Este Tribunal funcionaría de manera paralela a la Sala de lo Constitucional, pero tendría la autoridad de ser el último intérprete de la Constitución de la República. No tendría la facultad de revocar ningún recurso interpuesto y operaría como un ente autónomo de los poderes del Estado. Sus funciones estarían reguladas directamente por la Constitución de la República, lo que significa que no sería necesario un reglamento interno para su funcionamiento, según lo expuesto por el titular del Legislativo
Tegucigalpa, Honduras. – Durante la sesión del pasado martes, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, presentó una propuesta legislativa para establecer un Tribunal Constitucional independiente. Esta iniciativa busca modificar la dinámica actual de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ya que la magistratura propuesta sería la máxima autoridad interpretativa de la Constitución de la República, lo que ha generado incertidumbre y opiniones divididas en diversos sectores de la sociedad.
En resumen, la propuesta de Redondo busca reformar los artículos 302, 331 y 316 de la Constitución de la República para que el Tribunal Constitucional asuma las funciones actualmente desempeñadas por la Sala de lo Constitucional del Poder Judicial, dirigida por el abogado del Partido Liberal, Wagner Vallecillo, y anteriormente por Sonia Marlina Dubón, militante del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).
Por ejemplo, el artículo 316 de la Constitución de la República que tendría que ser reformado, establece la organización y funciones de la Sala de lo Constitucional. Esta Sala tiene la autoridad para conocer y resolver sobre recursos como el Hábeas Corpus, Amparo, Inconstitucionalidad y Revisión, de acuerdo con la Constitución y la ley.
Redondo especificó que esta entidad autónoma estaría integrada por siete magistrados titulares y siete suplentes, seleccionados por el Congreso Nacional mediante un proceso similar al utilizado para nombrar autoridades en el segundo nivel de elección, como el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el propio Poder Judicial.
“El tribunal Constitucional tendrá jurisdicción nacional, sería independiente de los poderes del Estado, sus miembros, alcance, organización y funciones serán reguladas por el Constitución (…) es tiempo que un Tribunal Constitucional pueda tomar cartas en el asunto de la constitucionalidad del país”, mencionó Redondo en la sesión del martes.
Sin embargo, aquí es donde surgen discrepancias entre varios sectores, ya que consideran que este enfoque podría ser contraproducente. El hecho de que los abogados sean elegidos por el Poder Legislativo podría permitir la injerencia política en un órgano encargado de ser el principal intérprete de la Constitución. Esto continuaría permitiendo que las decisiones tomadas beneficien a la élite política y empresarial en lugar del interés público.
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PRIMERO SE DEBE CREAR UN MECANISMO DE SELECCIÓN TRANSPARENTE
Para establecer un Tribunal Constitucional, es necesario crear un marco legal que garantice la transparencia en todos los procesos de selección realizados en el Congreso Nacional. Actualmente, existen regulaciones, como las que rige el proceso de elección del Poder Judicial, que presentan deficiencias y permiten que los seleccionados no sean elegidos por méritos, sino por afinidades políticas. Por lo tanto, es crucial desarrollar un andamiaje legal sólido que prime la meritocracia, según el abogado constitucionalista Joaquín Mejía.
«Las reformas sugeridas no son suficientes; se necesita una reforma integral de todo el sistema de justicia, que incluya la adopción de un sistema para la elección de las altas magistraturas del Estado. ¿De qué sirve crear un Tribunal Constitucional si la forma de elección será la misma de siempre, con sus conocidas deficiencias y vacíos?», expresó Mejía en conversación con Criterio.hn.
Mejía añadió que la reforma integral se centraría en garantizar que los abogados elegidos en el futuro, no sólo para el Tribunal Constitucional, sino también para otras instituciones que pasan por procesos de elección en el Congreso Nacional, sean seleccionados en función de su mérito y no por afinidad política con los partidos que los colocar para darle continuidad a la impunidad que los mantiene blindados.
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¿GOLPE TÉCNICO AL PODER JUDICIAL?
Diputados de partidos opositores al gobierno de la presidenta Xiomara Castro han expresado su oposición a la propuesta de Luis Redondo, argumentando que esta medida sería un golpe técnico a la Sala de lo Constitucional del Poder Judicial, ejemplificando que la magnitud es similar a lo ocurrido el 12 de diciembre de 201, hecho por el que el Estado fue demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
En ese año, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien en ese momento presidía el Poder Legislativo y ahora está detenido en Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico, destituyó a cuatro de los cinco magistrados que integraban dicha sala. Esto ocurrió después de que declararan inconstitucionales la Ley de Depuración Policial y la Ley de Regiones Especiales de Desarrollo, actualmente conocidas como las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede).
De hecho, hasta el diputado del oficialista Libertad y Refundación Jorge Cálix, describió el proyecto de ley como un «golpe técnico al Poder Judicial«, argumentando que un poder constituido no puede limitar las atribuciones de otro.
«Crear una instancia paralela a la Sala de lo Constitucional equivale a establecer una duplicación del Poder Judicial en su totalidad, lo cual constituiría un golpe técnico con posibles repercusiones», afirmó Cálix.
