, de alguna manera, podría resolver el conflicto?
Para el criminalista y experto en temas de seguridad Gonzalo Sánchez, la falta de denuncia de extorsión por parte de la población podría obedecer a varios patrones. El principal es la desconfianza de la población en las autoridades, debido a que históricamente se ha señalado a la Policía por estar infiltrada de presuntos criminales.
«La población, de alguna manera, está desconfiando más en las autoridades de seguridad porque las veces que han denunciado, no han resuelto el conflicto y ellos (los denunciantes) se sienten expuestos a que los policías los delaten», mencionó el criminalista en pláticas con este medio de comunicación.
