Por: Lucía Vijil Saybe
En Honduras, las élites económicas y políticas a lo largo de los años y con la mutación de los contratos sociales, se han repartido las ganancias financieras, pero también han sacrificado la vida de los más pobres, quienes según datos del Programa de Naciones Unidas, constituyen 64.5 % de los hogares a nivel nacional.
Al día de hoy, se reportan 1685 casos confirmados de Covid-19, con denuncias múltiples denuncias sobre actos de corrupción en el manejo gubernamental de la crisis. La politización de la entrega de las bolsas solidarias, así como la falta de transparencia en gestión de fondos para la atención de la pandemia, son solamente algunos puntos graves que se señalan en estos más de 50 días de confinamiento en Honduras.
Pero, ¿por qué hablaba de las élites políticas y económicas? Bien, el día de ayer, 6 de mayo, a través de una cadena nacional, Juan Hernández y un grupo multidisciplinario, anunciaron que trabajan en medidas para apertura inteligente de la economía. Así como lo lee, las empresas pretenden abrir sus negocios en un país con la tasa de mortalidad del Covid-19 más alta de Centroamérica y con 500 pruebas diarias, cuando en Guatemala o el Salvador al día se realizan hasta 3500 pruebas.
Y bien, yo creo que, si las empresas y sus dueños están necios por reaperturar sus negocios, deberían existir algunas condiciones o promesas para la clase trabajadora que genera las ganancias:
Por cada empleado/a que resulte positivo por el Covid-19, la empresa le pagará el tratamiento y medicamentos en un hospital privado.
Por cada empleado/a que resulte contagiado en el trayecto de su casa al trabajo o en su entorno laboral, la empresa pagará 15 millones de lempiras por cada miembro de la familia nuclear de ese empleado/a, asimismo, la empresa pagará el quíntuple al empleado/a por día que falte a su trabajo mientras se recupera del contagio.
Por cada empleado/a que resulte positivo por el Covid-19, la empresa deberá duplicarle el salario a los otros empleados que continúen trabajando.
Por cada empleado/a que resulte positivo por el Covid-19, la empresa deberá donar 5 millones en alimentos para las casas hogares y asilos de ancianos en el país.
Por cada empleado/a contagiado por el Covid-19, se le cobrará 10 veces los impuestos de un año a la empresa y deberá hacerlo efectivo en instituciones educativas públicas rurales.
Al leer esas propuestas, ustedes dirán: “¡Que soñadora!, “La empresa nunca haría eso”, “Solo para llegar a una ilusión llegué hasta este punto del texto” o incluso “Es que así debería ser”. Realmente, busco colocar en su reflexión diaria, que en Honduras, normalizar la forma en que las grandes empresas violentan los derechos laborales (empleo precarizados por hora, malos salarios, la mentira del “bono” para evitar pagar el salario mínimo, etc) y derechos a la organización sindical, está mal, y recordando que el pacto entre élites económicas y políticas, aún incluso en medio de una pandemia mundial, se antepone ante la vida de la ciudadanía hondureña.
Un gobierno (como el nuestro), que no prioriza la vida de la población antes que las ganancias de las empresas, solo desenmascara la poca capacidad de gestión democrática de la crisis y lo servil que continúan siendo los funcionarios ante la presión de las empresas que se han escudado toda su vida con el “nosotros generamos empleos”, y todo esto claro, sin cuestionar el trabajo mal pago y la precarización de la vida humana.
Les comparto la propuesta, considerando que el sector empresarial le coloca cifras a todo y solamente calcula ganancias, entonces nosotras/os moneticemos las vidas humanas (si es que eso fuera posible) que por no gozar de garantías mínimas ciudadanas (salud, educación, alimentación, etc.) deberán volver a sus trabajos en las siguientes horas bajo el riesgo de ser contagiados por COVID19.
