Por: MADJ
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El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) a partir de la acusación realizada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la que se vincula a tres miembros de la familia Rosenthal Oliva y a siete empresas de su propiedad aglutinadas en el Grupo Continental al delito de lavado de activos, a partir de lo cual la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) de Honduras declaró la liquidación forzosa de Banco Continental indica lo siguiente:
Desde el punto de vista humano, ético y jurídico precisamos:
Este hecho nos permite ratificar que la utilización de la banca nacional e internacional para legalizar capitales provenientes de todas las formas del crimen, es parte de la perversidad del modelo económico imperante que se fundamenta esencialmente en la acumulación a cualquier costo, despreciando el respeto a la dignidad humana como el referente ético que debe imperar en cualquier tipo de relaciones en el país y el mundo.
Al hacerse público, por parte de autoridades de Estados Unidos, que supuestamente Banco Continental participaba del lavado de dinero proveniente del narcotráfico desde 2004 hasta 2015 sin que el Estado y gobiernos de Honduras interrumpieran ese comportamiento criminal demuestra, por un lado, la natural connivencia entre las mafias económicas y financieras y la institucionalidad pública y privada del país.
También nos permite contemplar una vez más, con vergüenza e impotencia, el servilismo y sometimiento absoluto de las autoridades del actual gobierno (como lo han hecho los anteriores) a los dictados del Estado y gobierno estadounidense, no se puede entender de otra manera el hecho que la CNBS velozmente ordene la liquidación de Banco Continental y luego la embajada de Estados Unidos en una clara e inadmisible intervención avale dicha decisión públicamente.
Si Banco Continental y otras instituciones del sistema financiero nacional han convertido en práctica común el lavado de dinero, la impunidad de la que hasta ahora han gozado impone la obligación de investigar y procurar sancionar penalmente a los presidentes y directores de la CNBS y otras instituciones del Estado que sabiendo de estas prácticas, se volvieron coautores o cómplices de estos delitos y de las graves consecuencias que ahora sufren miles de familias hondureñas.
A nivel económico señalamos que:
La decisión gubernamental, a través de la CNBS, de desarrollar una liquidación forzosa y no una liquidación voluntaria de Banco Continental, sin que se establezcan los argumentos técnicos de soporte, nos genera una duda razonable si Honduras está en el inicio de un descalabro en cadena del sistema financiero y por ende de la economía en general del país.
Señalamos que es irresponsable por parte de las principales autoridades del país indicar que este es un “problema entre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Grupo Continental”, puesto que la liquidación del banco y la intervención de otras seis empresas implica la pérdida potencial de 11 mil fuentes de trabajo directos (más los indirectos), el congelamiento total o parcial de 222 mil cuentas bancarias, el posible cierre de empresas o micro empresas prestadoras o receptoras de servicios, retrasos en el acceso a recursos que afectan la sobrevivencia diaria de sectores importantes de la ciudadanía como los receptores de remesas, pensionados o jubilados.
De igual forma, sin ser especialistas económicos estamos seguros que esta decisión y su efecto dominó en la banca nacional tendrá un impacto nefasto en la ya débil economía hondureña. Los indicadores de crecimiento económico serán aún más bajos, reducción de las reservas internacionales, mayor inflación, pérdida de competitividad, menor inversión, un posible aumento de las tasas de interés bancario, entre muchas otras cosas. Es decir que el costo de esta decisión la terminaremos pagando los mismos de siempre: la clase media y las mayorías pobres del país.
¿Quién o quiénes se beneficiarán de la liquidación forzosa?, ¿qué nuevo banco o nuevos grupos empresariales se quedarán con la cartera crediticia que manejaba Banco Continental? Entendemos, por declaraciones de especialistas en la materia, que Banco Continental manejaba una buena porción de los créditos al sector agrícola y avícola del país y en proyectos de infraestructura a gran escala.
Finalmente, condenamos y deploramos la ineficiencia y lo voluble del trabajo de la CNBS en su labor de controlar y fiscalizar a la banca nacional. Con la actuación de esta dependencia queda demostrado una vez más la debilidad de la institucionalidad pública y la sumisión de todo el quehacer público al Poder Ejecutivo.
Como MADJ exigimos:
Una salida social y humanamente responsable y económicamente sostenible para todas las personas afectadas directa e indirectamente con la liquidación del Banco Continental y del resto de empresas del Grupo Continental.
Que el Estado de Honduras informe a detalle a la población de la situación real en que se encuentra todo el sistema financiero y actue diligentemente de cara a las acusaciones que desde ya se están formulando en contra de otros bancos y financieras.
Exigimos castigo para los empresarios corruptos que hacen del sistema financiero nacional una fábrica de lavado de dinero sucio a costa de manchar el dinero de los y las ahorrantes. De igual forma, exigimos castigo para los funcionarios ineficientes e igualmente corruptos que esconden estas perversiones financieras y sólo actúan cuando intervienen entidades foráneas como es el caso del Banco Continental o cuando les es “políticamente beneficioso”.
Demandamos seguridad financiera para toda la población hondureña, seguridad laboral para la clase trabajadora y un verdadero acceso informativo a los informes que revelan lo que está aconteciendo actualmente con el sistema financiero nacional.
Transparencia en el manejo de los capitales bancarios, que la banca deje de invertir en la política del país y que los políticos del país dejen de intervenir en la banca.
En el MADJ nos pronunciamos por una Honduras libre de empresarios saqueadores, de funcionarios corruptos y llamamos a la población hondureña a exigir transparencia y justicia económica en el sistema financiero nacional.
