Por: Sucely Donis
¿A quién le damos nuestro voto? Si bien es una acción y decisión particular, tiene consecuencias para un colectivo, para un país y, aunque parezca exagerado, es una decisión que podría involucrar nuestro presente y futuro. Razones suficientes para no tomarla a la ligera o ignorar este proceso electoral, o permitir que alguien más elija por nosotros, nosotras y por el país que queremos.
En Guatemala, por ejemplo, desde el 20 de enero se hizo la convocatoria oficial para iniciar el proceso electoral, la primera ronda de elección está prevista para el 25 de junio, para elegir los poderes locales (corporaciones municipales), legisladores, parlamentarios y a quienes lleven la presidencia y vicepresidencia del país. Estos últimos, de no ser electos con más del 50.0% de votos, las dos propuestas principales llegarían a segunda vuelta de elecciones el 20 de agosto.
Al respecto, surge otra pregunta importante: ¿qué está en juego? Pues, entre tantas respuestas posibles, una de ellas, es la administración de un país, que para 2023 lo forman 17.6 millones de guatemaltecos y guatemaltecas. Otra importante es que esta administración tendrá la responsabilidad de administrar recursos cuantiosos. El presupuesto vigente a marzo de 2023 para el gobierno central es de Q117,490.8 millones, unos USD 15,008.2 millones, y cuya importancia macroeconómica es de 14.9% del producto interno bruto (PIB).
El administrar este presupuesto, conjuntamente con la inmunidad que adquieren los funcionarios públicos, las posibilidades de decisión que involucra no sólo lo político, sino también lo económico, entre tantos privilegios, responde de alguna manera el ¿por qué? Explica por qué algunos individuos o grupos llegan a invertir enormes cantidades de dinero, o bien algunos otros perpetran hechos de violencia para participar de estos espacios políticos, aunque no tengan el interés de buscar el bien común y tampoco cuenten con las capacidades o disposición para desempeñar estos puestos públicos, con propósitos reales que pueden no ser tan honrados.
En este proceso que suele volverse una lona de competencia desordenada, los podemos ver, en campaña, en situaciones que resultan hasta incómodas, que es casi seguro no las realizarían si no fuera por buscar la aprobación pública, como bailes, deportes, modas, cirugías, entre otras. No es que esté mal bailar, pero todo esto es sustituido, por actitudes prepotentes, o por el ceño fruncido típico de un funcionario ya electo. La cercanía, el interés y la amabilidad que mostraban con el pueblo que lo eligió, como por arte de magia desaparecen al ocupar el cargo.
Estas son razones suficientes para que nuestro voto no se tome a la ligera. Existen requisitos importantes que debe llenar una propuesta política seria, una de ellas es el hecho que los y las aspirantes a un cargo público cuenten con un plan de gobierno que servirá de guía de acción si llegase a ser electo, que estos planes sean públicos y de fácil acceso, amigables para entender. Esta agenda política será la encargada de dirigir las acciones de los futuros gobernantes. El conocer los planes de gobierno, ya sea locales o nacionales, nos permitirá entender cuál propuesta se identifica a las necesidades propias y colectivas, para nuestros pueblos, territorios y de nuestro país.
Todo esto implica la necesidad de que las propuestas también presenten los mecanismos para financiar esos planes. Es decir, deberá responder a cuestiones como ¿será llevado a cabo con recursos propios? ¿Con recursos del Estado? ¿Vía impuestos? ¿Vía empresas estatales? ¿Vía ventas de activos? ¿Vía cobro por servicios?, entre otras. O bien, si los bienes y servicios que pretenden ofrecer serán puestos en marcha financiados con deuda pública, que, a su vez, pueden ser contratada con acreedores internos o externos. Y, ¿por qué esto es tan importante? Pues, de esto depende que tan seguro, costoso o barato sea el realizar la inversión pública, pero también, para evaluar qué tan reales y posibles son las promesas de las campañas electorales.
Entonces, ¿qué país va a recibir? Pues, si el objetivo que se vaya a buscar es el correcto desempeño de sus funciones y el logro de las buenas promesas de campaña, la tarea no será fácil. En el caso de Guatemala, 6 de cada 10 habitantes viven en pobreza, 7 de cada 10 ocupados y ocupadas están en el sector informal. Guatemala, es también uno de los países más desiguales de la región. Aunado a que los indicadores de salud, educación, seguridad y justicia tienen grandes rezagos.
Otro factor importante es que los indicadores de transparencia y percepción de la corrupción se han deteriorado, al punto que, en la última medición, Guatemala ha caído a su nivel mínimo histórico, ubicándose entre las peores posiciones en el mundo. Es común que la imagen de los gobiernos se deteriore en el trascurso de sus mandatos, cerrando su periodo en funciones con altos niveles de desaprobación de la población.
La inversión y la posibilidad de hacer negocios tampoco es fácil. A los ojos del mundo, y según indicadores de competitividad, Guatemala también se encuentra en desventaja frente a la mayoría de países de la región. Sus instituciones, los factores políticos, económicos, mercados y capital humando no son suficientes para ser atractivos y generar actividades de mayor valor agregado.
Dudemos, mucho, de quienes no tengan o no le den relevancia a un plan de trabajo, pues, quien no sabe a dónde va, ¡cualquier camino lo lleva! Seamos conscientes de nuestras decisiones al emitir nuestro voto, busquemos las opciones que nos representen, que trabajen a favor de cumplir objetivos comunes y que representen nuestras luchas.
