La Procuraduría General de la República anunció la creación de un manual que establecerá procedimientos de despido para evitar el registro de demandas en contra del Estado.
Jurisdicciones de Choluteca y Olancho son las que recepcionan la mayor parte de demandas laborales contra el Estado, afirmó el procurador general de la PGR, Dagoberto Aspra.
Tegucigalpa, Honduras. A 17 días del ingreso de la administración nacionalista Asfura Zablah, el anuncio de prohibir la contratación de personas con demandas activas contra el Estado ha generado un intenso debate sobre si se trata de una medida de protección institucional o de un castigo legal que podría afectar a quienes recurren a la justicia para reivindicar derechos vulnerados.
La propuesta fue anunciada por el procurador general de la República, Dagoberto Aspra, quien, tras la recepción de 500 expedientes de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), informó a los medios de comunicación que se prohibirá a las instituciones gubernamentales la contratación de ciudadanos y ciudadanas que tengan demandas en contra del Estado.
De acuerdo con un especialista en derecho laboral, consultado por Criterio.hn, la medida anunciada por Aspra es arbitraria, puesto que no existen disposiciones legales dentro de la normativa hondureña que inhabiliten a ciudadanos con procesos en contra del Estado por violación a sus derechos.
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UNA MEDIDA IMPROCEDENTE
El procurador general Dagoberto Aspra dio a conocer, el pasado 11 de febrero, que la Procuraduría General de la República (PGR) enviará en los próximos días una circular a las instituciones gubernamentales en la que se les prohibirá realizar contrataciones de personas que posean demandas pendientes en contra del Estado.
Aspra se dirigió a los funcionarios que ocupan cargos de alto nivel en las dependencias estatales y les recalcó que quienes contraten a ciudadanos con procesos judiciales activos, ignorando la recomendación de la PGR, serán sujetos a sanciones.
El profesional del derecho señaló que, tras una reunión sostenida con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, se conoció que las jurisdicciones de Choluteca y Olancho fueron calificadas como de alto riesgo, pues es donde se están registrando el mayor número de demandas, que se tramitan de manera rápida y de manera estratégica por algunos abogados.
Para el abogado y especialista en derecho laboral, Fredín Funes, la nueva administración ha caracterizado su entrada con ataques directos en contra de los derechos laborales, y recalcó que lo que empeora la situación es la medida anunciada por el representante legal del Estado.
El jurista explicó a Criterio.hn que el hecho que una persona demande al Estado de Honduras no lo inhabilita para acceder a otro trabajo dentro del aparato gubernamental, puesto que posee el derecho constitucional a demandar si se le vulnera un derecho.
Funes señaló que la conducta promovida por el procurador podría traer graves consecuencias a Honduras, porque representa un completo acto de discriminación, que violenta el artículo 127 que garantiza el derecho al trabajo y que atenta incluso contra tratados y convenios internacionales que Honduras ha ratificado.
El especialista en derecho laboral afirmó que la medida no tiene sustento normativo ni en la Constitución de la República ni en el Código del Trabajo y que, aunque podría llegar a ampararse en una disposición del presupuesto para buscar su validez, recalcó que esto no está por encima de ninguna de las normativas recién mencionadas.
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ANUNCIAN LA ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE DESPIDOS
Previo a la conferencia de prensa, el procurador general, Dagoberto Aspra, manifestó a medios de comunicación que, previo al cambio de administración, se realizó un embargo de 1,200 millones de lempiras de la cuenta única del Banco Central en concepto de demandas en contra del Estado.
Además, anunció que se embargarán 700 millones de lempiras, ascendiendo a casi 2,000 millones por demandas laborales, un hecho que les genera preocupación, por lo que determinaron realizar la elaboración de un manual de despidos que será enviado a cada una de las instituciones.
Aspra afirmó que desde la PGR, como el ente defensor del Estado, pretende prevenir que los próximos gobiernos se enfrenten a altos índices de demandas laborales que generan iliquidez de las finanzas públicas.
A juicio del abogado Fredín Funes, el manual anunciado por Dagoberto Aspra pretende intimidar a los trabajadores, no obstante, remarcó que un manual no puede estar por encima de la Constitución ni de sus leyes.
Sobre la “avalancha de demandas” mencionadas por Aspra, el jurista señaló que si se producen es por la gran cantidad de despidos en las instituciones y subrayó que como no hay una deducción de responsabilidad para los funcionarios que despiden sin procedimiento, que lógicamente se convierten en demandas para el Estado
“El procurador general de la República está empañando de entrada el gobierno nacionalista o mejor dicho, le está poniendo la cara de un gobierno que ataca los derechos laborales y que no los protege, y eso es a lo que podríamos estarnos enfrentando durante los próximos cuatro años”, declaró.
