El mensaje publicado por el procurador Dagoberto Aspra en redes sociales, defendiendo la inadmisibilidad inicial del requerimiento fiscal contra el presidente Nasry Asfura, reavivó el debate sobre su rol como funcionario público y abogado del mandatario.
La acusación presentada por la Uferco contra Asfura y otros exfuncionarios municipales por lavado de activos y malversación de fondos sigue a la espera para la audiencia inicial en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Tegucigalpa, Honduras. – La continuidad de Dagoberto Aspra Iglesias, actual procurador general de la República, como abogado defensor del presidente Nasry Juan Asfura Zablah en el proceso judicial por el supuesto desvío de más de 28 millones de lempiras de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ha reavivado cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés.
El debate surge porque Aspra Iglesias encabeza la Procuraduría General de la República (PGR), institución encargada de la representación legal del Estado hondureño, publicó un mensaje en su cuenta de X –antes Twitter— acompañado de una auditoría financiera del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre los fondos manejados por Asfura –afirmando— que por ello el requerimiento fiscal fue declarado inadmisible, la cual concluyó sin establecer responsabilidades penales contra Asfura.
El funcionario reiteró que en su momento el requerimiento fiscal había sido declarado inadmisible, aunque posteriormente la Uferco reabrió el caso y presentó nuevas acusaciones contra el hoy presidente y otros exfuncionarios.
Criterio.hn intento comunicarse con el procurador para consultarle si él continua al frente de la defensa de Asfura, otros imputados en casos de corrupción y de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López Aguilar. Pero hasta el cierre de la nota no hemos obtenido respuesta.
Desde distintos sectores se plantea si resulta compatible ejercer ese cargo mientras continúa representando legalmente al jefe del Poder Ejecutivo en un caso penal relacionado con presuntos actos de corrupción.
Retomando el mensaje de Aspra Iglesias en sus redes sociales, este surgió por una declaración del exjefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, quien cuestionó la falta de avances procesales en el expediente contra el mandatario.
Durante una entrevista brindada a un medio digital el fiscal declaró que, hasta ahora, el juez natural de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no ha fijado la fecha para la audiencia inicial del proceso que se sigue contra Asfura Zablah.
Esta versión fue confirmada a Criterio.hn el pasado 10 de noviembre de 2025, cuando se le consultó a Santos sobre los avances en la causa instruida contra Asfura, que en ese entonces era candidato a la presidencia de la República.
Santos recordó que el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal con elementos suficientes para que el caso avanzara a juicio, pero señaló que el proceso permanece sin avances. “Pregúntese usted si se ha celebrado la audiencia inicial. El expediente está en la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué no se ha señalado?”, expresó el exfiscal en declaraciones a medios de comunicación.
Agregó que, a su juicio, la falta de programación de la audiencia forma parte de una tendencia en la que algunos casos de corrupción “no caminan o no avanzan”, lo que genera dudas sobre el interés institucional para que estos procesos lleguen a un juicio oral y público.
Santos también aclaró que, en términos legales, el presidente de la República puede ser citado por un magistrado en el marco de un proceso judicial. Según explicó, en Honduras la inmunidad fue eliminada hace años, aunque subsisten procedimientos especiales para determinados funcionarios.
En ese sentido, indicó que el presidente no puede ser juzgado por un juez de letras común, sino por un magistrado de la CSJ, lo que implica que el expediente pase a conocimiento de un juez natural designado por el máximo tribunal de justicia.
El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia luego que un juzgado de primera instancia determinara que debía ser conocido por ese órgano, debido a que una de las personas incluidas –Nilvia Ethel Castillo— en el requerimiento fiscal había sido electa como diputada al Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Tras recibir el expediente, el máximo tribunal debía fijar fecha, hora y día para la audiencia inicial, etapa procesal que, según Luis Javier Santos, sigue pendiente.
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¿DE QUÉ SE ACUSA A NASRY ASFURA?
El proceso se originó en octubre de 2024, cuando la Uferco acusó a Asfura y a varios exfuncionarios municipales de integrar, entre 2017 y 2018, una presunta red de lavado de activos mediante la cual se habrían desviado más de 28 millones de lempiras de fondos de la alcaldía capitalina.
De acuerdo, a las investigaciones del Ministerio Público, los recursos habrían sido trasladados desde cuentas institucionales hacia cuentas personales de los imputados y de terceros vinculados al esquema.
La acusación también sostiene que parte del dinero habría sido utilizado para financiar campañas políticas, cubrir gastos no oficiales de la municipalidad y pagar consumos personales, incluyendo tarjetas de crédito del actual mandatario y de sus hijas, así como compras de carácter privado.
En la causa también fueron acusados varios exfuncionarios municipales y particulares, señalados por los delitos de lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documentos falsos y violación de los deberes de los funcionarios.
Durante la audiencia de declaración de imputado celebrada el 21 de octubre de 2024 en el Juzgado de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de Tegucigalpa, Asfura quedó sujeto a medidas sustitutivas a la prisión, entre ellas el pago de una fianza de 15 millones de lempiras.
Sin embargo, el 4 de diciembre de 2024 la Corte de Apelaciones en Materia de Criminalidad Organizada revocó esas medidas cautelares y ordenó remitir el expediente a la CSJ, lo que implicó devolver la fianza y reiniciar el proceso desde la etapa inicial.
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POSIBLE CONLFICTO DE INTERES
Mientras el expediente permanece en espera de que se programe la audiencia inicial, el papel de Aspra como defensor del mandatario y al mismo tiempo como procurador general ha despertado cuestionamientos sobre la ética pública. El debate sobre un posible conflicto de interés también ha sido abordado por especialistas en derechos humanos y ética pública.
Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), dijo en una entrevista brindad a Criterio.hn en febrero de 2026, que el nombramiento de Aspra como procurador general mientras mantiene vínculos de defensa con el mandatario representa, al menos, un conflicto ético.
Acevedo sostuvo que la discusión no sólo debe centrarse en la legalidad formal, sino en los estándares de integridad que deberían regir el ejercicio de la función pública.
El caso contra el presidente hondureño, mientras tanto, permanece a la espera de la programación de la audiencia inicial, un paso clave para definir si el proceso avanzará hacia un juicio oral y público.
