La propuesta, que constituye la investigación prospectiva de mayor profundidad en la vida del Icefi, incluye, por país y por año, metas, costos, fuentes de financiamiento y recomendaciones para una gestión y evaluación efectiva de la política fiscal, manifiesta el organismo regional en un comunicado de prensa.
Además, el Icefi invitó a la sociedad centroamericana a buscar nuevos acuerdos políticos, económicos y fiscales, basados en el diálogo informado, amplio y sensato en favor de la democracia y el desarrollo.
Las recomendaciones fueron dadas a conocer en la presentación del volumen 3 de su III Informe de Política Fiscal Centroamericana, titulado “Agenda Fiscal Centroamericana 2030” (AFCA2030).
El volumen 3 de la AFCA 2030 es parte del reconocimiento de la imposibilidad efectiva de los Gobiernos de la región para atender todos los compromisos que forman parte de la Agenda ODS, tomando en cuenta el corto horizonte de tiempo (nueve años), los escasos recursos y las necesarias mejoras de gestión y cambio institucional. Por ello, la propuesta plantea las estrategias necesarias para erradicar la pobreza extrema; universalizar los servicios públicos de salud y educación, así como los servicios de energía eléctrica, agua y saneamiento; la transformación de la matriz de generación eléctrica, el fortalecimiento de la red vial y una serie de recomendaciones para la construcción de un Estado efectivo para el desarrollo, que incluye la protección ambiental, el reconocimiento de igualdad de género y de una serie de acciones para transformar el papel del Estado hacia un modelo emprendedor.
Inicialmente y aun cuando se reconoce que el problema de la pobreza es multidimensional y que parte de su mitigación se encuentra en la promoción de tasas de crecimiento económico acelerado, se considera que en el corto y mediano plazo, los únicos mecanismos posibles para erradicar la miseria son el otorgamiento de una renta básica universal (RBU) o una renta básica para atender a quienes viven en condiciones de pobreza extrema.
Lamentablemente, aun cuando fuera mucho más sencillo de implementar y significaría un paso decisivo en el combate de la pobreza en general y en la reducción de la desigualdad, el costo de la implementación de la RBU es muy alto para algunos países de la región, por lo que resulta viable, inicialmente, la implementación de una transferencia que se entregue únicamente a las personas que se encuentran en condiciones de pobreza extrema por el equivalente diario de USD1.90 PPA (2011). El costo al 2030, de la implementación de la estrategia, es de 0.14% del PIB para Costa Rica; 0.32% para El Salvador; 1.32% para Guatemala; 3.56% para Honduras; 0.65% para Nicaragua y 0.14% del PIB para Panamá.
Otra propuesta presentada es la necesidad de la universalización del servicio de educación parte de las bajas coberturas para algunos países en los niveles de secundaria I y secundaria II que limita la posibilidad efectiva de estudiar para muchos niños, niñas y adolescentes, así como de las limitaciones en materia de docentes, aulas y equipo de apoyo para hacer un trabajo efectivo en la capacitación de los centroamericanos.
Para efectos del cálculo del costo necesario de la universalización del servicio público de educación, se utilizó el modelo EPSSim de la Unesco, que permitió identificar que se necesita al 2030 aumentar el gasto en educación en 0.5% del PIB para Costa Rica, 1.4% para El Salvador, 2.0% para Guatemala, 0.9% para Honduras, 1.6% del PIB para Nicaragua y 0.5% para Panamá.
Por su parte, para alcanzar la cobertura universal de salud, a partir de las recomendaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud, se estima que los países deben adicionar al 2030, 0.5% del PIB para Costa Rica, 1.5% para El Salvador, 3.9% para Guatemala, 3.2% para Honduras, 0.9% para Nicaragua, y 1.4% para Panamá.
Por su parte, la inversión en infraestructura social que es indispensable adicional al 2030, para que los centroamericanos alcancen cobertura universal en servicios básicos de agua y de saneamiento, ambos fuertemente vinculados con la mejora en las condiciones de vida y especialmente de la salud, se eleva hasta 0.82% del PIB para Costa Rica, 0.72% para El Salvador; 3.38% para Guatemala; 0.69% para Honduras; 1.35% para Nicaragua y 0.77% del PIB para Panamá, señala el Icefi.
En materia de inversión económica, que incluye el cambio de matriz energética hacia la generación energética con recursos renovables y consecuentemente a avanzar hacia la universalización del servicio de electricidad para todos los centroamericanos, a costos apropiados; el fortalecimiento del gasto en infraestructura vial para fortalecer la movilidad del comercio y el acceso de los pobladores a los mercados, así como del aumento de los gastos en materia de investigación, desarrollo e innovación para avanzar en la construcción de un Estado emprendedor que regule el funcionamiento de los mercados y contribuya efectivamente a potenciar la productividad y la competitividad de los países, se necesita llegar en 2030 a ejecutar una inversión de 1.69% del PIB en Costa Rica, 1.22% para El Salvador, 1.36% para Guatemala, 1.71% para Honduras, 2.76% para Nicaragua, y 2.19% para Panamá.
El costo total de las acciones de gasto involucradas en la AFCA 2030 se eleva hasta USD143,388.7 millones, que deberán ser erogados durante el período 2022-2030, siendo Guatemala el que debe realizar el mayor esfuerzo con USD 71,573.2 millones (11.96% del PIB); USD 22,983.5 millones (5.00% del PIB) para Panamá; USD19,010.5 millones (10.06% del PIB) para Honduras; USD8,527.8 millones (5.16% del PIB para El Salvador); USD5,376.1 millones (7.26% del PIB) para Nicaragua, y USD 15,917.6 millones (3.65% del PIB) para Costa Rica, dice el comunicado de prensa del Icefi.
La agenda incluye también una serie de medidas para mejorar la gestión fiscal en general; para fortalecer el combate a la impunidad; para mejorar el acceso a la información pública, para promover la sostenibilidad ambiental, y para reconocer y fortalecer la igualdad de género como pilares todos en la búsqueda del desarrollo. En particular, para financiar las acciones de gasto sin poner en riesgo la sostenibilidad fiscal, la AFCA 2030 contempla la movilización de recursos por medio de la utilización de espacios fiscales que involucran el aumento de los ingresos públicos, la reducción de los gastos no esenciales, el aumento de eficiencia de los gastos que realizan los Estados y la renegociación de la deuda hacia fuentes más baratas.
De esa manera, en el campo de los ingresos públicos se promueve una mayor eficiencia recaudatoria como consecuencia tanto de la reducción de las filtraciones tributarias derivadas del combate a la evasión tributaria, la eliminación de escudos fiscales innecesarios, la erradicación de los gastos tributarios no productivos y el combate a los flujos ilícitos de capital; por la homologación de tasas derivadas del proceso de integración regional; y la posible adopción de decisiones de política. Como consecuencia de la optimización de los espacios fiscales en materia de ingresos, se espera para 2030, una elevación media del 10.1% del PIB en Centroamérica, destacando el aumento del 17.3% en Panamá, 10.7% para Guatemala, 10.4% para Nicaragua, 8.9% para Costa Rica, 7.3% para Honduras y 6.1% para El Salvador.
Se estima que, como producto de la mejora en la utilización del gasto disponible actualmente, los países pueden ahorrar hasta el 4.7% del PIB en Costa Rica, 6.5% para El Salvador, 2.7% para Guatemala, 4.6% para Honduras, 5.0% para Nicaragua y 3.8% del PIB para Panamá. Este ahorro sería resultado del combate a la corrupción y de la mejora en los procesos de compras y en las contrataciones públicas.
Finalmente, algunos Estados pueden obtener ahorros por mejorar la administración de la deuda, al realizar un rollover de ciertos segmentos de las obligaciones públicas, en la búsqueda de mejores plazos y tasas más bajas de interés; este ahorro puede alcanzar hasta 0.73% del PIB para Costa Rica, 0.41% para Guatemala, y 1.21% para Honduras. Sobre este último particular, aunque no se consideraron dentro de los espacios fiscales calculados, se estima que algunos países de la región, especialmente Costa Rica y El Salvador, pueden avanzar hacia la inclusión en los mecanismos que se establezcan y gestionen para la condonación de los intereses durante el período 2022-2030; además que algunos otros, pueden utilizar las reservas monetarias excedentes que disponen los sistemas monetarios de la región y que podrían ser utilizadas para el pago de deuda externa, sin comprometer la estabilidad interna.
El total de espacios disponibles potenciales que pueden ser utilizados para financiar el aumento del gasto, alcanza 21.1% del PIB para Panamá, 15.4% para Nicaragua, 14.3% para Costa Rica, 13.8% para Guatemala, 13.1% para Honduras, y 12.6% para El Salvador.
