Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.-Uno de los delitos achacados a los opositores políticos durante la década de los 80, por increíble que parezca, incluía la tenencia de libros, especialmente aquellos con contenidos marxistas.
Durante la “década perdida” tener un libro podía significar cuando menos ser torturado de la manera más salvaje por militares, que a menudo convertían libros en evidencias, como si se tratase de armas de destrucción masiva.
Cuenta un periodista que vivió para contarlo, que “a los detenidos y desaparecidos le allanaban las sus casas” –generalmente en la oscuridad de la noche- y lo primero que le decomisaban eran libros, los que calificaban como material subversivo.
Durante esa época oscura, en las cacerías de estudiantes y líderes sociales, registraban viviendas y vehículos, en busca de cualquier indicio que les permitiera justificar los secuestros, las torturaras y finalmente la anulación intelectual o la eliminación total de la persona humana.
Según el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras COFADEH, “Los jóvenes fueron las primeras víctimas del abuso de autoridad y de poder”, y una prueba es que 182 fueron desaparecidos.
En aquellos días, tener un libro pudo significar la muerte y los vejámenes más oprobiosos en contra de cualquier ser humano que uno se pueda imaginar, peor que los ocurridos durante la edad media si consideramos que eran las postrimerías del siglo 20.
En aquel momento, por el solo hecho de pensar diferente al estatus quo, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), fue escenario de persecución, tortura y desaparición forzada de estudiantes y sindicalistas.
“Eduardo Becerra Lanza, Ángel Manfredo Velásquez, Felix Martínez, Reinaldo Díaz y Roberto Fino”, son evidencia de la irrefutable persecución montada en contra de los estudiantes universitarios, cuyo único delito fue luchar por un mejor país.
Treinta y cinco años después, el Estado se vale y se sirve de diferentes mecanismos pero de iguales artimañas, acompañado de nuevos artilugios legales, para anular o eliminar a sus opositores, con métodos más refinados. Ahora los nuevos represores utilizan el derecho como mecanismo de represión.
Tres décadas después de la desaparición física de estudiantes universitarios, la Universidad Nacional es utilizada una vez más como prueba de ensayo, para probar nuevas formas de represión en contra del pueblo.
En la sociedad de nuestro tiempo, quienes piensan diferente son eliminados mediante la descalificación en cualquiera de sus formas, primero a través de los medios de comunicación masiva y si falla la estrategia recurren al uso del derecho penal para criminalizar a los que reclaman derechos humanos.
En el caso de las actuales autoridades universitarias, en su afán de descalificación llegan al extremo de exhibir de manera pública información privada de decenas de estudiantes, cuyos datos personales le interesan única y exclusivamente a los afectados, puesto que se trata de información confidencial que debe ser protegida por el Estado.
Es evidente que al fallar la primera estrategia de descalificación de los estudiantes, las autoridades de la UNAH han recurrido al uso de la justicia penal en contra de quienes consideran no sus alumnos, sino criminales a los que hay que perseguir y que seguramente les gustaría ver tras las rejas, tal como lo han solicitado en los tribunales de justicia, a través de acusaciones penales sin pies ni cabeza, que tienen efecto inmediato, por la corrupción que impera en el Ministerio Público y en el Poder Judicial que se prestan al juego de quienes tienen el poder en la máxima casa de estudios.
En esa dinámica de criminalización y eliminación, cuatro estudiantes fueron acusados en la ciudad universitaria de Tegucigalpa; 12 en la UNAH-Valle de Sula, en la ciudad de San Pedro Sula y seis en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico CURLA, en la ciudad de la Ceiba, quienes tienen medidas sustitutivas de prisión como si se tratase de criminales.
Desconocen las autoridades que el derecho a la protesta pacífica, está garantizado no solo por nuestra Constitución violada tantas veces, sino también por instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 21 precisa: «Se reconoce el derecho de reunión pacífica», por tanto el derecho a la protesta pacífica debe ser tutelado y no criminalizado.
Es histórico que sea la Universidad la que recurra a la criminalización de la protesta pacífica y a la “utilización del derecho penal del enemigo”, y a una serie de artilugios legales para evadir cualquier posibilidad de resolver de forma democrática y civilizada, las demandas que tiene un amplio sector de las y los estudiantes, cuyo único delito es demandar y exigir el cumplimiento de derechos.
Si cada vez que el pueblo reclama, el gobierno va responder con el garrote como ocurre a lo interno de la UNAH, vale la pena preguntarse qué clase de democracia es la que tenemos y qué clase de autoridades son las que gobiernan.
Pareciera que dentro de la Universidad es prohibido pensar, es prohibido reclamar derecho, ya que quienes se atreven, son perseguidos sin ninguna consideración humana, de un lugar donde desde afuera se tiene la idea que las y los ciudadanos se humanizan más, se promueve y se respeta la convivencia pacífica con respeto a la diversidad de ideas, pensamientos y posiciones políticas e ideológicas y se promueve el respeto a los derechos humanos.
Las actuales autoridades de la UNAH han convertido la actual administración en una dictadura donde nadie se atreve siquiera a levantar la voz y expresar de manera libre sus ideas, por temor a las represalias de las más altas autoridades, donde el miedo a ser vejado en sus derechos es la principal característica.
Información que ha llegado a nuestras manos, nos confirma que han llegado a extremos tan retrógrados de investigar políticamente a cada persona que contrata la Universidad.
No se puede acusar de usurpación de lo que le pertenece a los trabajadores y a los estudiantes, aprovechándose de la falta de formación académica y política de los jueces y de la inexistente formación en derechos humanos en las aulas universitarias.
Con las actuales autoridades, queda comprobado lo que dijo el historiador inglés John Emerich Edward Dalkberg Acton, que “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”, y como dice el exrector de la UNAH y defensor de los derechos humanos, Juan Almendarez Bonilla: “Esta universidad está pintada de silencio”.
Aun con todo lo anterior, todavía creo que están a tiempo de revertir la privatización y la persecución estudiantil.
