Tegucigalpa, Honduras.- Con 22 abogados aspirantes para los cargos de fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público (MP), la Junta Proponente inició este miércoles 5 de julio, el proceso de tachas y denuncias, en el que se dejará fuera a los postulantes que (posiblemente) obedezcan a intereses políticos y hayan cometido actos reñidos con la ley.
Esta fase, que es la segunda del procedimiento de acuerdo con el cronograma establecido por los integrantes de la Junta Proponente, encabezada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Receba Lizette Ráquel Obando, termina el próximo lunes 10 de julio, en la que la población tendrá el derecho constitucional de jugar un papel importante para denunciar actos ilegales cometidos por los postulantes.
El método legal para que los proponentes acepten una tacha por parte de la población es, en primera instancia, descargar el formulario que se encuentra en el Portal Único de Transparencia; después agregar el nombre y motivo por el que está estableciendo la denuncia, debidamente respaldada documentalmente contra el aspirante y, finalmente, llevarla entre el 5 y 10 de julio, hasta la Escuela Judicial de la CSJ, situada en la capital.
Para el rector de la Universidad José Cecilio del Valle (UJCV), Julio Raudales, portavoz de la Junta Proponente, esta, probablemente, es una de las etapas más cruciales del proceso, debido a que sacarán del juego a los profesionales del derecho que, por ejemplo, aspiren a los altos cargos por obedecer intereses de la clase política.
“La población jugará un papel importante, para que la denuncia sea aceptada, deben hacer como ya lo hemos planteado: Mediante este proceso se sacarán a los postulantes que, por medio de las tachas, se demuestre que no cuentan con intenciones verdaderas de hacer un buen trabajo en la fiscalía”, detalló.
Aunque desde la Junta Proponente prometen un trabajo transparente y apegado a la norma, el pasado viernes 30 de junio, en la sexta reunión de los integrantes, celebrada en la Escuela Judicial, 3 de los 7 proponentes, votaron a favor para aceptar la postulación, fuera del tiempo establecido, del actual viceministro de Seguridad, Hugo Adalberto Suazo Ortiz.
Eso sólo hubiera marcado un precedente negativo y, desde el principio, manchado el trabajo que están haciendo los proponentes. La presidenta de esa instancia, Rebeca Ráquel Obando, el magistrado Wagner Vallecillo y Alejandro Hernández, representante del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), fueron quienes votaron a favor de aceptar la indebida postulación de Hugo Suazo.
Argumentando ilegalidad y que hubiera roto el orden de cronograma de postulaciones establecido, Julio Raudales, Odir Fernández, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Balanza Izaguirre, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y José Ramón Ávila, representante de sociedad civil, votaron en contra de ese acto, que, según dicen, fue por injerencia política.
Lo paradójico del caso es que, Wagner Vallecillo, Ráquel Obando y Alejandro Hernández, en la siguiente reunión de la Junta Proponente, votaron a favor para sacar del juego a la abogada Karen Alicia Motiño, de afinidad nacionalista, argumentando que algo está mal con sus exámenes médicos, algo que, de acuerdo a la norma, se puede impugnar.
Estos antecedentes, evidenciados por la población hondureña, sólo reflejan que la injerencia política del oficialismo y de los otros partidos mayoritarios, que buscarán a toda costa colocar a un abogado que responda a intereses políticos, está presente entre los integrantes de la Junta Proponente.
El 25 de junio, cuando cerró el proceso de convocatoria, llegaron 26 abogados a postularse. De ese número ya inhabilitaron a tres, y uno renunció: Karen Motiño, Sobeyda Andino, Óscar Arnaldo Alvarado García y Lesly Sarahí Cerna, quien desistió de su postulación argumentando que estaba atravesando problemas personales.
A la abogada Lesly Sarahí Cerna, en esta segunda fase de tachas y denuncias, la Junta Proponente la tenía que inhabilitar porque no cumple con el requisito de tener al menos 10 años de experiencia ejerciendo la materia penal, dato que Criterio.hn sacó a la luz días atrás de su renuncia.
Otro factor que tenía en contra la abogada Cerna, para continuar en este proceso de selección es que actualmente es la titular de la Secretaría de Trabajo, cargo que asumió desde el 27 de enero de 2022, día que Xiomara Castro fue juramentada como presidenta de Honduras.
En la investigación que se hizo sobre Cerna, además, se encontró que es muy cercana a la familia Zelaya Rosales y militante del partido Libertad y Refundación (Libre), hasta se rumoró que era la ungida para fiscal adjunto del oficialismo.
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EL SIGUIENTE PASO DEL PROCESO
Después de pasar la fase de tachas y denuncias, los abogados, que logren pasar, serán evaluados con base en su experiencia como operadores de justicia, principalmente en la materia procesal y penal y, dependiendo de los resultados, se les dará una calificación de 1 a 100 puntos, para luego seleccionar a los mejores cinco, nómina que el 21 de julio la Junta presentará ante el Congreso Nacional.
En esta nómina que seleccione la Junta, tendrán que incluir dos mujeres y tres hombres, según lo establece la norma de la Junta Proponente, para que los diputados, en una elección de segundo grado, con la mayoría calificada de votos (86), elija a las dos nuevas figuras del Ministerio Público, que actualmente ocupan Óscar Fernando Chinchilla (fiscal general) y Daniel Sibrián (fiscal adjunto), que dejarán sus puestos el próximo 31 de agosto, para que los nuevo entren a más tardar en funciones el 1 de septiembre.
Sobre Oscar Chinchilla pesan señalamientos como: ser unos de los brazos fuertes del expresidente Juan Orlando Hernández, a quien nunca le abrió ningún proceso de investigación y porque no se pronunció por la crisis que se vivió este 2023 en el MP, en el que los empleados llegaron al extremo de no recoger cadáveres en el país, por pedir un reajuste salarial, entre otros señalamientos de incompetencia en su cargo.
