Por: Tomás Andino Mencía
Los medios de comunicación alineados con quienes defenestraron al presidente, Pedro Castillo, nos han vendido la idea de que lo ocurrido fue el intento de un loco presidente campesino que quiso dar un golpe de Estado y que fue parado a tiempo por la “justicia” peruana.
Ésta interesada versión de las cosas es la versión que la oligarquía fujimorista y los voceros del imperio en todo el mundo, que han difundido para a su vez dar un mensaje internacional de que ellos terminaran aplastando cualquier intento de cambiar el estatus quo existente.
En realidad, para entender lo ocurrido no basta con enterarse de los acontecimientos de estos últimos tres días; hay que apreciar el conjunto del proceso que incluye, por un lado, el proceso de construcción golpista que ha venido tejiendo la gran burguesía peruana en este año y medio de gobierno, pero también los errores que cometió el gobierno de Castillo, que lo volvieron vulnerable a aquellos ataques.
En estos dieciséis meses de gobierno progresista en Perú, Pedro Castillo no contó con una mayoría de diputados en el Congreso, ni con la imparcialidad del poder judicial regular y del Tribunal Constitucional, dominados por el fujimorismo ultraderechista (nombre que viene de su lideresa, Keiko Fujimori).
Estos poderes realizaron un sistemático boicot a su gestión bloqueando más de 70 iniciativas de ley, muchas de estas orientadas a beneficiar al Pueblo peruano, obstaculizando permanentemente su desempeño. Como resultado, el gobierno se encontraba maniatado para gobernar y sus ministros renunciaban constantemente, por su incapacidad de poder ejecutar sus planes, entre otros motivos.
Tanta fue la agresividad del Congreso que este había intentado destituir al presidente en dos ocasiones anteriores con argumentos totalmente infundados sobre la “incapacidad moral” del mandatario.
En realidad, se trataba de una agresiva campaña racista y clasista, de parte de la gran burguesía y de sus medios tarifados de comunicación para justificar un “golpe técnico” contra el presidente. Siguiendo esa línea, para esta semana el Congreso tenía preparado un tercer intento de «vacarlo» de la presidencia, igualmente infundado, pero aún más fuerte que los anteriores pues parecía imparable por contar con los votos necesarios.
Acorralado y abandonado por su propio partido, parte de su bancada y por algunos de sus ministros, el presidente Castillo estaba prácticamente aislado e impotente para actuar. Es en este punto que a mi juicio tomo una decisión errónea: en lugar de movilizar al pueblo llamándolo a volcarse a las calles a defender su gobierno y sus propuestas, en especial su propuesta de una Constituyente que diera salida a esa crisis crónica del sistema político peruano, Castillo decidió apoyarse en la supuesta “lealtad” de sus Fuerzas Armadas para hacer a un lado el impopular Congreso y convocar a elecciones para elegir un nuevo Poder legislativo, utilizando las facultades que le otorga la Constitución.
Según el artículo 134 constitucional: «El presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de ministros».
Por consiguiente, en las últimas dos semanas Castillo se enfocó en un debate leguleyo contra el Congreso y contra el Tribunal Constitucional sobre si el primero había negado en dos ocasiones la figura de “la confianza” a su Consejo de ministros, para luego justificar la disolución de aquel.
Pero para cualquier observador informado, este era un debate que de antemano lo tenía perdido, ya que, independientemente de que Castillo tuviera razón en su crítica, la facultad para interpretar si hubo o no “negación de confianza” no la tiene el Ejecutivo, sino el mismo Congreso; y para agravar las cosas, ambas instancias están dominadas por su principal enemigo político, el fujimorismo. La burguesía actuaba en su propia salsa y con sus reglas del juego.
Lo que siguió fue la consecuencia de ese error. Con el pueblo desmovilizado, Castillo confió en la promesa que le hicieran altos jerarcas militares para desafiar al Poder legislativo y al Tribunal Constitucional (que había fallado en su contra) pronunciando un discurso en el que disuelve al primero, reorganiza el Poder Judicial, convoca a elecciones, llama a una Constituyente y se propuso gobernar a punta de Decretos-ley.
Pero contrario a lo que pensó, las Fuerzas Armadas lo traicionaron y junto a la Policía se pusieron del lado de la institucionalidad burguesa, como es lo natural en un Estado burgués.
Significa que Castillo cayo enredado en la trampa que le tendieron los políticos oligarcas y la cúpula militar, que esperaban cualquier paso en falso para caerle encima. Ahora ese maestro rural que oso disputar el poder contra la oligarquía corrupta del Perú está sometido a la justicia burguesa, acusado del delito de “Rebelión”, que según el artículo 346 del Código Penal del Perú, solo se aplica a quienes se alzan en armas; con el riesgo de purgar entre diez y veinte años.
Sin embargo, la historia todavía no ha sido escrita por completo. El Congreso peruano es una institución repudiada por el 90% de la población; que impuso a una presidenta también impopular. Por eso, las diversas organizaciones sociales del Perú profundo, campesinas e indígenas, han comenzado a moverse saliendo a las calles para defender su gobierno.
No sabemos si esta lucha será suficiente para doblarle el brazo a la gran burguesía peruana, pero lo cierto es que tampoco la tiene fácil el nuevo gobierno de la flamante vicepresidenta Dina Boularte, que asumió la Presidencia en sustitución de Castillo. Tiempos agitados le esperan al Perú.
Moraleja de esta historia: Para promover un cambio en un país, NO se puede confiar en la institución militar, como lo hizo hoy Castillo, y como lo hizo en el pasado Salvador Allende en Chile, porque apenas confíes en su lealtad, te sacaran los ojos como los cuervos.
La cúpula militar en la mayoría de los países latinoamericanos obedece a los dictados del Pentágono y el Comando Sur, y a nadie más. Por tanto, nada puede sustituir la organización y movilización popular si lo que se quiere es hacer cambios estructurales en un país. O lo entiendes, o te tumban.
