Tegucigalpa, Honduras.- Un ambiente de crisis dentro del Ministerio Público, que comienza a vislumbrarse después de varias semanas en protestas por parte de sus servidores, puede propiciar que los políticos logren su objetivo de imponer reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Publico.
Un grupo de servidores del Ministerio Publico inició este lunes 27 de febrero su cuarta semana en protestas, exigiendo mejores condiciones laborales, coincidiendo con el ocaso de la doble administración de Óscar Chinchilla. Las protestas las han encabezado la Asociación de Fiscales de Honduras (AFH) y la Asociación de Servidores y Empleados del Ministerio Público de Honduras (ASEMPH).
Una de las protestantes es la fiscal de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), Jeimy Cáceres, quien dijo a Criterio.hn que las exigencias derivan de una lucha encaminada a mejorar las condiciones laborales de las empleadas y los empleados del Ministerio Público.
“Solicitamos que se nos den los respectivos aumentos salariales y los aumentos de costo de vida. No hemos obtenido ese beneficio y, mientras tanto, la canasta básica se ha disparado y eso no has estado afectando. Adicionalmente, hay algunos servidores que trabajan 24 horas seguidas y reciben un salario indigno”, explicó.
Según revisó Criterio.hn en la planilla de sueldos y salarios del Ministerio Público correspondiente a 2023, un detective auxiliar percibe un salario mensual de L20,092.40, mientras que un detective titular devenga entre L21,897.01 y L57,235.98.
Por su lado, el salario de un fiscal auxiliar oscila entre L24,721.20 y L64,200.55. En tanto, un fiscal titular tiene, como salario mínimo, una remuneración mensual de L33,754.89, pero también existen fiscales que, al mes, ganan L121,350.88. Un médico forense, por su lado, puede aspirar a devengar entre L24,223.21 y L88,023.42.
El problema, asegura el presidente de la AFH, Víctor Marín, radica en que son pocos los servidores, específicamente abogados, que devengan salarios mensuales por encima de los L45,000 dentro de la Fiscalía hondureña.
“Según ley, una institución que emplee a un profesional del derecho tiene que pagarle tres salarios mínimos, y aquí varios abogados ganamos menos de 40 mil lempiras, teniendo 20 o 22 años dentro de la institución. Es una vulneración sistemática de derechos”, dijo a Criterio.hn.
De acuerdo con lo que explicó el fiscal hondureño, la vulneración a sus derechos laborales ha provocado un desmejoramiento en sus trabajos y, de igual modo, en su calidad de vida.
AGOTAR INSTANCIAS
Aunque las protestas se han extendido durante las últimas tres semanas, el presidente de la AFH asegura que, en su mayoría, las labores no se han detenido. Sin embargo, advierte que ello podría cambiar si, durante los próximos días, continúa existiendo renuencia por partes de las autoridades del Ministerio Público.
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“Es probable que se dejen de recibir detenidos de la Policía Nacional o de la Policía Militar, o que Medicina Forense deje de hacer levantamientos. Bajo ese escenario, ¿quién lo va a hacer?”, señaló el fiscal Víctor Marín, quien aseguró que es el 90% de los servidores del Ministerio Público quienes acompañan los actos de protesta.
¿QUÉ SE OCULTA?
Más allá de ello, el jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, consideró en las últimas que, detrás de tres semanas de ininterrumpidas protestas, podría existir el interés del Congreso Nacional encaminado a declarar una crisis en el Ministerio Público y, a consecuencia de ello, propiciar reformas legales.
“Lo cierto es que, ante una crisis de esta naturaleza, los servidores del Ministerio Públicos somos los menos beneficiados. Se conceda el ajuste o no, una crisis crea el ambiente favorable para introducir reformas legales, que ya se mencionan y que vendrían a debilitar aún más la institución”, manifestó vía Twitter.
De su lado, en conversación con Criterio.hn, el exfiscal general de la República, Edmundo Orellana (1994-1999), aseguró que, a pesar del cargo que ostentó, desconoce la situación actual del Ministerio Público, con relación a la crisis que se vive a lo interno.
“No sabría decir si lo que está ocurriendo está encaminado a provocar una crisis en el Ministerio Público por parte de los políticos, a través del planteamiento de reformas legales. Lo que sí está claro es que los políticos deben pensar en el nuevo proceso de elección de fiscal general, que deberá ser una persona que responda a los intereses del país y de la labor del Ministerio Público”, expresó.
Coincidentemente, en el Congreso Nacional, las diputadas y los diputados de los tres partidos políticos principales, Libertad y Refundación (Libre), Partido Liberal y Partido Nacional, negocian la posibilidad de reformar la Ley del Ministerio Público.
Entre las principales reformas estaría la elección de un segundo fiscal general adjunto y que la designación del director general de Fiscalía se eleve a rango constitucional. Ambos planteamientos, según varios analistas, podrían inducir a que exista un manoseo sobre la independencia que emana el artículo 232 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
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“El Ministerio Público, indica la Constitución, es libre de toda injerencia política y sectaria. Hacer esto implicaría vulnerar la constitución y desnaturalizar el qué hacer esencial de la Fiscalía, que en esencia es ejercer la acción penal pública bajo criterios de objetividad”, manifestó la abogada constitucionalista Ana Alejandrina Pineda, el 22 de febrero de 2023, durante una entrevista con Criterio.hn.
¿LA CABEZA DE CHINCHILLA?
Del otro lado de la moneda, el jefe de la Uferco cuestionó la parsimonia con que ha actuado el fiscal general de la República, Óscar Chinchilla, frente a este extendido ambiente de huelga. “A pesar que las protestas se han extendido y encrudecido, nuestras autoridades superiores no han exigido la continuación de labores, como en otras ocasiones, y, por el contrario, se han mostrado permisibles y han guardado absoluto silencio”, expresó.
Sobre el papel que está asumiendo el fiscal general, quien vacará de su cargo el 1 de septiembre de 2023, el presidente de la AFH declaró que, si las cosas no mejoran, su salida anticipada podría convertirse en una posibilidad.
“Llevamos un mes sin respuesta alguna, sin ser llamados a dialogar por parte del fiscal (Óscar) Chinchilla. Sí se puede establecer como efecto que tenga que él tenga que vacar en sus funciones de manera anticipada. Es de todos sabido que, durante los últimos diez años, hemos tenido un gestor a la cabeza de esta institución a quien no se le ha visto en sus pasillos. Todos saben que el Ministerio Público se podría venir abajo y el fiscal general se haría de la vista gorda”, señaló Marín.
Las protestas iniciaron el 19 de enero de 2023, de manera escrita, y se prolongaron, ante la falta de reacción, durante las últimas tres semanas. Sobre la imposibilidad de otorgar los incrementos solicitados, el fiscal general, Óscar Chinchilla, responsabiliza al Congreso Nacional, a quien le solicitó un presupuesto superior a los 3 mil 400 millones de lempiras para 2023, sin embargo, la asignación presupuestaria quedó en poco más de 2 mil 200 millones.
