Por: Alberto Arce/NewYorkTimes
Para quienes viven en América Central, la escena es recurrente: un canal de televisión conecta en directo con una colonia en San Salvador, San Pedro Sula o Tegucigalpa. Vemos a familias pobres subiendo sus pertenencias en un camión y huyendo, dejando vacías calles enteras. A veces muestran un papel, una amenaza; otras veces ni eso. Basta con que la pandilla haya hablado: tienen uno o dos días para irse. Sucede que no han pagado la extorsión, el impuesto de guerra que las pandillas cobran a gran parte de la población, o que los homies crean que un adolescente del barrio ha hablado con la policía.
Terminan acampados en los parques como paso previo a la huida hacia el norte, a los Estados Unidos. En el camino a través de México muchos sufren graves violaciones de sus derechos humanos y, al llegar a su destino, son detenidos y deportados al mismo lugar del que se vieron forzados a huir.
Pocas veces se siguen sus historias.
Por eso, el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, ha viajado a Honduras para la presentación del informe “¿Hogar, dulce hogar? El papel de Honduras, Guatemala y El Salvador en la creciente crisis de refugiados”.
Shetty quiere llamar la atención sobre algo que ya ha señalado el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados: que gran parte de la población que abandona el Triángulo Norte centroamericano (Guatemala, Honduras, El Salvador) tiene derecho a pedir asilo y a que sea evaluada su solicitud de refugio porque huyen de una situación de violencia generalizada. No en vano, Honduras, Guatemala y El Salvador tienen los índices de homicidios más altos del mundo.
Shetty no habla por hablar: “Es algo que todos los gobiernos de la región, especialmente los del Triángulo Norte, reconocen”, dice. “En Amnistía Internacional creemos que eso los califica como refugiados. Que no huyan de la guerra no significa que no huyan de condiciones similares a las de la guerra”.
Entre 2010 y 2015 el incremento del número de solicitudes de asilo presentadas en todo el mundo por personas de El Salvador, Honduras y Guatemala ha sido del 597 por ciento. Unas 48.000 personas de estos países pidieron asilo en otros países en 2015, el doble que en 2014.
Como respuesta hay deportaciones
Según datos de la Secretaría de Gobernación de México, el incremento del número de deportaciones de México a El Salvador entre 2010 y 2015 se incrementó en un 231 por ciento. A Honduras, el 145 por ciento. A Guatemala el 188 por ciento.
Como máximo representante de una organización activista, Shetty señala: “Queremos que esta crisis de refugiados que hoy es invisible sea visible y queremos pedirle a los gobiernos de la región que adopten las medidas de protección necesarias en dos niveles: que no se produzca la huida debido a la violencia de las pandillas y que se proteja a quien regresa en ese contexto de deportaciones masivas. México y Estados Unidos están enviando gente deportada de vuelta a estos países —hay un gran incremento de esas cifras— y estos deportados, si bien son recibidos al llegar a su país, se quedan sin protección en cuanto dejan el centro y regresan a las mismas zonas que han abandonado. Al peligro. Algunos son asesinados”.
Cuando de responsabilidades y contextos se trata, Shetty señala directamente al norte. A semanas de las elecciones en Estados Unidos, dice que “ni Hillary Clinton ni Trump han hablado de esto en la campaña. No se habla de esta crisis en su frontera sur”. La vinculación, para él, es clara. Tiene relación con Estados Unidos porque en la base de esta violencia generalizada está la droga, y la mayor proporción de consumidores de esa droga está allí, en Estados Unidos. “Por eso cuesta entender que ninguno de los dos diga nada concreto al respecto. Aunque Trump propone, pero propone construir un muro”.
Estados Unidos aprobó en 2015 el Plan para la Alianza por la Prosperidad del Triángulo Norte, que supone una inyección de alrededor de mil millones de dólares en la región. Shetty critica que “no sabemos lo que eso significa en la práctica” y aunque reconoce que es positivo que haya “una inyección masiva de dinero del gobierno de Estados Unidos en esta región, que habla de pobreza y de condiciones sociales”, hace hincapié en que es un problema serio que “no detallen que van a hacer con las personas que huyen de la violencia y con los que ven sus derechos humanos violados de manera sistemática” porque, en su análisis “hay una fractura entre los valores declarados y las acciones emprendidas”.
Además, recalca Shetty desde Tegucigalpa, donde presentó su informe, esta discusión no puede darse sin tomar en cuenta el contexto de derechos humanos en el país, Honduras. Que es lamentable. Shetty señala que “lo más alarmante en Honduras es la cuestión de la impunidad. Parece que puedes hacer cualquier cosa y salirte con la tuya. La relación entre las pandillas, la policía y el Estado es muy preocupante, cada parte culpa a la otra de los que sucede y mientras tanto el índice de impunidad es del 95 por ciento”.
Mientras tanto, la reacción del gobierno de Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, es negar la realidad. “Si hablas con la gente que está en el terreno”, detalla Shetty, “la percepción de la población respecto de su situación es totalmente diferente, mucho más negativa, que la que transmite el gobierno”.
Algo que tampoco vuela en el vacío. Lo mismo que sucede en Honduras, sucede fuera de sus fronteras, en toda la región. “La situación se deteriora en Centroamérica en general y es muy preocupante ver la falta de responsabilidad que los Estados vecinos de la región toman en la situación”.
