El 16 de febrero de 2023 los tres partidos mayoritarios (Partido Libre, Nacional y Liberal) firmaron un acuerdo en el que se incluye el nombramiento de un segundo fiscal general adjunto

Tegucigalpa, Honduras. -El Congreso Nacional tendrá la enorme responsabilidad de elegir, una vez más, al fiscal general y al fiscal general adjunto de la República. Actualmente, Óscar Chinchilla (2013-2018 y 2018-2023) y Daniel Sibrián (2018-2023), son quienes ostentan dichos cargos y cesarán en sus funciones el 31 de agosto de 2023.

El proceso destinado a la proposición y elección del fiscal general y del fiscal general adjunto, es similar al que se ejerce con las magistradas y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La Constitución de la República, en su artículo 233, establece que le corresponderá a una Junta Proponente evaluar a los postulantes y nominar a los cinco candidatos idóneos para ocupar el cargo.

La Junta Proponente está integrada por la o el presidente de la Corte Suprema de Justicia (quien la presidirá) y un magistrado designado por el pleno; el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) a través de su titular; un representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y un representante de una universidad privada; un representante del Colegio de Abogados de Honduras y un representante de la sociedad civil.

La Junta Proponente evaluará a las y los postulantes en cuanto a criterios de conocimientos jurídicos y conocimiento de la normativa, organización y funcionamiento del Ministerio Público.

Además valorará la experiencia como operador de justicia de las y los aspirantes, principalmente en la materia penal y procesal penal. Posterior a ello, les otorgará una puntuación del 1 al 100, y enviará una nómina el Congreso Nacional de las y los cinco candidatos con las mejores evaluaciones.

La Ley Orgánica del Ministerio Público establece que los cargos de fiscal general y fiscal general adjunto poseen un rango constitucional y que, por lo tanto, su designación atraviesa una elección de segundo grado que efectúa el Congreso Nacional, requiriéndose la mayoría calificada, es decir, 86 votos. Además, indica que el cargo del director de fiscales deriva de un nombramiento exclusivo del fiscal general.

Desde sociedad civil han cuestionado que a tres meses que Óscar Fernando Chinchilla cese en su cargo, no se ha hecho el llamado para integrar la Junta Proponente. Cabe destacar que, de acuerdo a la ley, el proceso de elección del nuevo fiscal general y fiscal general adjunto contempla cinco etapas.

Estas etapas son: convocatoria e integración de la Junta Proponente, elaboración de documentos y convocatoria a participas, inscripción de los aspirantes, revisión de los postulantes, evaluación y selección de los cinco mejores perfiles con base a los resultados obtenidos.

Al respecto el abogado constitucionalista y especialista en derechos humanos Joaquín Mejía señala que si no se aprueba una ley que regule el trabajo de la Junta Proponente, se repetirán las condiciones denunciadas por la Relatoría Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Independencia de magistrados y abogados.

Desde su cuenta de Twitter precisó que la ausencia de criterios de selección claros y apropiados, y de procedimientos para la evaluación, falta de transparencia y escrutinio público, actos de clientelismo y favores políticos, como lo demuestra el último proceso del fiscal general en 2018 en el cual Óscar Chinchilla fue reelecto, violentando los procesos enmarcados en la Ley orgánica del Ministerio Público.

En ese sentido, el jurista recomendó que se debe revisar el procedimiento actual y regular por ley el trabajo de la Junta Proponente, así como establecer criterios claros y objetivos de evaluación, y garantizar la transparencia y el escrutinio público.

A juicio de Mejía, elegir a nuevas autoridades del Ministerio Público con el procedimiento actual, implica darle total discrecionalidad a la Junta Proponente para enviar lista de cinco candidaturas al Congreso Nacional, “sin que existan mecanismos claros que evalúen integridad moral, independencia y cualificaciones profesionales”.

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RECOMENDACIONES PARA LA ELECCIÓN

La abogada constitucionalista y exministra de Derechos Humanos, Ana Pineda, recomendó acelerar el proceso de nominación y elección de los titulares del Ministerio Público para evitar que el procedimiento se torne muy exigido en cuanto al tiempo como sucedió con la elección de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Además, instó al Congreso Nacional para que cuanto antes proceda convocar a los sectores integrantes de la Junta Proponente, para que, a su vez, cada sector de manera responsable haga una acertada designación de las y los miembros propietarios y suplentes que la conformarán.

Estos integrantes deben ser seleccionados con base a su integridad, autoridad moral y académica en la materia y no por motivaciones político partidaria, porque si fuere así, de esa forma enviarán la nómina al Congreso nacional.

La jurista espera que, en vista que no se hizo a tiempo la reforma legal y reglamentaria para la escogencia idónea de los titulares del Ministerio Público, ni existir criterios objetivos de ponderación y evaluación de méritos personales y profesionales de las y los aspirantes, la Junta Proponente puede “nutrirse” de las buenas prácticas que llevó a cabo la Junta Nominadora para la escogencia de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Si hubiere voluntad política, la Junta Proponente puede seleccionar a las y los mejores aspirantes, con base en una trayectoria profesional independiente, ética y de compromiso con los intereses generales del país.

“Sabemos que en nuestro país y principalmente en el Congreso Nacional hay una práctica muy arraigada de seleccionar a quienes van a ocupar altas posiciones del Estado, privilegiando  la militancia política partidaria o la cercanía a los liderazgos de las cúpulas de poder, pero esperaríamos que por tratarse de un cargo de tanta relevancia para el Estado de Derecho y los intereses generales de la sociedad, las y los diputados consideren sobre todo la trayectoria profesional, experiencia y la formación académica”, puntualizó.

Ante el proceso de selección del titular del Ministerio Público, la Misión Internacional de Observación (MIO-Honduras) recomienda concordar con antelación, una metodología y protocolo para la formulación de pruebas escritas de conocimiento, así como para las entrevistas y preguntas que se formule a las personas preseleccionadas, actividad que debiera desarrollarse de modo público y transparente, contando el CN con los plazos necesarios para desarrollar este proceso de forma debida.

En ese sentido, en el escenario de querer emplear exámenes psico-técnicos a las personas postulantes, resulta necesario que estos estén alineados con el perfil de cargo, su diseño y metodología haya sido aprobado antes del inicio del proceso, y su aplicación, evaluación y reporte se encomiende a una institución especializada, con reputación, y mecanismos legales de control y rendición de cuentas.

Con relación a la designación final de las 15 magistraturas, la MIO-Honduras señaló que, si bien la Junta Nominadora realizó esfuerzos para conducir un proceso de selección meritocrático, estos parecieron decaer en el escenario de “reparto” de las vacantes y la figura de la presidencia de la CSJ por parte de los partidos políticos, por lo que serían necesarios actos de desprendimiento y madurez para garantizar una corte verdaderamente meritocrática e independiente.

Asimismo, a modo de generar confianza ciudadana en procesos de selección por parte del Poder Legislativo –y en el sistema de justicia– la MIO-Honduras recalca que es indispensable actuar con transparencia y publicidad que sea “material” y no únicamente formal en las deliberaciones, negociaciones, mecanismos de decisión y fundamentaciones de voto por parte de las y los diputados.

Nota de interés: Rechazan que tripartidismo busque crear un segundo fiscal general adjunto

TRIPARTIDISMO FIRMA ACUERDO PARA ELECCIÓN DE FISCAL GENERAL

Para llegar a un acuerdo y elegir a las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) los tres partidos mayoritarios (Partido Libre, Nacional y Liberal) firmaron un acuerdo en el que se incluye el nombramiento de un segundo fiscal general adjunto.

El 16 de febrero, los jefes y subjefes de las bancadas mayoritarias se reunieron con el presidente del Congreso Nacional para llegar a un consenso y así elegir a los 15 magistrados y magistradas del Poder Judicial, pero, en esa reunión se firmó un pacto que incluye varios puntos como la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) y la reforma a la Ley del Ministerio Público.

REELECCIÓN DE CHINCHILLA VIOLENTO PROCESO DE ELECCIÓN DE FISCAL

El 29 de junio de 2018 el actual fiscal general Óscar Fernando Chinchilla, fue reelecto en su cargo, pero su elección fue cuestionada por haber violentado el proceso de elección, ya que, Chinchilla no se presentó en el proceso de selección.

La elección se dio luego de un arreglo entre el bipartidismo, integrado por el Partido Nacional, que en ese momento era el partido de gobierno, que encausó la candidatura de Óscar Chinchilla y el Partido Liberal, que acuerpó a Sibrián Bueso.

Óscar Chinchilla y Sibrián Bueso, fueron reelectos gracias al voto de 88 diputados de las bancadas de los partidos Nacional, Liberal y de dos partidos minoritarios. La votación contó con 38 votos en contra de los partidos Libre, Pinu, el diputado liberal, Ángel Darío Banegas y del único diputado del PAC, Osman Chávez. Asimismo, con una abstención y un diputado que no votó.

Previo la elección, 92 diputados de los cuatro partidos políticos que apoyaron la elección, firmaron un acta mediante la cual asumieron dicho compromiso. Sin embargo, al final solo 88 se mantuvieron firmes al votar en la linea pactada y se logró la mayoría calificada (86).

La moción sobre la nominación de Chinchilla y Sibrián Bueso fue presentada por el diputado de la Democracia Cristiana, Felicito Ávila.