Por: José Antonio Ocampo
BOGOTÁ – Las conferencias de las Naciones Unidas sobre financiación para el desarrollo han sido ocasiones importantes para crear consensos sobre cuestiones financieras globales.
La próxima reunión, prevista para mediados de 2025 en España, continuará el progreso logrado previamente en Monterrey (2002), Doha (2008) y Adís Abeba (2015), y los preparativos ya están en marcha con el lanzamiento de dos importantes documentos de referencia. En tanto que el “borrador cero” servirá como base para las negociaciones, los delegados también considerarán las propuestas de la comisión internacional de expertos que tuve el honor de coordinar. Ambas reflejan el ambicioso objetivo de avanzar sobre la Agenda de Acción de Adís Abeba .
El objetivo central de este proceso es apoyar las estrategias de crecimiento de los países en desarrollo. La comisión de expertos hizo hincapié en la necesidad de recuperar y fortalecer el papel transformador del Estado, concibiéndolo como un motor clave del desarrollo y la transformación estructural. Esto significa hacer hincapié en la calidad y la cantidad de los recursos que se movilizan y reemplazar una agenda centrada en proyectos de corto plazo por otra orientada a objetivos de más largo plazo definidos colectivamente. Cada tarea exige fortalecer el sistema multilateral actualmente debilitado y crear nuevas plataformas regionales.
Un tema esencial es el sobreendeudamiento del sector público, que afecta a alrededor de un tercio de los países en desarrollo, mientras que varios otros enfrentan altos niveles de deuda y pagos de intereses. Este problema se ha agudizado por los grandes desequilibrios fiscales durante la pandemia de COVID-19 y el aumento de las tasas de interés en los últimos años. Para manejarlo se requerirá un ambicioso instrumento de renegociación de corto plazo, que puede basarse en el Marco Común para los Tratamientos de la Deuda del G20 acordado en el 2020. Esta vez, sin embargo, el proceso de renegociación debe ser más rápido y el acceso debe extenderse a los países de renta media. A largo plazo, necesitamos un mecanismo permanente para la reestructuración de la deuda soberana, que podría albergarse en la ONU o en el Fondo Monetario Internacional, siempre que en este último caso siga siendo independiente del Directorio del FMI.
Otro objetivo urgente es revitalizar la financiación del desarrollo. Se estima que se necesitan 4 billones de dólares adicionales para financiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Para movilizar esos recursos se requerirá una asistencia oficial para el desarrollo en la escala a la que los países de altos ingresos se comprometieron hace décadas: “0,7% del ingreso nacional bruto (INB) para los países en desarrollo y entre 0,15% y 0,20% para los países menos adelantados (PMA)”. La mayoría de los países desarrollados no han logrado alcanzar esas metas, y los fondos destinados a los países de bajos ingresos han disminuido en los últimos años.
Una segunda prioridad en esta área es aumentar la financiación de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y apoyar la expansión de las actividades de los bancos nacionales de desarrollo (o la creación de instituciones de este tipo en los países en desarrollo que carecen de ellos). Esos esfuerzos deben incluir más financiación en monedas locales para mitigar los riesgos de escalada de la deuda debido a la depreciación del tipo de cambio, y apoyo para el desarrollo de los mercados nacionales de bonos en esos países. Más allá de los préstamos tradicionales, esas instituciones también deben apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para proporcionar bienes públicos internacionales como la preparación y prevención de pandemias, la mitigación y adaptación al cambio climático y la protección de la biodiversidad.
Es fundamental también aumentar la financiación a activades de sostenibilidad ambiental. Si bien las recientes Conferencias de las Partes sobre el cambio climático y la biodiversidad acordaron aumentar la financiación, los recursos acordados siguen siendo insuficientes. Esto es especialmente preocupante ahora que las pérdidas de biodiversidad están aumentando y el calentamiento global ha comenzado a superar el umbral de 1,5° C establecido por el acuerdo climático de París. En estas áreas, y en la financiación del desarrollo en general, se debería movilizar una mayor participación del sector privado con la ayuda de créditos para sus inversiones ambientales o mecanismos complementarios como garantías de préstamos de los bancos de desarrollo.
También es esencial crear bases tributarias adecuadas y redistributivas. Tenemos que impedir que las multinacionales trasladen sus beneficios a jurisdicciones con bajas cargas impositivas y paraísos fiscales, y garantizar que los ricos paguen impuestos adecuados. El primero de estos objetivos exige adoptar el principio de “presencia económica significativa”, según el cual las multinacionales pagan una parte justa de los impuestos en todos los países en los que operan, incluso a través de servicios transfronterizos. Para los ricos, es esencial un registro mundial de activos basado en la propiedad efectiva.
El Convenio Fiscal de las Naciones Unidas que se está negociando actualmente podría fomentar la cooperación internacional que requieren estos esfuerzos, pero también necesitaremos una institución coordinadora, que podría crearse transformando el actual comité de expertos de las Naciones Unidas en un órgano intergubernamental.
Para apoyar a los países en desarrollo, es necesario mejorar las facilidades crediticias del FMI y revisar sus condicionalidades, pero también se necesitan dos nuevos instrumentos en dicho organismo: un mecanismo internacional de canje de divisas y un fondo que pueda intervenir en los mercados internacionales de bonos de los países emergentes y en desarrollo durante sus fases descendentes. Estos cambios deben complementarse con emisiones más frecuentes y en coyunturas estratégicas de derechos especiales de giro (DEG, el activo de reserva del FMI), que apoyen a diversos mecanismos (incluidos los de los bancos multilaterales de desarrollo) para financiar objetivos de desarrollo o ambientales, preservando al mismo tiempo el carácter de activos de reserva de los DEGs.
En términos institucionales, la prioridad más urgente es promover acuerdos monetarios regionales en el mundo en desarrollo, lo que, cabe esperar, conduciría a un sistema más denso de instituciones globales y regionales, como el que caracteriza el de los bancos multilaterales de desarrollo.
En materia de comercio, las cuestiones fundamentales son la necesidad de mantener los compromisos arancelarios existentes asumidos en la Organización Mundial del Comercio y negociar un nuevo acuerdo que fije los límites de las políticas industriales, pero con un trato especial y diferenciado para los países en desarrollo. También es esencial incluir excepciones para los derechos de propiedad intelectual relacionados con las tecnologías de salud y ambientales. Y para garantizar la equidad en el funcionamiento de los mercados de productos básicos, debemos promover un mayor uso de reservas internacionales y nacionales de estabilización de materias primas.
Una cuestión que no se ha abordado en las anteriores Conferencias sobre Financiación para el Desarrollo es la regulación financiera internacional. Sin embargo, hay varios asuntos importantes que deben incluirse en la agenda de este año: en particular, cómo regular los activos financieros digitales (a veces llamados “monedas”), las regulaciones de las calificadoras internacionales de riesgos crediticios y una mejor regulación de los mercados de futuros de productos básicos. También es deseable un nuevo acuerdo mundial sobre inversiones y revisar los acuerdos existentes de protección de dichas inversiones para evitar demandas contra normas nacionales de protección social y ambiental.
Por último, varias reformas institucionales merecen atención. Además de establecer instituciones adecuadas para gestionar las renegociaciones de la deuda soberana y la cooperación tributaria internacional, y una red de instituciones regionales en todas las áreas de cooperación financiera, el mundo debe atender la antigua demanda del mundo en desarrollo de una mayor “voz y participación” en las instituciones de Bretton Woods. Esto significa establecer una distribución justa de las acciones de capital, aumentar los votos básicos de esos países y crear procesos más abiertos e incluyentes para seleccionar a los líderes de ambos organismos.
José Antonio Ocampo, ex subsecretario general de las Naciones Unidas y ex ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, es profesor de la Universidad de Columbia, miembro del Comité de Políticas de Desarrollo de las Naciones Unidas y miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional. Es autor de Hacia la reforma del (no) sistema monetario internacional (Fondo de Cultura Económica y Banco de la Repúbica, 2021) y coautor (con Luis Bértola) de El desarrollo económico de América Latina desde la independencia (Fondo de Cultura Económica, 2013).
