Liderazgos comunitarios advierten que la resolución se suma a una larga historia de decisiones que favorecen a grupos económicos vinculados a proyectos mineros en el Parque Nacional Carlos Escaleras, mientras la contaminación y los daños ambientales continúan sin que el Estado implemente la restauración ordenada por el decreto 180-2024.
Tegucigalpa, Honduras. – La decisión del juez de suspender la orden de captura y las alertas migratoria e internacional contra el empresario Lenir Pérez, socio propietario del Grupo Emco, sin imponerle ninguna garantía, ha sido calificada por la acusación privada como un privilegio judicial que contradice el principio de igualdad ante la ley.
“Estamos ante una audiencia donde el imputado ha condicionado a un tribunal de justicia, quien había emitido una orden de captura y una alerta migratoria de manera correcta, fundamentada en derecho, y ahora no hay ningún fundamento de derecho por las cuales este tribunal la suspenda”, advirtió la abogada Kenia Oliva, representante legal de las víctimas.
Lo que más preocupa a la acusación privada es que, al suspender la orden de captura, el tribunal queda sin ninguna garantía de que el empresario vendrá a Honduras directamente desde Estados Unidos. “Es de público conocimiento que él tiene empresas y negocios en otros países y que el juez no tiene garantía que va a venir a Honduras y se va a presentar. Lo vemos peligroso, temerario para el sistema de justicia”, afirmó Oliva, quien considera que el sistema podría ser “burlado nuevamente” por el imputado si no comparece.
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PRIVILEGIOS JUDICIALES Y DEFENSA DEL TERRITORIO
La decisión de suspender la orden de captura y las alertas migratorias e internacional a favor del empresario Lenir Pérez ha sido interpretada por las comunidades de Tocoa como una confirmación de la justicia selectiva a favor del poder económico.
Para liderazgos comunitarios, el fallo se inscribe en una larga cadena de decisiones que han permitido la expansión de proyectos extractivos en detrimento de los bienes comunes y de la vida de las comunidades.
Juana Esquivel, del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, calificó la resolución como un “privilegio judicial” prohibido por la Constitución y recordó que las órdenes de captura contra Pérez fueron emitidas tras el asesinato del defensor Juan López.
“Se ve que sigue habiendo justicia privilegiada para los que representan el poder económico en este país, especialmente para Lenir Pérez”, cuestionó Juana Esquivel, señalando que el empresario ha figurado como representante legal de una docena de empresas mineras señaladas de generar violencia y conflictividad en el municipio.
Esquivel advirtió que este tipo de decisiones envía un mensaje desalentador a las comunidades que defienden los bienes comunes en un contexto de cambio político con la llegada del partido Nacional al poder y posible fortalecimiento de sectores ligados al empresario.
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DEUDA AMBIENTAL DEL ESTADO
Desde las comunidades, la respuesta ante este escenario ha sido reafirmar la organización y la resistencia territorial frente a un sistema que, denuncian, no garantiza justicia ni reparación. Para las y los defensores, las resoluciones judiciales favorables a empresarios cuestionados, sumadas a la inacción de las instituciones ambientales, envían el mensaje de que los derechos de las comunidades y de la naturaleza están subordinados a los intereses económicos.
Limbor Velásquez, miembro del Comité Municipal, señaló que la lucha implica “una carrera de resistencia” y que las comunidades deben prepararse para un “largo recorrido” frente a un contexto político que podría agravar la impunidad ambiental.
Velásquez recordó que el Congreso Nacional ordenó en 2024, mediante el decreto 180-2024, la restauración del Parque Nacional Carlos Escaleras, pero hasta ahora ninguna institución ha implementado medidas efectivas, mientras la contaminación por metales pesados sigue llegando al río San Pedro y afectando silenciosamente a la población.
Bajo este panorama, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa sostiene que la estrategia de Lenir Pérez al pedir que se le retiren la orden de captura y la alerta migratoria por delitos vinculados a la explotación ilegal de recursos naturales y daños ambientales en Tocoa, Colón, parte de la premisa de que “la justicia tiene precio” y que su poder económico le garantiza privilegios al margen de la gravedad de los hechos señalados.
De acuerdo con el Comité, a través de Inversiones Los Pinares y Ecotek, Pérez habría operado bajo fraude, corrupción y abuso, destruyendo la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, contaminando los ríos Guapinol y San Pedro, desplazando pobladores, criminalizando y encarcelando defensores, y utilizando instituciones del Estado para perseguir y someter a torturas físicas y psicológicas a quienes defienden el territorio, por lo que exigen que sea llevado a juicio y que no se sigan otorgando privilegios ni impunidad frente a los crímenes ambientales y las víctimas de la violencia en la región.
