La libertad de expresión es un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática
Tegucigalpa.- Las organizaciones internacionales Cejil, Latin American Working Group, Wola, Impunity Watch, Articulo 19, Fundación para el Debido Proceso, Robert Kennedy Human Rights, ACTuando Juntos Guatemala, GHRC, Jotay y BeJust expresaron su preocupación por el agravamiento de la regresión democrática que vive Guatemala.
Esta situación se manifestó de manera expresa el 28 de febrero de 2023 con la resolución del juez Jimi Bremer en la que aceptó la petición de la fiscal Cinthia Monterroso de investigar a nueve periodistas y columnistas del diario elPeriódico y Prensa Comunitaria por posible obstrucción a la justicia, a raíz de la labor crítica ejercida por los comunicadores en la cual que fiscalizan a funcionarios públicos, manifestaron en un comunicado conjunto.
Resaltan que además, se ordenó la investigación de las finanzas de los medios de comunicación, lo cual amenaza gravemente la libertad de prensa en Guatemala.
Como antecedente inmediato recuerdan que el presidente de elPeriódico José Rubén Zamora lleva más de siete meses en prisión criminalizado por el ejercicio del periodismo.
Zamora cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por diferentes agresiones vividas durante más de 20 años de ejercer el periodismo.
El Estado de Guatemala ha manifestado maliciosamente que la persecución en su contra no es por su condición de periodista, pero las acciones del juez Bremen y la fiscal Monterroso desvirtúan abiertamente esta tesis.
La Constitución guatemalteca y los tratados y convenios internacionales a los que se ha adscrito Guatemala establecen que no se puede perseguir penalmente a los periodistas derivado de sus publicaciones; sin embargo, el Ministerio Público se ha constituido en un ente de persecución arbitraria contra muchos periodistas que son considerados incómodos al gobierno y a los grupos de poder.
Esto contradice el propio mandato de “fortalecer” y “garantizar” el derecho a la libertad de expresión de la prensa, reafirmado con el establecimiento de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas de Guatemala, como lo dio a conocer en octubre de 2019 la jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras.
La libertad de expresión es un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. En este sentido, se debe resaltar la labor de las personas periodistas, ya que juegan un rol esencial al informar a la ciudadanía sobre procesos judiciales donde se alegan violaciones a derechos humanos y realizar críticas al desempeño de autoridades o particulares con exposición pública. Sin una efectiva libertad de expresión, la democracia se desvanece y se abre el espacio para prácticas autoritarias como criminalizar y callar la labor de las personas defensoras de derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe anual 2021 recomendó al Estado de Guatemala abstenerse de utilizar procesos penales cuando se difunden informaciones periodísticas sobre asuntos de interés público, sobre funcionarios públicos o sobre candidatos a ejercer cargos públicos.
De esta forma, el inicio de una investigación en contra de periodistas es una muestra más de cómo la democracia se ha debilitado.
Jueces, fiscales, defensores de derechos humanos y periodistas se encuentran en prisión, con acusaciones abiertas o en el exilio, como resultado de la política represiva del Ministerio Público, avalada por el gobierno e impulsada por sectores corruptos.
