Por: Tomás Andino Mencía
Desde el 27 de enero de 2022, cuando la primera mujer tomo posesión de la Presidencia de Honduras, nuestro país entró en una nueva etapa del conflicto social y político que históricamente ha dividido a nuestra sociedad, entre quienes queremos el cambio social y quienes, desde sus posiciones de poder económico, político y militar, se resisten a este.
Esta nueva etapa se caracteriza por la pérdida del hegemonismo sobre el Estado por parte de las fuerzas políticas de la gran burguesía, pero tambien por la conducta incoherente del nuevo gobierno en el que se han depositado las expectativas del cambio que anhela el país.
EL HORIZONTE PRO-CAPITALISTA DE LAS REFORMAS DEL ZELAYISMO
Con los mencionados hechos históricos, muchos sectores populares vieron renovadas sus esperanzas que sus demandas por un mejor país serían resueltas. Había motivos para creerlo porque el partido LIBRE lo integran la mayoría de los que anduvimos en las calles después del Golpe de Estado; pero también por otra razón, y es que Xiomara inició una ruta de reformas importantes a varios niveles, que han despertado mucho entusiasmo en buena parte del pueblo que participó en la Resistencia Popular.
Pero estas reformas, no son exactamente lo que muchos piensan, así que vamos a lo concreto y hablemos de ellas.
Entre las reformas aprobadas en el nuevo gobierno en sus primeros dos años, y sin ánimo de ser exhaustivo sino únicamente de apreciar tendencias, encontramos decisiones claves como las siguientes:
Se aprobaron leyes que favorecen el rescate de la empresa de energía eléctrica, que había sido descuartizada para entregar sus pedazos a inversionistas privados vinculados al narco gobierno de JOH, mientras se renegocian y revisan los leoninos contratos con los generadores de energía.
Se ha prohibido la “minería a cielo abierto”, que tanto daño causaba en las fuentes de agua de las comunidades. Se prohibieron las concesiones a las cuencas hidrográficas, parques nacionales y bosques nublados, entonces privatizadas, porque prácticamente nos íbamos a quedar sin estas.
Se derogó la Ley de Trabajo por hora y la Ley Marco de Protección Social, que vulneraban los derechos de los trabajadores.
Se derogó la Ley Orgánica de las ZEDE, que estaba entregado a pedazos al país a anarco capitalistas extremos. Se eliminaron 19 decretos que legalizaban la práctica del fideicomiso bancario.
Se derogó la Ley Especial de Alianzas Público-Privadas y las cuentas que cada entidad del estado llevaba por separado, uniéndolas en una Caja Única del estado, pues aquellas eran fuente de una tremenda corrupción y saqueo a manos llenas.
Se han fortalecido las principales empresas de servicios públicos (en la ENEE, Hondutel y SANAA) de las manos de empresas privadas voraces, que amenazaban con destruirlas.
Se abrieron relaciones diplomáticas y de cooperación con China; y se diversificó la cartera de organismos financieros con la adhesión al CAF y al Banco de Desarrollo de los BRICS.
Así como estas, muchas otras reformas están en la agenda del nuevo gobierno.
Puede notarse que la intencionalidad de estas reformas es revertir el neoliberalismo salvaje a que fue sometido el país después del golpe de Estado de 2009, en particular por la narcodictadura de JOH, rescatando al Estado burgués y sus instituciones claves del pequeño grupo criminal enquistado en el poder que prácticamente estaba desmantelándolo.
Pero también puede observarse que estas medidas no pretenden desmontar las estructuras de explotación del sistema capitalista y sustituirlas por un sistema de economía estatal, donde el poder resida en organismos de Poder popular. Su propósito es restaurar el Estado capitalista y modernizarlo, haciéndolo más incluyente, menos despilfarrador, más abierto a la participación de toda la clase capitalista y menos dependiente de una sola fuente externa de mercancías y capitales; es decir, hacerlo más funcional para desarrollar un capitalismo nacional.
EL PROYECTO REFORMISTA Y SUS LÍMITES DE CLASE
¿Coincide este proyecto histórico con nuestros intereses como Pueblo? Hasta cierto punto. Coincide en que este sector capitalista busca hacer cambios que contradicen los intereses de la oligarquía semifeudal dominante, algo que tambien quiere el movimiento popular; pero dejamos de coincidir cuando el reformismo burgués comienza a perseguir su objetivo final, que es acumular capital, no beneficiar a las mayorías populares en sí, como haría un Socialismo en manos del Pueblo. Ese es su objetivo primordial, fuera de los adornos de la propaganda oficial. En ese sentido, no podemos coincidir en muchos aspectos con el reformismo liberal porque este obedece a una clase social diferente a la nuestra.
Eso explica por qué los proyectos del nuevo gobierno no se orientan a generar leyes que afecten la propiedad privada burguesa, mucho menos que la expropien, como una transformación agraria profunda; tampoco se orientan a generar formas de economía popular que sustituyan a las empresas capitalistas, elevar el nivel de vida de la clase trabajadora a niveles superiores, fomentar la organización autónoma del pueblo a lo largo y ancho del país, ni construir un estratégico sector estatal de la industria, la banca, el comercio y los servicios en base a la nacionalización de los sectores claves de la economía ni los sucios negocios de la gran burguesía y del capital extranjero. Se limita a fomentar y apoyar la inversión privada nacional e internacional, fortaleciendo al Estado capitalista para que sirva de soporte a esa inversión, siempre que esta no la acapare un puñado reducido de grandes burgueses, pues los pequeños y medianos burgueses que ahora tienen las riendas del gobierno, tambien aspiran a ser “grandes”.
En ese esquema, se parte del supuesto que el pueblo se beneficiaría como efecto colateral del “derrame” de riqueza que tal modernización produciría, porque en la teoría keynesiana que le sirve de sustento, requiere que el Estado capitalista se fortalezca para que haya una población con capacidad de compra, aunque no con salarios muy elevados de la mano de obra pues salarios altos ahuyentan la inversión capitalista nacional y extranjera.
Esta fue la misma estrategia de desarrollo y tambien la fuente de conflictos de todos gobiernos liberales y reformistas que han existido en nuestra historia, como Marco Aurelio Soto, Ramón Villeda Morales, y en su momento Manuel Zelaya Rosales, incluido el reformismo militar del segundo mandato de Oswaldo López Arellano, que pusieron su esperanza de desarrollo en el fomento de la inversión extranjera y nacional.
El gran adversario del reformismo liberal, a lo largo de la historia, han sido los partidos y gobiernos conservadores que siempre han abogado por un sistema cerrado de privilegios basados en la propiedad latifundista. Estos sectores abogan por un sistema no competitivo, basado en feudos, en el despojo, la usura, la corrupción, la eliminación de las regulaciones del Estado, en someter a la clase trabajadora a relaciones de servidumbre; en mantener mercados cautivos no desarrollados; y para rematar, en ser sumisos al gran capital imperialista hegemónico. Desagraciadamente, este ha estado en el poder en Honduras por mas de un siglo.
En comparación con estos últimos, los reformadores liberales son progresistas, en el sentido burgués del término, y por eso no es casual que su discurso seduzca a un movimiento popular que carece de proyecto propio. Como ya se dijo, si bien, el Pueblo explotado puede acompañar al proyecto reformista hasta cierto punto, para deshacerse de la vieja oligarquía vendepatria y corrupta, sin embargo, no se debe tener la ilusión de que el proyecto liberal reformista coincide con las aspiraciones más profundas del movimiento popular hondureño, que es acabar con el sistema de explotación de raíz.
Basta recordar que fueron los liberales reformistas del siglo XIX quienes abrieron las puertas a la inversión de los monopolios imperialistas, como las empresas mineras y bananeras.
En tal sentido, el pregonado “Socialismo Democrático” no es en sí un proyecto realmente socialista, construido desde una revolución popular, sino un proyecto ideológicamente liberal burgués que busca su objetivo mediante un proceso de reformas del actual Estado, al que aspira gobernar hegemónicamente, no a destruirlo. En otras palabras, lo que le interesa es promover una apertura y modernización de lo que ya tenemos como Estado.
Pero aquí viene un tema que nos ayudará a comprender lo que hoy día pasa en el país. Dado que tanto la gran burguesía conservadora como la emergente burguesía y pequeña burguesía reformista, aspiran en el fondo a mantener el sistema capitalista y su Estado, esto hace que la contradicción que las enfrenta no sea una contradicción irreconciliable, antagónica, fundamental; sino una contradicción secundaria, no antagónica y por tanto potencialmente reconciliable.
Nuestra historia está llena de episodios de confrontación entre ambas facciones de la burguesía, pero tambien de claudicaciones y traiciones del liberalismo ante el conservadurismo.
Ahí reside su novedad y a la vez la limitación de clase del actual proyecto del gobierno de Xiomara Castro y del Partido LIBRE.
ESTANCAMIENTO DEL PROCESO DE REFORMAS
Dicho lo anterior ¿cómo le está yendo al gobierno y al Partido en el poder en su conflicto con los neoconservadores?
A pesar de tener el control de importantes cuotas de poder en el Estado, no todo ha sido color de rosa, ni todo va viento en popa en este proyecto. Hasta ahora, en la mayoría de los casos estos cambios se han quedado en buenas intenciones. Los cambios perceptibles se han dado a nivel de algunas decisiones del Poder Ejecutivo que no pasan de ser paliativos poco sostenibles, como el subsidio de la tarifa eléctrica, el subsidio al transporte y al combustible, el apoyo con bonos solidarios a campesinos o un pobre aumento al salario mínimo, entre otros; que sin duda son necesarios, pero que por si mismos no transforman nada, ni sacan a nadie de la miseria, porque caen en la práctica de un asistencialismo básico.
La mayoría de las leyes que implican cambios o reformas algo más profundas, hasta ahora han tenido cualquiera de los siguientes destinos:
- Algunas leyes reformistas no han concluido su proceso de aprobación en el Congreso, como la Ley de Justicia Tributaria y la Ley Integral de Protección Social;
- otras han fracasado en ser aprobadas, como la no aprobación de la Ley contra el Embarazo Adolescente y la no ratificación de la derogación de reformas constitucionales que sustentan las ZEDE; y,
- la mayoría de las que lograron ser aprobadas, encuentran un muro de oposición de los enemigos del proceso, o no cuentan con los recursos económicos suficientes para hacerlas efectivas, como ocurre con las nuevas políticas de vivienda social, apoyo a los campesinos, a los micro productores, la reparación de escuelas, equipamiento de hospitales, entre otros.
Es paradójico que, para impulsar algunos de estos programas, el gobierno tiene que recurrir al financiamiento externo, y el más disponible es el de su principal adversario internacional, el gobierno gringo, a través de la USAID, quienes inundan de recursos los programas gubernamentales para condicionar su orientación, obviamente opuesta a todo lo que huela a transformación reformista.
No obstante, el principal problema que tiene este proceso reformista es que el gobierno que lo impulsa está comenzando a mostrar síntomas de retroceso respecto al impulso inicial.
- CEDIENDO TERRENO A LAS FUERZAS EMPRESARIALES DE LA OLIGARQUÍA
El primer síntoma de este retroceso es que varias de las más importantes reformas tocan con “pinzas” a la gran burguesía y les dan concesiones en la práctica. Para muestra tres botones.
La derogación de la Ley Orgánica de las ZEDE no fue complementada con la ratificación de la derogación de los artículos constitucionales que permiten estas zonas neocoloniales, de lo cual se vale la ZEDE Prospera para continuar expandiéndose en total impunidad, incluso haciendo experimentos con seres humanos, según han denunciado científicas hondureñas.
La redacción del proyecto de Ley de Justicia Tributaria fue modificada después de someterla a consulta con los grupos empresariales, de manera que, si fuera aprobada, no afectará en los próximos diez años a los actuales burgueses que utilizan las exenciones fiscales sino solo a los nuevos que pretendan utilizarlas, con lo cual la oligarquía metida en sus sucios negocios continuará exenta y enriqueciéndose por diez años más.
En contravención de la prohibición de la explotación forestal y minera, en varias regiones del país estas empresas continúan operando sin control gubernamental, pese a no tener licencias ambientales o a afectar áreas protegidas, con lo cual destruyen los ecosistemas, afectan las fuentes de agua y la salud de muchas comunidades, como ocurre en el norte de Olancho, Guapinol (Tocoa) y en La Moskitia, entre otros.
- ¿GOBIERNO “¿SOCIALISTA” ¿DESALOJANDO A POBRES A PETICIÓN DE RICOS, Y A SU PROPIA BASE?
Relacionado con el anterior, el segundo síntoma de retroceso del proceso reformista es que algunas medidas que ha tomado la actual administración se dirigen contra las fuerzas populares que la llevaron al gobierno. Ejemplo de esto son los desalojos a campesinos, pobladores pobres e indígenas, ejecutados por presión del COHEP y los terratenientes, tal como lo denuncia la Plataforma Agraria y diversos organismos de derechos humanos. Asimismo, las fuerzas de seguridad no hacen nada por desmantelar los grupos de matones que asesinan defensores de derechos humanos y defensores ambientales, sino que más bien estos últimos son reprimidos y judicializados por las autoridades, como denuncian varios de estos organismos.
Por otro lado, son escandalosos los despidos de miembros de LIBRE para colocar cachurecos en su lugar. Esto ha provocado múltiples conflictos entre el personal y los funcionarios de diversas instituciones que son cuestionados por ese motivo.
- ¿MILITARES REPRESORES Y TORTURADORES AHORA SON GUARDIANES DEL GOBIERNO SOCIALISTA?
El tercer síntoma de retroceso consiste en el empoderamiento que el gobierno les ha dado a los militares y en especial a la Policía Militar del Orden Público, supuestamente para garantizar la seguridad interna. De la consigna en época de campaña “Los militares a sus cuarteles” ahora se ha pasado a colocarlos como la gran panacea para combatir el crimen ¡Habrase visto!
La PMOP que la presidenta ha puesto para dar “seguridad” al público es la misma que nos disparaba a la cabeza en las manifestaciones del 2017 y 2019. Ahora vienen a ser los salvadores de la crisis en los centros penales, cuando estos ya estuvieron por varios años bajo administración militar. Tampoco se entiende que se les de toda la confianza cuando el propio responsable Comisionado para la Libertad de los Presos Políticos, denunció que la Policía Militar practica torturas contra los presos y el propio director de la PMOP fue captado en un audio haciendo amenazas a muerte a subalternos. Asimismo, se presenta la construcción de una cárcel en las Islas del Cisne como una gran solución al problema de la criminalidad organizada, como si el problema fuera que la corrupción en los centros penales se combatiera con aislamiento de los reos y no llevando a los tribunales a los narcodiputados, narcoempresarios o a las cabezas responsables de la administración penitenciaria.
- COMPONENDAS TRIPARTITAS CON LA GRAN BURGUESÍA QUE PONEN EN DESVENTAJA A LIBRE
El cuarto síntoma de este retroceso, en el que me detendré un poco más, es la política de componendas que practica LIBRE con los partidos tradicionales (PL-PN) en una evidente repartición del pastel en instituciones estatales claves para fiscalizar el manejo de los recursos públicos y para combatir el crimen organizado.
Tal componenda se viene dando desde la misma instalación del gobierno de Xiomara Castro, al mantener en los principales cargos de confianza y técnicos a cuadros de la vieja administración cachureca, a pesar de la gran presión de su base; lo cual no era nada casual. De hecho, en la administración pública altos funcionarios miembros del Partido Nacional no sólo no han sido sustituidos por personal de LIBRE, sino que se nombra a más funcionarios cachurecos y se despide a activistas de su propio partido, generando escándalos mayúsculos, que se entremezclan con intereses pre-electorales de liderazgos de LIBRE, como han sido las confrontaciones con los “colectivos” en BANPROVIH, Secretaria del Trabajo, SANAA, Secretaria de Derechos Humanos, Secretaria de Cultura, COPECO, SENAF, y suma y sigue.
La componenda tambien fue evidente en la selección de los magistrados(as) de la Corte Suprema de Justicia en 2023, cuando de la lista de 45 candidatos, en la cual había excelentes elementos con elevadas calificaciones, se escogió a algunos de los más cuestionados, “casualmente” tambien leales cachurecos y liberales.
Iniciado este año, los arreglos fueron notorios en la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional y en la aprobación del Presupuesto General de la República, y recientemente, el conciliábulo es más que evidente con la elección de los Fiscales general y adjunto al Ministerio Publico, y de magistrados el Tribunal Superior de Cuentas, la Unidad de Política Limpia, el Instituto de Acceso a la Informacion Publica y el Tribunal de Justicia Electoral, llegando al descaro de presentarlos “en combo” al Congreso Nacional. Nadie sabe qué negociaron ni a que acuerdos llegaron, pero no se necesitan tres dedos de frente para entender que, si fueran positivos para el interés nacional, no los ocultarían al público.
Por cierto, resulta interesante constatar que este último acuerdo “express” tuvo lugar después de que lideres de los tres partidos han sido mencionados en el juicio contra JOH en el Distrito Sur de New York, por lo cual es muy probable que haya una relación entre ambos hechos; el tiempo lo dirá.
¿En que beneficia esta situación al proyecto reformista del gobierno? Prácticamente en nada porque no cabe duda de que el gran ganador de estas componendas ha sido el bipartidismo, y en especial, el Partido Nacional. Basta apreciar cómo, después de que estas fuerzas de la gran burguesía estaban acorraladas e iban en retroceso, ahora resultan con cuotas de poder que eran impensables meses atrás.
El caso del cachurequismo es inconcebible. Cuando la dirigencia del Partido Nacional se encontraba en su peor momento político, desprestigiado, con sus lideres perseguidos por la justicia, nacional e internacional, y autoexiliados, ahora LIBRE transa con estos, incluso dándoles cuotas de poder que les permitirán influir para impedir la mano de la justicia. Sino véase como le fue concedida la Dirección de Fiscales del Ministerio Publico al Partido Nacional, y como tiene un representante en cada una de las instituciones contraloras del Estado.
Todo indica, que, ahora el bipartidismo PL-PN será mayoría en todos esos organismos, lo cual será decisivo en el caso del Tribunal de Justicia Electoral, de cara a las próximas elecciones, con lo cual LIBRE se estaría haciendo un disparo a su propio pie al aceptar esa distribución de funcionarios. Eso explica por qué el susodicho acuerdo fue aceptado por las cupulas de los partidos tradicionales y tambien fue objeto de felicitación por la Embajada gringa en Honduras.
GOBIERNO DE REFUNDACIÓN, PERO ¿QUÉ ESTÁ REFUNDANDO?
Se puede argumentar que, como el gobierno está en minoría en el Congreso, no tiene manera de hacer las cosas de forma diferente. Pero eso no es un argumento convincente. ¿Acaso no es este un gobierno que ascendió para hacer las cosas diferente? Baste un ejemplo, con la Fiscalía en sus manos, nombrada por la Comisión Permanente del Congreso, se marchaba por buen camino, desempolvando expedientes convenientemente ocultados por la anterior administración de esa entidad del Estado e iniciando la persecución penal de esos delincuentes; pero ¿por qué se cambió a una situación en la que esos logros podrán serán frenados por el Partido Nacional? No había necesidad de hacer ese cambio. Era preferible sostener la situación anterior en el MP, porque estaba dando frutos.
Entonces ¿por qué carajos un gobierno “refundacional” está cediendo a sus enemigos, quedando en desventaja en las principales instituciones contraloras del Estado? Si el problema es el sistema ¿Por qué no se está refundando este sistema, por ejemplo, mediante la consulta al pueblo en plebiscitos o referéndum, o convocando a una Constituyente?
Algo se está haciendo mal para que el gobierno se someta sin luchar a las reglas del juego de sus enemigos y les ceda cuotas importantes de poder que después utilizarán en su contra. No es lo que se espera de un gobierno de cambio, menos de un gobierno y de un partido que abiertamente profesa la “Refundación”. Por ese camino, las fuerzas políticas de la oligarquía están en camino de recuperar la hegemonía que siempre han tenido en el Estado y crear condiciones para procurar la salida de LIBRE del gobierno en el próximo proceso electoral.
Entonces es aquí donde volvemos a lo ya dicho. Primero, este es un gobierno liberal y reformista, no popular ni revolucionario; y segundo, las contradicciones entre las fuerzas políticas del reformismo y del conservadurismo, no son antagónicas, son reconciliables, especialmente cuando ambas se sienten amenazadas por los mismos riesgos.
EL GOBIERNO ATRAPADO EN LAS REGLAS DE SU ENEMIGO
Tal vez el principal factor que le impide avanzar al nuevo gobierno, es que estos procesos se están haciendo guardando respeto por las normas jurídicas del sistema que la oligarquía construyó por décadas en Honduras, diseñadas para hacer difíciles o imposibles los cambios. Este viejo orden jurídico defiende a ultranza la propiedad burguesa por sobre el interés colectivo de la sociedad, establece miles de trabas para no afectar a los poderosos y coloca mil candados en la Constitución y las leyes para hacer imposible modificar el actual modelo de representación política y así impedir el Poder Popular. En este viejo estado oligárquico no puede funcionar ningún proyecto reformista burgués, mucho menos socialista.
Hugo Chávez, Evo Morales, y otros reformadores latinoamericanos comprendieron que, para producir cambios efectivos en el sistema, aun tratándose de reformas burguesas, se requiere modificar las reglas del juego establecidas por las viejas oligarquías, y por eso sus primeras decisiones fueron convocar a Asambleas Constituyentes para “reiniciar” el sistema sobre nuevas bases. En varios países donde estos cambios de paradigma no se han hecho, donde los procesos constituyentes fueron superficiales o donde no lograron ser aprobados, los gobiernos no han logrado avanzar (Colombia, Chile), han retrocedido a gobiernos ultraderechistas (Argentina, Ecuador, EL Salvador), están siendo acorralados por los conservadores (Guatemala, México) y algunos hasta fueron derrocados (ver casos de Honduras en 2009, Paraguay y Perú, entre otros).
La razón es sencilla; mientras la oligarquía mantenga su poder económico, mientras el país siga dependiendo del sistema financiero de la banca capitalista nacional e internacional y mientras el Pueblo no luche con su propia agenda por obtener cuotas de poder reales, los conservadores se recuperan rápido y pasan a la contraofensiva.
HONDURAS LA ENCRUCIJADA: AVANZAMOS O RETROCEDEMOS.
Por todas estas situaciones, el proceso de “refundación” no solo se ha estancado, sino que retrocede. Contrario a lo que se pueda pensar, estos retrocesos del gobierno no tienen el efecto de que los enemigos del Pueblo cesen sus conspiraciones, sino todo lo contrario; los envalentona porque detectan su punto débil y prosiguen conspirando para sacar al gobierno o impedir que continue.
De seguir las cosas así, al largo plazo quienes saldrán beneficiados en los hechos nuevamente será la oligarquía, mientras que el sueño de cambiar el actual sistema capitalista neoliberal, quedará en papel.
En tal sentido el país se encuentra en una encrucijada; o se avanza hacia la solución de esos y otros problemas, aprovechando la coyuntura histórica de contar con el decidido apoyo del Pueblo para derrotar la resistencia de la oligarquía; o el gobierno sigue retrocediendo, tanto que cada vez tenderá a parecerse e identificarse con el bipartidismo tradicional.
Solo la ciudadanía critica de este país, y en especial la base de LIBRE que realmente quiera una refundación de Honduras, puede cambiar ese destino.
