Por: Redacción CRITERIO
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La Coalición Contra la Impunidad denunció este jueves que la Confraternidad Evangélica de Honduras pretende manipular la Asamblea de Sociedad Civil en el proceso de selección, nominación y elección de las y los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) e imponer ante la Junta Nominadora al pastor Alberto Solorzano.
“Hemos conocido denuncias en el sentido de que la Confraternidad Evangélica de Honduras, pretende manipular la Asamblea de Sociedad Civil, imponiendo a su candidato como representante propietario ante la Junta Nominadora, con la pretensión de representar y defender los intereses del actual gobierno”, expresó la coalición mediante un comunicado leído durante una rueda de prensa.
“Hay una denuncia que hay una intención malévola de que el pastor Alberto Solorzano, de la confraternidad Evangélica sea parte de esta Junta Nominadora, aparentemente estas manipulaciones vienen del presidente de la República, señor Juan Orlando Hernández”, dijo la defensora de los derechos de la mujer y miembro de la Coalición, Gilda Rivera.
La denuncia fue expuesta horas antes de la instalación de la Asamblea de Sociedad Civil, prevista para este viernes a las 8:00 de la mañana en las instalaciones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), donde se estaría haciendo efectiva la imposición de Solorzano.
La Coalición Contra la Impunidad, además señaló que “existen denuncias de que el gobierno está facilitando, en clara desventaja, la inscripción de ONGs progubernamentales para imponer un candidato ante la Junta Nominadora”.
Al respecto el director del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) y miembro de la Coalición, Wilfredo Méndez, dijo que de momento el proceso evidencia una clara desventaja porque hay muchos sesgos e intereses del gobierno.
Agregó que de las siete representaciones ante la Junta Nominadora, cinco están en manos del gobierno, “lo que preocupa profundamente por el hecho de querer comprar siete años más de impunidad y eso es altamente grave para la nación en función de que si el sistema de justicia está coaptado, sencillamente aquí no hay nada más que hacer que rendir pleitesía a la corrupción y a la impunidad”.
Méndez precisó con nombre y apellido a los representantes de las organizaciones que integran la Junta Nominadora, que según él, tienen una actitud servil frente al gobierno. En ese sentido apuntó que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Roberto Herrera Cáceres, es un activista del Partido Nacional.
En esos mismos términos se refirió al presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), José Luis Valladares, quien—dijo— es un empleado del gobierno, por lo tanto “está servicio del Partido Nacional”.
Bajo esa misma condición, Méndez citó al representante del claustro de profesores de Derecho de las universidades, Corte Suprema de Justicia y clase trabajadora.
Añadió que se está a la expectativa de lo que ocurra con el representante de la empresa privada y de la misma sociedad civil.
Aclaró que no se critica el hecho de tener una preferencia política, sino que las ejecutorias en la vida y ser servil a un partido político.
Asimismo dijo que la denuncia se está haciendo a tiempo, de manera que se hagan los correctivos antes de llegar al proceso de elección.
Por su parte el coordinador de la Coalición Contra la Impunidad, Guillermo López Lone, dijo que pese a las denuncias, que develan el control político de la clase gobernante y económica, se le apuesta al proceso, “ya que como sociedad civil tenemos una alta responsabilidad de conocer desde adentro todas irregularidades, de poderlas discutir, de poderlas denunciar y evidenciar que este proceso estaba viciado y que obedecía a esos intereses”.
“Sino participamos dentro del proceso nos quedamos con una denuncia que puede ser fuerte y nuestro papel es de convertirnos en veedores activos”, concluyó.
La Coalición Contra la Impunidad, ha denunciado en los últimos días que no se ha garantizado la participación en condiciones de igualdad a todas las ONGs de sociedad civil, que desean participar en el proceso, por lo que el pasado 25 de agosto interpuso un recurso de Amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
