Organizaciones trans denuncian la falta de claridad en el procedimiento para el cambio de nombre en el DNI, medida de reparación ordenada por la Corte-IDH, y advierten que podría estar siendo utilizada para desviar la atención de la controvertida construcción de mega cárceles en Honduras
Tegucigalpa, Honduras. – En las últimas horas trascendió que el Registro Nacional de las Personas (RNP) había confirmado que las personas trans en Honduras podrían cambiar su nombre en el Documento Nacional de Identificación (DNI). Es decir, el cumplimiento del Estado de Honduras al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, las organizaciones de personas trans denunciaron que el procedimiento se ha manejado bajo hermetismo pese a que dicho reconocimiento es una de las medidas de reparación que implementó la Corte-IDH luego del fallo en la sentencia Vicky Hernández y otras vrs Honduras.
Aunque el Estado de Honduras ha confirmado el cumplimiento de una de las medidas de reparación, Rihanna Ferrera, directora de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, dijo a Criterio.hn que este anuncio y el manejo mediático que se le ha dado –generando más estigmatización para este sector de la población—, es preocupante debido a la falta de claridad en el procedimiento a seguir, dos años después de la sentencia. «No sabemos si esto lo están utilizando como cortina de humo para otros temas», señaló Ferrera.
En ese sentido, la defensora de derechos humanos, subraya la importancia de mantenerse vigilantes sobre otros asuntos críticos para el país, como la construcción de mega cárceles –una en las Islas del Cisne y otra entre los departamentos de Gracias a Dios y Olancho—, así como la creciente militarización, la cual considera ilegal.
SIN UN PROTOCOLO CLARO
La Corte-IDH declaró al Estado de Honduras responsable por la muerte violenta de Vicky Hernández, una mujer trans y activista, ocurrida en 2009 durante el golpe de Estado. Este fallo no sólo reconoció la violación de derechos humanos, sino que también estableció que la muerte de Hernández fue un crimen de odio motivado por su identidad de género.
Este reconocimiento ha sido crucial para visibilizar la violencia sistemática que enfrenta la comunidad trans en Honduras y ha servido como un llamado a la acción para el gobierno y la sociedad civil.
Sin embargo, la falta de un protocolo claro y transparente preocupa a las organizaciones de derechos humanos de personas LGBTIQA+, que temen que estos anuncios puedan desviar la atención de otros problemas urgentes que enfrenta el país.
Oscar Rivera, comisionado del RNP, reafirmó que el cambio de nombre en la tarjeta de identidad es parte de la sentencia, además indicó que en este momento están trabajando con la Corte suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República y organismos de derechos humanos informó que el procedimiento. “Ese proceso está a la puerta de poderse implementar”, expresó sin dar mayores detalles.
Pese, a ello y debido al hermetismo que se ha manejado, la noticia de cambio de nombre, ha generado interrogantes sobre su implementación. «Es raro que de la noche a la mañana empiecen a mencionar estos cambios y que se van a generar”, cuestionó Rihanna Ferrera.
En ese sentido, enfatizó que, como organizaciones de defensa de derechos humanos, es crucial continuar monitoreando la situación y exigir al gobierno que cumpla con las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos y que implemente la Ley de Identidad de Género, para asegurar que las medidas de reparación realmente beneficien a las víctimas y no sean utilizadas como distractores políticos.
Sin esta ley, la comunidad trans continúa enfrentando serias dificultades para obtener un reconocimiento legal de su identidad, lo que las expone a situaciones de violencia y discriminación
RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GENERO NO ES PROMESA DE LIBRE
La sentencia Vicky Hernández y otras vs. Honduras ha sido un hito en el reconocimiento de los derechos de las personas trans en el país, pero su impacto ha sido limitado por la falta de acción del gobierno. La comunidad trans sigue enfrentando altos niveles de violencia y discriminación, lo que subraya la necesidad urgente de que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales y garantice un entorno seguro y justo para todas las personas, independientemente de su identidad de género.
Sin embargo, la oposición conservadora del país, atribuye la implementación del cambio de nombre al Partido Libre, minimizando la sentencia de la Corte IDH u olvidando la responsabilidad del Estado de Honduras en los crímenes de odio.
Para el caso, Tomas Zambrano, diputado y jefe de la bancada del Partido Nacional, señaló que, “el gobierno de libre está presionando al RNP para que se pueda realizar el cambio de nombre”.
La sentencia de la Corte-IDH, incluyó varias medidas de reparación, como la adopción de un procedimiento para que las personas puedan adecuar sus datos de identidad en documentos oficiales de acuerdo a su identidad de género auto-percibida como parte de las garantías de no repetición dictadas por la Corte internacional.
Además, se ordenó al Estado de Honduras la creación de un protocolo para la investigación de crímenes motivados por prejuicio. Sin embargo, hasta la fecha, estas medidas no se han implementado de manera efectiva.
A pesar del reconocimiento internacional y las medidas ordenadas por la Corte IDH, la situación de las personas trans en Honduras sigue siendo crítica. Datos del Observatorio de Violencia hacia las Personas LGBTIQ+ de Honduras, KAI+, señalan que de 2004 a marzo de 2024 se han registrado 525 muertes violentas de personas LGBTIQ+. De estas, el 95% permanece en la impunidad, reflejando una alarmante falta de justicia y protección para esta población históricamente estigmatizada y violentada.
