Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.-Hoy, un grupo de organizaciones expertas en derechos humanos que han estado monitoreando la causa de Berta Cáceres en Honduras publicó, “Violencia, Corrupción e Impunidad en la Industria Energética Hondureña: Un perfil de Roberto David Castillo Mejía.”
El informe, resultado de una cuidadosa investigación, reúne información que implica a Castillo, gerente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), en un patrón de violencia, violaciones a los derechos humanos y corrupción que beneficia a las empresas con las que ha estado asociado. Castillo ha estado involucrado con al menos ocho empresas, registradas en Honduras y Panamá, como se describe en el informe.
El asesinato de Berta Cáceres en 2016 fue parte de una serie de ataques contra miembros de la organización Lenca COPINH que ella dirigía y contra la comunidad indígena de Río Blanco que nunca fue consultada sobre el proyecto hidroeléctrico que se está implementando en su territorio.
La evidencia muestra que cuando las comunidades denunciaron los abusos, DESA desató una campaña de estigmatización y violencia con el apoyo de contactos claves en el Estado para asegurar la impunidad. En el veredicto de dado en noviembre de 2018, en el que se condenó a siete hombres por el asesinato de Cáceres, incluyendo a dos ex empleados de DESA, el tribunal llegó a la conclusión de que otros ejecutivos de DESA conocían y consintieron el asesinato, sin embargo no ha habido más detenciones.
Castillo fue arrestado en marzo de 2018, actualmente se encuentra en prisión preventiva, a la espera de la continuación de la audiencia que decidirá si va a juicio por su presunto papel en el asesinato de Berta Cáceres, sin embargo, las acusaciones de su actividad criminal van más allá del asesinato. “Un perfil de Roberto David Castillo Mejía” documenta los procesos judiciales, investigaciones abiertas y sanciones administrativas en Honduras que sugieren que Castillo, un ex funcionario público de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), graduado de la academia militar estadounidense West Point y oficial de inteligencia militar hondureño en condición de retiro, influyó ilegalmente en los contratos del gobierno y reclutó la ayuda de las fuerzas de seguridad del estado para cometer violaciones a los derechos humanos.
El informe también revela las posibles conexiones de Castillo con la red de narcotráfico más notoria de Honduras, Los Cachiros. La información muestra que Castillo actuó como representante legal de PEMSA, una sociedad de cartera (holding company) panameña de la cual no se tiene claridad sobre sus dueños. PEMSA posee acciones significativas en DESA. En 2014, PEMSA también asumió la propiedad de otra empresa generadora de energía en Honduras, PRODERSSA, empresa creada, según los fiscales hondureños, por abogados que administraban los activos del grupo Los Cachiros. La propiedad de PRODERSSA fue transferida a PEMSA unos meses antes de que los líderes de Los Cachiros se rindieran a la DEA.
Los fiscales de los Estados Unidos y Honduras deben investigar más a fondo las actividades del holding panameño PEMSA, en el cual David Castillo actuó como representante legal. El gobierno de los EE.UU. tiene la capacidad de sancionar a quienes violan los derechos humanos congelando sus activos y prohibiéndoles ingresar a los EE. UU.
Si las instituciones financieras internacionales y los bancos de desarrollo, incluido el Banco Mundial, se están asociando en inversiones con redes criminales, como sugiere la evidencia presentada en este informe, se deben adoptar medidas inmediatas para poner fin a estas prácticas. Tanto DESA como PRODERSSA han recibido financiación de instituciones financieras internacionales.
El informe se produce inmediatamente después de una visita a Honduras por parte del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos en el que concluyeron que, “Con demasiada frecuencia, las empresas y los inversores se benefician de la corrupción y descuidan su responsabilidad de respetar los derechos humanos”. El informe insta a la comunidad internacional a pedir al gobierno hondureño que proteja a los defensores de los derechos humanos, combata la corrupción y la impunidad, y evite la participación de los actores estatales en las violaciones de los derechos humanos.
Para ver el informe completo dele click a este link:
http://bit.ly/DavidCastilloProfile
Un comentario
Señores Ambientalistas siempre he admirado vuestro trabajo aunque con un poco de recelo por la manera que muchas veces reacciona cuando ya nada hay que hacer o el daño es irreversible.
Aclaro que no estoy a favor de ninguna Empresa Extractiva, Generadora de Energía o de Construcción, pero los verdaderos culpables por la mayoría de los impactos ambientales son consecuencia de manera directa de quienes han otorgado las concesiones, los permisos y respectivas licencias ambientales. Es obvio que los ejecutores del daño, digo los ejecutores son las empresas una vez que obtienen (¿bajo soborno o coima?) toda la autorización correspondiente. Primero hay que Investigar y Castigar las corruptas e ineptas autoridades del gobierno central o municipal y después reaccionar contras los inversionistas. ¿Por qué convirtieron en secreto de Estado las solicitudes sobre Licencias Ambientales?…¡Al pan, pan, y al vino, vino!