Por: Rodolfo Pastor Fasquelle
El miedo a la constituyente es otra forma de miedo al pueblo. Uno de los móviles singulares del singular golpe del 28 06 09 y uno de los principales temores hoy del golpismo es la propuesta de constituyente, de un cambio de la ley fundamental, que la Cuarta Urna proponía consultar y que LIBRE promete, para resolver las contradicciones legales en que se atora el estado, lo que hoy llamamos refundación.
La oposición viene desde distintas esquinas del espectro ideológico. Sorprenden menos las resistencias conservadoras al planteamiento porque el conservadurismo se fundamenta en el concepto de que hay que preservar el orden vigente, antiguamente porque expresaba una voluntad sobrenatural y en tiempos modernos, para defender la estabilidad, que se presume mejor para todos, y prevenir las revoluciones a las que se concibe como consustancialmente desorden. Los conservadores argumentaban que, para ser aceptable, el proyecto de constituyente tendría que especificar de antemano ¡exactamente que parte del documento se propondría cambiar el soberano! Eso repetía una y otra vez un célebre intelectual del PN.
Particularmente incongruentes parecen las resistencias de quienes se llaman a sí mismos liberales, uno de los cuales recién declara que “votar por una constituyente originaria es darle un cheque en blanco a aventureros irresponsables”, sin ser el claro ejemplo de responsabilidad por cierto, ni explicar cómo llega a esa descalificación contra los constituyentes aún no electos. Al menos el liberalismo originario entendía a la sociedad como un organismo cambiante, planteaba la necesidad de un pacto social y un proceso necesariamente continuo de búsqueda de un orden racional para constituir la sociedad.
Queda claro que, como en el golpe, no hay hoy discrepancia entre el PN y el PL. El bipartidismo se expresa al unísono sobre el imperativo de mantener las cosas como están, aterrado por el prospecto de cambio. Especialmente feroces se mostraron contra este prospecto “los constituyentes del 82”, Carlos Flores F, Juan R. Pineda es decir quienes participaron en aquella asamblea y que, en efecto, trataron de ponerle un candado sin llave al documento, gran parte del cual es pétreo, una constitución que quiere ser eterna.
Y un grupo que claramente se ha beneficiado de ella, según vemos su poder y recursos. Sin embargo la mayoría de los hondureños hoy NO consideramos que quienes redactaron la “intocable” constitución de 1982, políticos de los partidos tradicionales en franca retirada nos representaran del todo.
Me atengo a lo que declaran los especialistas. El historiador más calificado del derecho constitucional, el Abogado Moncada Silva, por un lado recuerda que Honduras lleva ocho constituciones y ninguna ha sido fruto de un genuino pacto social, es decir de una negociación concertada entre los distintos componentes de la sociedad, sino un entendimiento de una elite.
En una democracia, los hombres, y las mujeres por supuesto, solo estamos obligados a obedecer las leyes a las que les hemos dado nuestro consentimiento.
Es porque se supone que la ley democrática tiene que reflejar un pacto y porque las sociedades evolucionan que las constituciones que puntillosamente regulan su funcionamiento tienen que adaptarse también. Por lo demás, no puede ser eterno un documento legal, no ha habido hasta ahora nada que lo fuera, los imperios, ni las religiones ni las naciones ni sus ideologías. Todo cambia continua y cada vez mas aceleradamente cuando las sociedades se urbanizan y e industrializan.
La constituyente es inevitable porque la gente la quiere y tiene derecho a exigirla. Ese deseo se fundamenta en la constatación de que el supuesto orden legal vigente es disfuncional. Y en tercer lugar hay un consenso de que ese orden jurídico se rompió con el golpe y nada lo pudo restañar ni podrá hacerlo la rara idea de que aquí no paso nada.
La constituyente NO será fácil. Cada uno de los sectores representados en esa asamblea asistirá a defender su interés particular. Y habrá que llegar a un equilibrio que necesariamente compense las exigencias de los unos y los otros. Para conseguir la sanción del pueblo, ese producto después tendrá que ir a un referéndum, y satisfacer el mínimo de las demandas de la mayoría, en función de un concepto que todos suscribimos, de la justicia. Todos queremos vivir en una sociedad justa y no se puede convivir con un orden legal que nadie respeta.
Tengo un consuelo para los conservadores que quizás sirva también de aviso a los más intrépidos ingenieros sociales. Las sociedades no se pueden reinventar. Lo que se va a refundar es un orden jurídico. Pero este no puede hacer tabla rasa de las realidades material e ideológica de la sociedad, puede regular pero no cambiarlo todo, sin alto costo.
Mucha gente tiene ideas muy diferentes de la sociedad ideal y al final del día todos tienen derecho a expresar esas opiniones y a que se respeten los derechos que llamamos naturales y universales desde hace siglos. A la vida y la integridad, a la dignidad y la libertad, a la propiedad también como a la privacidad. Nadie va a traicionar a la revolución pero la Revolución no puede traicionar a nuestra cultura, nuestras convicciones más intimas, no puede hacer caso omiso de las realidades del mercado, de la geoestratégica mundial, incluyendo el poderío, por mucho que les disguste, de los EUA. Todo eso va a estar ahí al día siguiente y si una virtud particular tiene el pueblo de Honduras es que es sumamente realista y reacio a las dogmáticas.
El pueblo que nadie debe temer, también es práctico y no va a tolerar que se juegue con las condiciones mínimas de su bienestar. Porque Juan Orlando tiene razón cuando dice que la ley injusta no es válida. Y la ley primaria de 1982 no es justa; si lo fuera, después de 30 años de vigencia, habría generado una sociedad justa. ¿Quién teme a la justicia?
