La defensa del Rio Grande o Petacón en Reitoca Francisco Morazán ha generado la criminalización de quienes defiende este bien común
Fotos: Jorge Burgos/Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras. – Por las calles de Tegucigalpa transita el pueblo indígena Lenca en una movilización pacífica para exigir el cese a la criminalización por defender el río Grande o Petacón de Reitoca.
En su segundo día de movilización, luego de pasar la noche frente a las instalaciones del Ministerio Público (MP) como una acción de protesta por el proceso judicial que inició este ente estatal en contra de Wilmer Alonzo y José Orlando Rodas, en 2018. El nutrido grupo de personas se trasladó hasta Casa Presidencial –consientes que no serían recibidos—.
Luego se movilizaron hasta las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia para exigir la liberación de Wilmer Otoniel Alonzo y José Orlando Rodas y los demás defensores del municipio de Reitoca que están criminalizados.
Renan Zelaya, miembro del Consejo Indígena Lenca de Reitoca, señaló en entrevista con Criterio.hn que la principal motivación de las acciones de protesta es exigir justica para los defensores que enfrentan un juicio por la defensa del agua.
Además, expresó que le hacen un recordatorio a la presidenta Xiomara Castro, que durante el periodo de campaña política y durante la toma de posesión una de las principales promesas fue la defensa de los derechos de los pueblos originarios.
Sin embargo, en medio del contexto de criminalización y desalojos violentos que viven las diferentes poblaciones en el territorio nacional, Renan Zelaya expresó “La presidenta está en deuda con los pueblos originarios, porque no nos ha apoyado al contrario nos criminalizan”.
Las acciones judiciales en contra del pueblo Lenca del municipio de Reitoca, al sur de Francisco Morazán, tuvieron su génesis en el 2018, cuando la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S. A. (Progelsa), interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, como una medida de represión al pueblo Lenca por oponerse al proyecto extractivista.
NO SON CRIMINALES, NO SON DELINCUENTES ¡SON DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE!
Entre consignas y un día nublado con una temperatura de 22 gados –poco inusual en Tegucigalpa, capital de Honduras— los campesinos, hombres y mujeres avanzaron su paso hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia. Entre tanto sus gritos de exigencia de una justicia que favorezca a sus compañeros, no se hacían esperar.
¿Qué queremos? –Era una de las interrogantes—; al unísono el pueblo respondía ¡Justicia!, ¡Progelsa, fuera! Y así avanzaron, haciéndose escuchar y para dar a conocer a conocer la criminalización y estigmatización que sufren por defender su fuente de agua.
Vitoria Patricia Gutiérrez, esperaba pacientemente en las cercanías de la Corte Suprema de Justicia, donde improvisaron una cocina artesanal, acompañada de Raquel Cruz, conversó con Criterio.hn. Las dos mujeres quienes preparaban café, huevos revueltos, y una olla de carne de res en fajitas que se cocinaba al calor de las llamas en un fogón hecho con tres bloques, expresaron que se sienten cansadas debido a los constantes ataques de intimidación que viven en la comunidad.
Las mujeres que también forman parte del Consejo Indígena Lenca, dan testimonio que tanto Wilmer Otoniel Alonzo y como José Orlando Rodas, son hombres trabajadores y defensores del Rio, una defensa que podría costarles su libertad.
“Ellos, no son ladrones ni criminales, son defensores del agua, de nuestra fuente de vida”, exclamó Victoria Gutiérrez. Además, señaló que la defensa del Ríos Grande o Petacón es permanente. “Nosotros no nos vamos a dejar, con uñas y dientes vamos a defender nuestro rio”, exclamó.
Andrés Avelino Gutiérrez, defensor criminalizado, recalcó que el pueblo Lenca se movilizó para brindar el apoyo a Wilmer Alonzo y José Orlando Rodas, porque “queremos justica, ni Wilmer ni Orlando se han robado algo, ese es el pecado, defender el pueblo”
Para Raquel Cruz, el alto a la criminalización esta en manos de la presidenta Xiomara Castro, por lo que hace el llamado a la mandataria para detener la criminalización sistémica de la que han sido objeto por más de cinco años.
TEMOR CONSTANTE
En abril de 2016, dio inicio la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Río Petacón de la empresa Progelsa, desde entonces los pobladores de Reitoca han venido denunciado las diferentes problemáticas que han observado, desde una baja en el cause del Rio y la aparición de peces como el cambio de color en el agua y la desaparición de animales de la fauna terrestre, así como también afectaciones en su salud mental por la intimidación de la que han sido objeto.
Andrés Avelino Gutiérrez capturado en agosto de 2021 junto con José Orlando Rodas, Jairo Noe Oliva, Renan Zelaya Vásquez y Jorge Montes, defensores de la tierra y el territorio, en conversación con Criterio.hn señaló que viven con temor contante.
“Hay noches que no se duerme por estar pensando en qué momento llegará la policía nuevamente”, señaló.
En el relato el defensor, trae a la memoria el día de su detención cuando la policía Militar irrumpió su sueño la madrugada del cinco de agosto, ese día el municipio despertó a los gritos de militares y policías, respirando gas lacrimógeno y recibiendo golpes.
“A nosotros nos capturaron como si fuéramos narcotraficantes. No somos narcos, somos defensores del ambiente, ¡Lencas de raíz!”, expresó el defensor que, además, en un desalojo violento en 2018, recibió un impacto de bala en su mano derecha.
También denunció que el actual alcalde, Marlon Nepthali Osorto, se ha ensañado con el pueblo de Reitoca, y es el principal responsable de la detención de él y sus compañeros acusados de incendiar una posta policial. De acuerdo con Andrés Avelino Gutiérrez, entre las personas que fueron denunciadas está un hijo de él quien, el día de los hechos se encontraba trabajando en San Marcos de Curarén.
Desde la implementación del proyecto extractivista de la empresa hidroeléctrica PROGELSA más de 15 defensores de Reitoca han enfrentado distintos cargos penales por oponerse al desarrollo del proyecto que inició sus operaciones sin el consentimiento de la población indígena.
