Un proceso judicial en Honduras podría evitar la extradición de una persona, según abogados penalistas consultados por Criterio.hn, ya que el autoacordado establece que cualquier persona solicitada debe responder primero ante la justicia hondureña si tiene un expediente pendiente.
Tegucigalpa, Honduras. El fiscal general de la República, Joel Zelaya, afirmó que las investigaciones y procesos relacionados con el narcotráfico se llevarán a cabo sin importar el parentesco de los involucrados con la familia presidencial.
Esta declaración la hizo ayer, en respuesta a preguntas de periodistas sobre un video que salió a la luz esta semana, en el que se escucha al cuñado de la presidenta Xiomara Castro y exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, pactando sobornos con narcotraficantes.
Zelaya subrayó que las investigaciones se realizarán sin sesgo político y, como prueba de ello, ya se ha solicitado dicho video para tomar las medidas correspondientes tras una investigación.
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¿EVITAR EXTRADICIÓN Ó APLICAR JUSTICIA HONDUREÑA?
La incertidumbre sobre si iniciar un proceso en Honduras contra miembros de la familia presidencial es para evitar una posible extradición a Estados Unidos, en los seis meses que quedan de vigencia del tratado, surge por varias razones.
Debido a que previamente a la difusión del narco video, el gobierno de Honduras, a través de la presidenta Xiomara Castro, ordenó apresuradamente la denuncia del tratado de extradición, vigente entre ambas naciones desde 1912. Herramienta con la que ya ha extraditado 65 hondureños a la nación norteamericana.
Pese a que el gobierno argumentó que la acción respondía a un tema de no permitir injerencia, está despertó sospechas de un posible encubrimiento, dudas que se intensificaron ya que días después de la cancelación de tratado, el video que revela los vínculos directos de su cuñado con narcotraficantes, salió a la luz.
Actualmente, no se descarta que la apertura de un juicio en Honduras, de esta forma evitará la extradición a Estados Unidos de figuras como Carlos Zelaya y otros, durante los seis meses restantes de vigencia del tratado de extradición, si se llegaran a demostrar vínculos directos con el narcotráfico.
“Es una de las posibilidades, ya que la construcción de escenarios aún no ha concluido (…). Habrá que observar las estrategias que se desarrollen para mejorar la imagen del gobierno y de su partido político, especialmente con las elecciones en el horizonte”, afirmó a Criterio.hn Melissa Elvir, directora de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh).
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EL PROCESO EN HONDURAS SÍ IMPEDIRÍA EXTRADICIÓN PARCIALMENTE
Un proceso en Honduras sí podría evitar la extradición de una persona, explicó Marlón Duarte, abogado penalista a Criterio.hn. Señaló que el autoacordado establece que cualquier persona solicitada debe responder primero ante la justicia hondureña si tiene un expediente pendiente en el país.
Según Duarte, este documento es ambiguo en su redacción, ya que al referirse a un “expediente judicial” no se especificaba la materia, lo que abría la posibilidad de diversas interpretaciones.
En otras palabras, “cualquier asunto que estuviera en manos del Poder Judicial podría ser considerado un impedimento para que la persona solicitada fuera procesada en otro lugar”.
EXCEPCIÓN AL CASO
De su lado, el abogado penalista Kenneth Madrid amplió a Criterio.hn que una persona con un proceso en Honduras puede ser extraditada, pero a través de una extradición diferida. Esto significa que debe completar primero todos los procedimientos judiciales en el país antes de ser entregada a las autoridades extranjeras, tal como ocurrió con el exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina.
Madrid explicó que la pena por los delitos a pagar debe ser diferente de aquella por la cual la persona ya ha sido juzgada; de lo contrario, se podría incurrir en doble juzgamiento.
Aclaró que la extradición diferida sólo es posible si la persona tiene otros expedientes en Honduras que no estén relacionados, por ejemplo, con el narcotráfico. En ese caso, cumpliría primero su condena en el país, y solo entonces podría ser extraditada a Estados Unidos.
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¿VERDADERA IMPARCIAL?
El gobierno de Honduras afirmó tener una intención genuina de aplicar justicia en el país; sin embargo, esta parece estar sesgada.
Lo anterior debido a que en la reciente cadena televisiva, se presentó una lista de 33 personas, incluyendo políticos y exfuncionarios, que según informes de Estados Unidos, tenían vínculos con el narcotráfico.
Lo sorprendente fue que en la lista no figuró ningún miembro del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), ni siquiera Carlos Zelaya, quien apareció en el video que desencadenó la divulgación de la lista.
A juicio del abogado Joaquín Mejía es incoherente que la presidenta presente una lista de personas vinculadas al narcotráfico, e insista en que sean juzgadas por la justicia hondureña, pese a que tanto el sistema judicial como las fuerzas de seguridad hondureñas han sido infiltradas por el narcotráfico.
Por otro lado, en la cadena nacional, brindada esta semana la mandataria evitó referirse específicamente a su cuñado y sólo afirmó: “Condenamos todo tipo de negociación entre narcos y políticos.”y, en una invención hoy sobre el tema aseveró que la acciones de Carlos Zelaya, fueron “a nuestras espaldas”, desligándose así de cualquier responsabilidad.
De igual forma, su esposo y asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales,se distanció de las acciones de su hermano Carlos Zelaya, afirmando en una publicación en X: “Tampoco puedo responder por la conducta abominable de otra persona, aunque sea familiar.”
