Aunque el Decreto 48-2025 aparece en La Gaceta como “Ley Especial de la CICIH”, aprobada el 18 de junio de 2025, ese día el Congreso sólo alcanzó 79 votos, lejos de los 86 necesarios para una reforma constitucional.
Tegucigalpa, Honduras. — El partido Libertad y Refundación (Libre) ya salió del poder, pero sigue causando controversia. En esta ocasión con la reciente publicación del Decreto 48-2025 en el diario oficial La Gaceta por el expresidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo.
El decreto 48-2025 se denomina “Ley Especial de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH)” y fue publicado el 22 de enero a pocos horas de que Redondo dejara la presidencia del Congreso, lo que ha generado críticas de juristas y organizaciones anticorrupción por posibles vicios de forma y de fondo.
¿Qué verificamos?
En esta ocasión, El Mirón [la sección de verificación de Criterio.hn], no parte de una frase sino un hecho: el proceso de aprobación y publicación del referido decreto.
El texto afirma que la norma fue aprobada en la sesión del 18 de junio de 2025, la misma fecha en la que solo se alcanzaron 79 votos y no se lograron los 86 necesarios para la reforma constitucional. De hecho, el mismo Luis Redondo lo reconoció ese mismo día, en una publicación en redes sociales, cuando lamentó no haber alcanzado la votación necesaria.
El Decreto 48-2025 se presenta como una “Ley Especial” que, en el papel, le otorga personalidad jurídica y poderes excepcionales de querellante autónomo a una futura CICIH, pero lo hace aun cuando la comisión ni siquiera existe formalmente y el convenio con la ONU no ha sido ratificado.
Lejos de limitarse a crear un marco general, el texto define funciones, privilegios, financiamiento e inmunidades de un organismo todavía hipotético y hasta aprovecha para reformar la Ley de Municipalidades, lo que abre dudas sobre si esta norma realmente “pone a Honduras en condiciones” de instalar una comisión robusta contra la corrupción o si más bien adelanta, por decreto, atribuciones y blindajes que deberían nacer de un acuerdo internacional y de reformas constitucionales claras.
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PERO, ¿REALMENTE SE APROBÓ LA LEY?
El 18 de junio de 2025 el pleno del Congreso Nacional discutió la Ley Especial para la instalación de la CICIH, a partir de un proyecto impulsado por la diputada de Libre y también hija de la expresidenta Xiomara Castro, Xiomara Hortensia “Pichu” Zelaya, que buscaba otorgar a la comisión la figura de querellante autónomo y elevarla a rango constitucional.
La reforma, que buscaba darle rango constitucional al mecanismo anticorrupción, requería 86 votos, pero solo obtuvo 79, por lo que no alcanzó la mayoría calificada.
Tras la votación, Luis Redondo lamentó públicamente mediante una publicación en la red social X, que 48 congresistas no apoyaran el rango constitucional y la eliminación de la inmunidad legislativa.
En ese contexto, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, presentó una propuesta alterna que planteaba mayores garantías de autonomía para la CICIH y mecanismos más robustos para asegurar su independencia operativa frente a los poderes del Estado.
La sesión se cerró sin consensos y sin que se aprobaran las reformas constitucionales necesarias para la instalación de la CICIH con el rango que se buscaba. Ese día no se alcanzó la mayoría calificada para darle rango constitucional, por lo que hay un desfase entre lo que dice el decreto publicado y lo que efectivamente ocurrió en el hemiciclo.Para la abogada Gabriela Blen, integrante de la Articulación Ciudadana por la Justicia y la Transparencia, el Decreto 48-2025 no es una nueva apuesta contra la corrupción, sino la resurrección del mismo proyecto de ley impulsado por Pichu Zelaya. Desde su perspectiva, intentar ahora “revivir” ese diseño a través de un decreto que, en el mejor escenario, solo habría tenido mayoría simple, implica forzar una reforma constitucional de manera tácita y sin el respaldo numérico que manda la ley, lo que vuelve jurídicamente cuestionable la pretensión de alterar el monopolio de la acción penal pública del Ministerio Público mediante una norma que no cumplió con el umbral de votos exigido.
En un país donde el Ministerio Público ha sido señalado por responder a intereses políticos, Blen considera “ridículo” que sea precisamente el fiscal quien controle la puerta de entrada del personal de la comisión, recordando precedentes como el bloqueo a la Unidad Fiscal Especializada con la Impunidad de la Corrupción (Ufecic)-MACCIH y advirtiendo que esto equivale a “curarse en salud” a favor del Congreso y del gobierno saliente.
Desde esa lectura, Blen sostiene que lo publicado en La Gaceta es un decreto que “no tiene ni pies ni cabeza”: primero, porque el pleno nunca aprobó con mayoría calificada lo que ahora se presenta como ley; y segundo, porque en lugar de garantizar un mecanismo independiente, configura un instrumento hecho a la medida de las élites corruptas de todos los partidos, pero especialmente funcional para Libre, que intenta usarlo como “última tabla de salvación” para limpiar su imagen después de cuatro años sin instalar la CICIH.
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DECRETO 48-2025: ¿RESPUESTA REAL A LA CICIH O MANIOBRA POLÍTICA?
El abogado y defensor de derechos humanos Joaquín Mejía plantea que la primera pregunta frente al Decreto 48-2025 es por qué el oficialismo recurrió a una “ley especial” cuando la instalación de la CICIH solo requería 65 votos. En ese sentido, califica como “reforma constitucional innecesaria”, para la llegada de la CICIH, la propuesta de Pichu y que ahora está aprobada.
A su criterio, la aparición tardía de este decreto obliga a cuestionar por qué no se presentó en aquel momento cuando solo se necesitaba la mayoría simple y había más respaldo legislativo, y si en realidad se buscaba responder a las exigencias de Naciones Unidas o empujar una fórmula distinta a la solicitada por el organismo internacional.
Mejía advierte, además, que el texto del decreto contiene elementos preocupantes, como el rol central que se le asigna al fiscal general para certificar quién integra la CICIH, en un contexto donde la institucionalidad de justicia ha sido ampliamente cuestionada por su falta de independencia.
No obstante, reconoce que el contenido también incorpora aspectos positivos y que el debate ya no puede centrarse sólo en lo que hizo o dejó de hacer Libre, sino en la responsabilidad actual de un Congreso dominado por el Partido Nacional y el Partido Liberal, que hoy cuentan con mayoría calificada y no tienen excusas para no aprobar las reformas y normas necesarias para garantizar la llegada de un mecanismo internacional anticorrupción robusto.
En ese sentido, Mejía sostiene que ahora corresponde a estos partidos demostrar si su discurso a favor de la CICIH era genuino o solo una herramienta para culpar al gobierno anterior.
Frente al discurso del nuevo presidente Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien argumenta que “de nada le va a servir a Honduras” la instalación de un mecanismo internacional que combata la corrupción y que lo que se requiere es fortalecer el sistema de justicia interno, el analista recuerda el fracaso del proceso de depuración policial, incluso con participación de organizaciones de sociedad civil, como prueba de que las instituciones hondureñas no tienen ni la capacidad ni la voluntad política para transformarse por sí solas.
Para Mejía, negar la necesidad de la CICIH en el contexto actual “es simplemente un ejercicio descarado de hipocresía y de cinismo”, porque sin acompañamiento internacional no se llegará al fondo de los grandes casos de corrupción ni se harán las reformas estructurales que requiere el sistema de justicia y seguridad en Honduras.
Luego del análisis, El Mirón señala que la publicación del Decreto 48-2025 configura un discurso que mezcla hechos reales (hubo sesión, hubo 79 votos, hubo publicación del decreto) con una presentación que induce a pensar que la ley quedó firmemente aprobada con rango constitucional y sustento suficientes, cuando en realidad no se alcanzó la mayoría requerida ni existe todavía la base internacional completa.
En ese sentido, El Mirón concluye que la afirmación de que el decreto 48-2025 corresponde a una ley aprobada en la sesión del 18 de junio de 2025 como si hubiera cumplido los requisitos constitucionales y de sustento internacional es engañosa porque estipula una fecha y una sesión reales, pero omite que no se lograron los 86 votos exigidos para la reforma constitucional. Además, se presenta como si cumpliera plenamente con los “requisitos jurídicos” para instalar una comisión internacional, cuando Honduras no tiene un convenio ratificado con la ONU.
