Recompensa a la anti transparencia en el Colegio de Periodistas de Honduras

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- El comunicador premiado por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Elán Reyes Pineda, era el presidente del gremio cuando los directivos gestionaron en el Congreso Nacional una legislación en la que se escudan para ocultar información y abstenerse de rendir cuentas sobre el instituto de pensiones.

Al reportero, de 55 años, que ha trabajado en radio y televisión, y descollado en la argolla gremial, el CPH le concedió el premio nacional Álvaro Contreras, asignado anualmente al comunicador que destaca por su trayectoria profesional, sus valores éticos y defensa a la libertad de expresión, según un comunicado de la organización gremial.

Reyes Pineda presidía el CPH y era directivo del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), cuando en el año 2000 se aprobó un privilegio para los directivos del ente de pensiones, similar al que recién se aprobaron los diputados del Congreso Nacional para evitar ser investigados por el desvío de más de 1.300 millones de lempiras, según la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras.

El ex comisionado de la CNBS y miembro de la comisión interventora en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Roberto Salinas, aseguró que los directivos del IPP acudieron al poder legislativo para que les aprobaran el decreto 59-2000, que los excluye de la auditoría de la CNBS.

“Fueron al Congreso Nacional a pedir que el Instituto de Previsión Social del Periodista no fuera supervisado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que es el ente supervisor de este tipo de fondos”, reveló el entonces comisionado de la CNBS, Roberto Salinas, en una comparecencia el 15 de junio del  2015 en el programa “Foro del Canal 10”, que dirigía el periodista Armando Villanueva.

El decreto 59-2000 exime al IPP de la supervisión, control y fiscalización de sus operaciones administrativas y financieras por parte de los entes especializados del Estado, colocándolos en situación de excepción en cuanto a la aplicación de las normas para los institutos de pensiones.

“Artículo 1 .- Interpretar el Artículo 2 y 64 del Decreto No. 190-85 del 30 de noviembre de 1985, conocida como “Ley del Instituto de Previsión Social del Periodista”, en el sentido de que siendo un organismo de derecho público no estatal gremial sin fines de lucro, dedicado a la prestación de beneficios sociales de conformidad a su Ley, no le son aplicables las normas contenidas en las leyes de la República en cuanto a control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras y administrativas”, reza el decreto 59-2000 publicado en La Gaceta el 30 de mayo del  2000.

El IPP es el único instituto de pensiones entre los públicos y privados de Honduras, que nunca ha sido auditado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), a lo que los directivos del ente de los comunicadores se oponen obstinadamente, contrariando la transparencia que debe caracterizar a los periodistas.                          

                        DIRECTIVOS SE ACORAZARON

Cuando se aprobó el inconstitucional decreto 59-2000, Elán Reyes Pineda llevaba la batuta en la directiva del IPP en su condición de presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, un cargo del que se espera el respeto irrestricto del derecho a la información en aras de la libertad de expresión y la transparencia.

Reyes Pineda ha integrado la Junta Directiva del IPP en los períodos 1999-2002/ 2002-2006/ 2006-2010/ 2015-2016/ y  desde 2017 a la fecha, por lo que es y ha sido actor protagónico de las políticas que tienen en la picota al Colegio de Periodistas.

Los presidentes del CPH y del IPP, Eduin Natividad Romero García (2015-2016) y Dagoberto Rodríguez Coello (2017-2018), reiteradamente han esgrimido el decreto 59-2000 como arma legal para oponerse ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) a entregar información sobre sus operaciones financieras y administrativas.

Romero García, ante peticiones de información del periodista y afiliado del IPP, Gustavo Palencia, canalizadas a través del IAIP se negó a entregar lo solicitado y respondió al órgano encargado de velar por la transparencia pública, enviando los decretos 59-2000 y el 75-2004.     

                                CIERRAN EL CÍRCULO

El primero de los decretos exceptúa inconstitucionalmente al IPP de la supervisión, control y vigilancia de los órganos especializados del Estado, y el segundo,  aprobado en el Congreso Nacional en el año 2004, modifica la directiva del ente de pensiones, excluyendo a los ministros de Finanzas y Trabajo, dejando solo a directivos y miembros del CPH y a un representante de los propietarios de medios de comunicación, que no asiste a sesiones.

La constitución de Honduras establece en el artículo 60 lo siguiente: “En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños somos iguales ante la Ley”, por lo que es inconstitucional la condición de privilegio que se otorga en el decreto 59-2000 a los directivos del IPP y a su gerente para no rendir cuentas.

El decreto 75-2004, aprobado cuando Elán Reyes Pineda seguía integrando la directiva del IPP (porque era presidente del Tribunal de Honor), marcó el cierre del círculo para impedir las miradas ajenas en las operaciones financieras y administrativas del ente.

En ese entonces, como ministro de Trabajo se desempeñaba el abogado German Leitzelar  Vidaurreta, un personaje caracterizado por su seriedad y ética en el desempeño de sus funciones profesionales.

El sucesor de Romero García, Rodríguez Coello que asumió la presidencia del CPH y el IPP a partir del 28 de enero del 2017, recurrió también en Recursos de Reposición ante el IAIP y Recursos de Amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al decreto 59-2000 como arma jurídica para ocultar información.

Los directivos del IPP aseguran que la existencia del decreto 59-2000, impide que se les declare sujetos de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, también, ser auditados por la CNBS.

Rodríguez Coello, que a través de una representante legal ha presentado unos 8 Recursos de Amparo, después de ser bateado en igual número de Recursos de Reposición, rechaza también cualquier posibilidad de que el ente sea auditado por la CNBS, aunque jura que los fondos se han manejado con las “manos limpias”.

                  EL QUE NO LA DEBE NO LA TEME

“A mi me pareciera que el que no la debe no la teme y, en todo caso, lo que quiere uno es enseñar su gestión para que todo el mundo la vea y haya transparencia en lo que yo estoy haciendo”, dijo Salinas, un interventor del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en su comparecencia en canal 10, reflexionando sobre la anti transparencia de los directivos de los periodistas en su ente de pensiones.

“A saber que hay ahí (en el IPP), la única manera de saberlo es que soliciten a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que les hagan un estudio en el marco de un acuerdo interinstitucional y que ese estudio se lo presenten a la asamblea de los periodistas”, agregó Salinas en su intervención en la televisión reproducida por criterio.hn el 15 de junio de 2015.

Mientras, Leitzelar en una comparecencia en el programa Doble Vía de Radio América, dijo que “ahora con este nuevo marco de ley – la ley de Protección Social – todos los periodistas deben preocuparse de que esa institución – el IPP – cumpla los requisitos mínimos de esta ley para que los periodistas tengan protección digna, pensiones, vivienda digna”.

“Yo no sé cómo está (financieramente) el Colegio de Periodistas (el IPP) porque que yo sepa, nunca se ha auditado ni por solicitud de sus afiliados ni por supervisión del Estado”, agregó Leitzelar en radio América el 18 de agosto del año 2015.

               ELÁN SE ENFADA CON SALINAS Y  LEITZELAR

Las opiniones y revelaciones de Salinas y Leitzelar molestaron a Elán Reyes, quien mostró su enfado en una audiencia pública en las oficinas del IAIP el 16 de diciembre de 2015, en la que comparecieron Romero García y el periodista Gustavo Palencia un peticionario de información del IPP.

En esa audiencia, Reyes Pineda acusó a Salinas y a Leitzelar  de decir en foros en medios de comunicación que lo que hay en el IPP es “una podredumbre”, aunque, en realidad,  ambos interventores del IHSS se habían limitado a advertir la importancia de que el IPP se someta a una auditoría de la CNBS para tranquilidad de sus afiliados.

“Nosotros hemos sido víctimas de funcionarios del gobierno. Hay dos funcionarios que han estado hablando en medios de comunicación  a raíz de esta solicitud planteada (de información del IPP por el periodista Gustavo Palencia) de manera… yo creo que con otro sentido”, dijo Reyes Pineda, a quien Romero le cedió la palabra en la audiencia, en representación del IPP y del CPH.

“El abogado German Leitzelar, que creo yo que es interventor en el Seguro Social, dijo que había que venir

a revisar aquí (en el IPP) porque era una podredumbre. Eso fue para nosotros alarmante que dijera eso”, agregó Reyes, que en ese entonces, también era directivo del IPP.

“Y el otro funcionario que ha estado hablando bastante de este asuntito, en medios de comunicación, en los foros, es el abogado Roberto Carlos Salinas, que yo creo que es también interventor en el Seguro Social y él parece que es miembro de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros”.

“Diciendo exactamente lo mismo (lo de la podredumbre), un discurso complicado que vulnera exactamente la imagen del Instituto (IPP) y del Colegio de Periodistas”, dijo.

Ante los comisionados del IAIP y el público presente en la citada audiencia, Reyes Pineda criticó a Salinas y a Leitzelar por ejercer su derecho a la libertad de expresión y en ningún momento dijo que se debe transparentar las operaciones financieras del IPP.

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Romero García fue sancionado a principios de 2016, con una multa de un salario mínimo, 8.000 lempiras, y se le ordenó entregar información de unas 12 peticiones de Palencia, pero nunca la suministró por lo que se encuentra en desacato ante un mandato del IAIP.

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Rodríguez Coello fue sancionado por el IAIP con una multa de tres salarios mínimos, un poco más de 26.000 lempiras, por no cumplir con la colocación de la información en el Portal de Transparencia, en el que publican las instituciones estatales y entes obligados como el IPP, debido a que capta fondos públicos.