Ramiro Muñoz, comandante de la PMOP, solicita modificar la edad punible para juzgar a menores como adultos, dejando de lado la responsabilidad estatal
Analistas critican esta postura, señalando la falta de garantías del Estado y la cooptación de jóvenes por el crimen organizado
Tegucigalpa, Honduras. – En un contexto de creciente violencia juvenil, el comandante de la Policía Militar y del Orden Público (PMOP), Ramiro Muñoz, ha instado a que se modifiquen con urgencia las leyes para reducir la edad punible en Honduras.
“Hay que modificar esas leyes (…), voy a decir algo para que me apedreen, sobre la edad punible”, refirió muñoz en un programa televisivo.
Analistas consideran que dichas declaraciones en donde se pretende culpabilizar a la niñez y juventud es una manera para no reconocer que el Estado no ha sido garante de los derechos fundamentales.
Muñoz, quien también preside la Junta Interventora del Sistema Nacional Penitenciario, expresó “mientras esos niños de 14, 15, 16, 12 o 18 años irrespetan la vida, matan a quien sea, no hay ningún problema, ¿vamos a seguir con el título de llamarles niños y que nos sigan causando este mal?”
Actualmente, la edad mínima de imputabilidad en el país es de 18 años, lo que significa que los menores de esta edad que cometen delitos son juzgados bajo un sistema especial de justicia juvenil. Es decir, ningún adolescente menor de 18 años podrá ser condenado y ser ingresado a un centro penitenciario.
Además, la ley establece que ningún menor de 14 años de edad podrá ser imputado por algún conflicto con ley.
La propuesta de Muñoz busca permitir que menores a partir de los 14 años puedan ser juzgados como adultos en función de la gravedad de sus delitos. Esto contrasta con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que establece los 16 años como la edad mínima «recomendable» para la responsabilidad penal conforme a los requisitos de la Convención.
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NIÑEZ COOPTADA POR EL CRIMEN ORGANIZADO
En medio del debate sobre la reducción de la edad punible, es importante destacar que la niñez en Honduras no solo debe ser vista como infractora, sino también como víctima de una realidad compleja. Los niños y adolescentes en el país son frecuentemente objeto de violencia y cooptación por parte del crimen organizado, las maras y las pandillas.
Estas estructuras criminales aprovechan la vulnerabilidad de los jóvenes, reclutándolos y obligándolos a participar en actividades delictivas, lo que perpetúa un ciclo de violencia y criminalidad que las políticas punitivas por sí solas no pueden romper.
De acuerdo con el abogado Wilfredo Rubio, la niñez que delinque ha sido reclutada desde los seis años de edad por las estructuras criminales. “Desde que tienen conocimiento (niñez), empiezan a tener esa formación, son como tribus urbanas”, señaló el criminólogo.
Además, el abogado destacó que a la niñez que es cooptada, se les inculca el odio, entre otras cosas –durante al menos seis años—, lo que indica que al llegar a los doce de años de edad “ya están listos para ser utilizados”, enfatizó Rubio.
En ese sentido, señaló que un niño sometido a “un lavado de cerebro”, no tiene el mismo juicio de un niño que se desarrolla en un ambiente libre de violencia.
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SIN ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN
La propuesta de reducir la edad punible en Honduras pone de relieve una problemática más amplia: la falta de estrategias de prevención de la delincuencia juvenil.
Defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil han señalado que endurecer las penas no resolverá las raíces de la criminalidad juvenil, que a menudo están ligadas a factores socioeconómicos y la ausencia de políticas públicas efectivas para la prevención del delito.
Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos humanos (Ciprodeh), enfatizó que cuando se le da a la niñez, las condiciones y alternativas, la posibilidad de ser cooptados por el crimen organizado se ven reducidas.
Además, enfatizó que en Honduras existe la necesidad de actuar como un sistema que ejecute programas de prevención de la violencia en donde converjan las instituciones estatales, organizaciones de sociedad civil y la sociedad en general.
Actualmente, en el sistema de justicia juvenil apenas hay 122 niños y niñas distribuidas en cinco centros de internamiento juvenil. Mientras tanto, el sistema penitenciario nacional, de acuerdo a datos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh), alberga en promedio a 19,141 personas adultas (17,982 hombres y 1,159 mujeres) en sus 25 centros penitenciarios.
